Francia lleva dos meses en ebullición a causa de la polémica reforma de las pensiones, aprobada por el Gobierno este 16 de marzo por decreto ante la imposibilidad de conseguir los apoyos necesarios en la Asamblea Nacional. El Gobierno de Emmanuel Macron presentó el pasado 10 de enero su proyecto de ley para aumentar de los 62 a los 64 años la edad mínima para jubilarse (con 43 años cotizados para recibir una pensión completa). El conjunto de los sindicatos —desde la moderada CFDT hasta la combativa CGT— se oponen a esta medida, así como buena parte de la oposición política. Desde el anuncio, las centrales ya han convocado ocho jornadas de protesta y no aflojan en este pulso social en un país acostumbrado a las movilizaciones multitudinarias (1995, 2010 o 2019) ante cualquier intento de recorte del sistema de jubilación galo, que convirtió a Francia en uno de los países europeos con un menor porcentaje de gente mayor pobre. Este jueves, hay prevista nuevas manifestaciones en municipios y capitales de todo el hexágono.