Biden endurece la política de asilo en un giro de ecos trumpistas

Cuando era candidato presidencial, Joe Biden denunció que con sus draconianas medidas contra la inmigración y el asilo el entonces presidente Donald Trump estaba librando "un implacable ataque a los valores e historia como nación de inmigrantes" de Estados Unidos. Entonces recordó también que quienes llegan buscando asilo "deberían tener oportunidad de poder plantear su caso". Prometió además volver a una política migratoria "más humana". Todo eso se lo ha llevado el viento, o el tiempo y quizá los cálculos electorales y esta semana el Gobierno del presidente demócrata anunció una medida que, rompiendo con décadas de precedente, restringirá de forma extrema la capacidad de pedir asilo en EEUU. La regulación, la más dura en el terreno migratorio hasta ahora de Biden, replica un paso que ya intentó dar Trump, al que en aquel caso frenaron los tribunales. Pocas excepciones Según la normativa, que presentaron el pasado martes los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional, no podrá pedir asilo en EEUU tras cruzar sin papeles la frontera desde México ningún migrante que no haya solicitado asilo antes en el país o países que haya transitado antes de llegar a esa frontera, solicitudes que deben haber sido denegadas. Salvo los mexicanos, todos los migrantes que entran por tierra pasan por un país que no es EEUU antes de llegar allí. Tampoco se permitirá acceder a EEUU a quienes solicitan asilo (algo que se suele hacer mientras esperan la resolución de sus casos) si antes de llegar a un punto oficial de entrada para realizar la solicitud no han solicitado una cita previa en una aplicación de móvil. Esa app, CBP One, se puso ya operativa en enero y su funcionamiento ha estado plagado de problemas, tanto por sobrecarga de demanda como por fallos técnicos. Aunque habrá excepciones, como los menores que lleguen solos, personas con una emergencia médica y quienes enfrenten una "amenaza inminente o extrema" de crímenes violentos u otras "circunstancias extremadamente convincentes", en la práctica cerrará las puertas a decenas de miles de personas. Argumentos y críticas La regulación esta abierta a un mes de comentarios públicos. Entrará en vigor en mayo, e inicialmente se aplicará por dos años. Y el momento elegido no es casual: el 11 de mayo EEUU va a declarar el fin de la emergencia provocada por la pandemia, y a partir de ese momento la Administración no podrá seguir aplicando una regulación, que empezó a usar Trump, por la que se expulsaba a migrantes bajo el argumento de la supuesta emergencia médica. El temor de la Administración es que a partir de ese momento se dispararán los cruces de la frontera, algo que la normativa dice querer frenar. Y en una llamada con la prensa, cargos del Gobierno trataron de justificar que la medida no era "ni la primera ni la segunda opción". Vinieron a decir que se adopta "por necesidad", destacando también su "temporalidad", y rechazaron las comparaciones con Trump, además de recordar que es responsabilidad del Congreso, con la Cámara Baja actualmente en control republicano, reformar las leyes de inmigración. Esas argumentaciones no han evitado un aluvión de críticas, tanto desde dentro del propio Partido Demócrata como desde grupos de activistas por derechos de los inmigrantes hasta por parte de republicanos, que aseguran que es solo una maniobra electoralista de Biden. La Unión Americana de Libertades Civiles, que consiguió frenar la iniciativa similar de Trump en los tribunales, ya ha anunciado que denunciará esta y Anu Joshi, la subdirectora del departamento encargado de políticas nacionales en el grupo, ha criticado en un comunicado que "este veto al asilo es, en su núcleo, el veto al asilo de Trump con un nombre diferente". "Sufrimiento innecesario" Mientras, la directora del National Justice Immigration Center, Mary Meg McCarthy, ha asegurado que la regla "viola las obligaciones de EEUU bajo el derecho humanitario nacional e internacional, que garantiza acceso a protección para la gente que huye de persecución", y apuntó concretamente a legislación federal estadounidense que establece que el derecho a pedir asilo no depende del estatus de una persona o de la manera en que entra a EEUU. "Una y otra vez el presidente Biden ha roto sus promesas de campaña de acabar con las restricciones a los buscadores de asilo que pasan por otros países", lamentó en otro comunicado Marisa Limón Garza, directora del Centro de Apoyo al Inmigrante Las Américas, identificando la regulación como "aceptación flagrante de políticas detestables e ilegales que llevarán a sufrimiento humano innecesario".

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