Francia pondrá a prueba el racismo que persiste en las empresas

Medir las discriminaciones racistas en la contratación de personal o el trato a los asalariados. El Gobierno francés llevará a cabo una política de testeo “generalizado” para comprobar si en las empresas privadas o públicas permanecen los prejuicios xenófobos como uno de los criterios en los procesos de selección. Es una de las principales medidas anunciadas este lunes por la primera ministra Élisabeth Borne, en la presentación de un plan más general contra la lacra del racismo. Compuesto por unas 80 propuestas, abarca desde el mundo laboral hasta la educación, pasando por la justicia, la policía o los influencers. “Las discriminaciones y los estereotipos, sobre todo en el trabajo, continúan lastrando la confianza y los destinos”, aseguró Borne en el acto de presentación, celebrado por la mañana en el Instituto del Mundo Árabe, en el Barrio Latino en París. “Cuando ejercí como ministra de Trabajo, vi la realidad de las discriminaciones en los procesos de contratación. También somos conscientes del peso que tienen en el acceso a la vivienda y el sentimiento de injusticia que nutren”, añadió la primera ministra, cuyo padre era judío y fue deportado a Auschwitz. Un 25% menos de posibilidades de ser contratados La práctica del testeo resulta habitual en las oenegés francesas, como SOS Racismo. La histórica asociación impulsó el pasado verano una iniciativa de este estilo para denunciar las discriminaciones xenófobas en las playas privadas de la Costa Azul (sudeste de Francia), donde suelen denegar la entrada a personas racializadas. En el caso del mundo laboral, el testing (o testeo) consiste en mandar dos currículums idénticos, pero con la única diferencia del color de piel, el nombre o la dirección postal de uno de los candidatos. Un equipo de investigadores del prestigioso CNRS ya había realizado en 2018 un estudio, con esta misma técnica, sobre las discriminaciones xenófobas en las 120 empresas francesas que cotizan en bolsa. Una sus conclusiones era que las personas racializadas tenían un 25% menos de posibilidades de ser contratadas. Entre los grupos que salían peor parados había grandes multinacionales, como Renault, Air France o la cadena Accord Hotels. A pesar de que ese informe fue realizado en colaboración con el ejecutivo de Emmanuel Macron, apenas adoptó medidas para que esos grupos corrigieran esas prácticas. “El Estado no debe conformarse con hacer 'name and shame', con revelar el nombre de las empresas que no colaboran, sino que debe impulsar una verdadera política de lucha contras las discriminaciones racistas”, afirmó el presidente de SOS Racismo en Francia, Dominique Sopo, en una entrevista para la cadena pública France Info. Su organización propone que “a las empresas condenadas por racismo se les prohíba durante un tiempo postular para la contratación del sector público”. Escepticismo de los colectivos antirracistas Las asociaciones antirracistas acogieron con frialdad la presentación de las nuevas medidas. Son conscientes de los ejercicios comunicativos del Ejecutivo centrista, que presenta a bombo y platillo un plan para resolver un problema y al final queda en poca cosa. En 2018, el entonces primer ministro, Édouard Philippe, ya había anunciado una batería de propuestas para luchar contra el racismo, cuyos resultados fueron más bien magros. Además del testeo en las empresas, las propuestas presentadas por Borne incluyen mejorar la formación de los responsables de recursos humanos. También se establece una visita obligatoria para los alumnos de primaria o secundaria en un lugar cuya historia sirva para educar contra el racismo, como Auschwitz u Oradour-sur-Glane, donde las SS cometieron una de sus peores matanzas en Francia durante la ocupación nazi del país. El plan propone, asimismo, facilitar los trámites para que las víctimas de racismo puedan denunciarlo en las comisarías. Y endurecer las penas para aquellos funcionarios que cometan discriminaciones, después de que comportamientos de este tipo salpicaran a policías y gendarmes en los últimos años. Aunque numerosos estudios de opinión apuntan que la sociedad gala avanza por la senda de la tolerancia —uno de los brotes verdes es el elevado porcentaje de matrimonios mixtos (más de un 15%)—, el veneno de la xenofobia sigue corriendo por las venas de un país en que los candidatos de ultraderecha superaron el 30% de los votos en las últimas presidenciales.

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El Gobierno de Emmanuel Macron presenta un plan para luchar contra la xenofobia

Incluye un mecanismo de testeo de las discriminaciones en las contrataciones laborales o una visita escolar obligatoria a un lugar con mensaje histórico

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