Reforma anticorrupción insuficiente en la UE

A raíz del escándalo de corrupción del Qatargate, el Parlamento Europeo parece decidido a salir de la autocomplacencia, que preservaba a los eurodiputados de un escrutinio público efectivo y ayudaba a mantener secreta buena parte de sus contactos y reuniones con lobistas, los viajes pagados por terceros y sus ingresos por otras actividades. Las 14 propuestas que la presidenta del Parlamento Europeo, la conservadora Roberta Metsola, puso sobre la mesa el 12 de enero son un tardío paso positivo en la buena dirección, indispensable después de que la policía belga descubriera 1,5 millones de euros de sobornos en efectivo en manos de la exvicepresidenta Eva Kaili y sus familiares y del exeurodiputado Pier Antonio Panzeri. Pero resultan insuficientes y no concretan cómo se logrará que ahora se respeten unas normas más estrictas. Los verdes y socialistas ya han propuesto medidas más contundentes. Plan de Metsola La primera carencia del plan de Metsola es que permite que los eurodiputados puedan seguir ejerciendo otras actividades remuneradas simultáneamente a su labor de legislador. En la práctica, esto convierte el puesto de eurodiputado en uno de los empleos a tiempo parcial mejor pagados. Cada eurodiputado percibe un salario bruto mensual de 9.808 euros (7.647 euros netos). Este sueldo se complementa con una asignación de 4.778 euros mensuales para gastos de oficina sin justificar. A estos ingresos, hay que sumar dietas, pluses y complementos. Además, por cada cinco años de legislatura un eurodiputado obtiene una pensión mensual de 1.716 euros desde los 63 años. El plan de Metsola obligará a los eurodiputados a ser más transparentes en su declaración de intereses económicos, sus otras actividades profesionales y su conflictos de interés. Pero no indica que deban detallarse los ingresos exactos de esos empleos, ni las actividades y los sectores concretos. Para ser efectiva, toda esa información debe ser pública y sometida a escrutinio. El segundo problema del plan es que descansa en la propia autorregulación del Parlamento Europeo, que hasta ahora ha fallado flagrantemente. Por ejemplo. La organización Fight Impunity de Panzeri, en el centro del Qatargate, no estaba inscrita en el Registro de Transparencia de la UE, pero esto no fue obstáculo para que la Eurocámara, contraviniendo sus propias reglas, le permitiera presentar informes a la subcomisión de derechos humanos y mantener estrechos contactos con eurodiputados. El reforzamiento del comité asesor del código de conducta propuesto por Metsola no implica un cambio significativo, porque seguirá formado por eurodiputados, en lugar de auditores externos. Tampoco se detalla una ampliación de competencias, ni de personal, ni de capacidad sancionadora para realizar una efectiva fiscalización de que los eurodiputados respetan las reglas de transparencia, contactos con los lobies y conflictos de interés. Metsola plantea ampliar la lista de actividades sancionables, pero no menciona endurecer las sanciones. Medidas cortas En tercer lugar, las medidas sobre conflictos de interés y transparencia en los contactos con los lobis se quedan cortas. Aunque se propone que los eurodiputados tengan un periodo de incompatibilidad para hacer de lobistas al acabar su mandato, la duración al final no se precisa. Metsola propone que todos los eurodiputados tengan que hacer públicas sus reuniones con lobistas. Hasta ahora solo estaban obligados los presidentes de comisión y los ponentes legislativos. Pero esa exigencia solo se aplicará si el contacto está vinculado con una legislación o resolución concreta, no a todos los contactos, dentro y fuera de los edificios parlamentarios. Tampoco queda clara la obligación de hacer públicas las reuniones con representantes de países extracomunitarios. El plan de Metsola incluye interesantes avances, como la creación de una pestaña de integridad en la web del Parlamento Europeo, donde se detallarían las reuniones con lobistas, los viajes a países extracomunitarios no pagados por la institución, los regalos, las sanciones y las informaciones sobre el código de conducta y el registro de transparencia. El plan prohibirá los "grupos de amigos" de países que creaban los eurodiputados al margen de las estructuras de la Eurocámara (comités y delegaciones oficiales). Otro avance propuesto es registrar cada vez la entrada de cada lobista en el Parlamento Europeo y acabar con el acceso sin restricciones de que gozaban los exeurodiputados y su privilegio a facilitar la entrada a cualquier persona.

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