Los tiempos de la investigación sobre los terribles sucesos del 8 de enero parecen acelerarse en Brasil. Toda una ironía política si se tiene en cuenta que, en agosto de 2021, el entonces presidente Jair Bolsonaro pronosticaba la inminente hora de la venganza contra el juez del Tribunal Supremo (STF), Alexander de Moraes. Pero todo sucedió al revés. De Moraes acaba de acceder a una petición de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía general) de investigar al excapitán por su posible participación como autor intelectual del asalto a la sede de los tres poderes del Estado el pasado domingo. Horas después de que De Moraes diese su conformidad a la fiscalía, este sábado fue arrestado el exministro de Justicia de Bolsonaro, Anderson Torres, al apenas aterrizar en Brasil procedente de Estados Unidos.
Los dos hechos están en un punto conectados. Torres era hasta su reciente cese el secretario de Seguridad de Brasilia. En el momento de los ataques descansaba en Estados Unidos. Lo destituyeron de inmediato pero carga con la sospecha de haber sido más que tolerante con los golpistas. De hecho, un informe de inteligencia de la misma Secretaría de Seguridad del Distrito Federal le advertía a su principal autoridad sobre la posible invasión de los organismos públicos y "la intención de practicar actos de violencia". Torres viajó despreocupado a Florida, muy cerca de donde se encuentra Bolsonaro desde el 30 de diciembre.
El 8-E ha dejado centenares de personas bajo arresto. Bolsonaro invitó en los hechos a quedar en la mira de los responsables de la investigación al compartir, pocas horas después de los incidentes, un vídeo que sugiere que la victoria en las urnas de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios del pasado 30 de octubre contó con los favores del Tribunal Superior Electoral (TSE) y el STF. Bolsonaro borró después esas imágenes, pero su mensaje ya había calado en la ultraderecha.
A partir de ese hecho especialmente se abrió la puerta para que entrara en escena el procurador general adjunto de la República, Carlos Frederico Santos, coordinador del recién creado Grupo Estratégico de Combate a los Actos Antidemocráticos. Santos formuló su solicitud al STF en nombre de 79 fiscales. Se ha pedido también a Meta, dueña de Facebook, que conserve la publicación del ex mandatario, incluso después de haber sido eliminada.
Hasta el momento, la PGR tiene abiertas siete investigaciones sobre la intentona golpista que apuntan no solo a quienes estuvieron en Brasilia como autores materiales sino a posibles financiadores, instigadores e, incluso, autoridades públicas implicadas.
Otras complicaciones
Tras su derrota electoral, Bolsonaro se refugió en el Palacio de la Alvorada, la residencia presidencial en el distrito capitalino, y se llamó a silencio. Mientras callaba, el bolsonarismo más extremo cortaba carreteras y se reunía a las puertas de los cuarteles para reclaman una intervención militar que impidiera el comienzo de la presidencia de Lula bajo el argumento de que había vencido en una contienda viciada de legitimidad.
Antes de que la PGR hiciera su petición al STF, los medios de prensa analizaban la posibilidad de que el expresidente fuera a su vez investigado por otro episodio que escandaliza a Brasil: el hallazgo del borrador de un decreto en la casa de Torres, con la proposición de medidas de emergencia para "corregir" el veredicto de las elecciones que le habían resultado adversas al Gobierno.
El documento de tres páginas no tiene fecha de escritura. Lo que espanta es su contenido. Se ordenaba poner al TSE bajo control del Ejecutivo "con el objetivo de garantizar la preservación y el inmediato restablecimiento de la transparencia y corrección del proceso electoral presidencial de 2022".
De acuerdo con Cristina Serra, columnista del diario paulista Folha de San pablo, ese proyecto de decreto "es una prueba más que concluyente de una trama golpista" porque "alguien lo pensó, buscó una base legal (inexistente), escribió y lo entregó en manos de Torres".