Pasado el espanto y la zozobra, el Gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva volvía este lunes a recuperar el control del espacio público en Brasilia y otras ciudades donde se había naturalizado la presencia de campamentos bolsonaristas. La policía levantó finalmente el reducto de ultraderechistas que a lo largo de dos meses se había instalado a las puertas del cuartel general del Ejército en el distrito capitalino y detuvo al menos a 1.200 personas. Pero la reacción más importante provino de los tres poderes del Estado cuyos edificios habían sido destruidos el domingo por la ultraderecha. Lula, en nombre del Ejecutivo, las autoridades del Senado y el Congreso de los Diputados, Veneziano Vital do Rêgo y Arthur Lira, y la titular del Tribunal Supremo (STF), Rosa Weber, rechazaron "los actos terroristas, vandálicos, criminales y golpistas". El documento conjunto no tiene precedentes porque también es inédita la magnitud de la crisis política. "Estamos unidos para que se tomen medidas institucionales. Hacemos un llamamiento a la sociedad para que mantenga la serenidad, en defensa de la paz y la democracia en nuestra patria".