El pedido de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner comienza a tener sus repercusiones regionales. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, Bolivia, Luis Arce, y el mexicano Andrés Manuel López Obrador consideraron junto con su colega argentino, Alberto Fernández, que la vicepresidenta es objeto de una "persecución judicial" que merece un "absoluto rechazo".
El mensaje se conoce pocas horas después de que el fiscal Diego Luciani la acusara de ser la cabeza de una "asociación ilícita" vinculada a la obra pública durante sus Gobiernos (2007—15). La solicitud de Luciani no ha hecho más que amplificar las divisiones que existen en la sociedad argentina alrededor de la figura de Fernández de Kirchner. Por lo pronto, el mensaje de los mandatarios que forman parte del "arco progresista" latinoamericano ha tenido su previsible repercusión en Argentina. "Condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos", se señala en el comunicado que ha contado a su vez con la adhesión de la mandataria hondureña, Xiomana Castro, así como el exjuez español Baltasar Garzón. Lo que se busca con esta causa judicial, afirmaron, es "apartar" a la vicepresidenta "de la vida pública, política y electoral", así como "sepultar los valores de ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal".
Mientras que las formaciones de derecha argentinas saludaron la petición de Luciani y advirtieron este miércoles sobre el intento de presionar al Poder Judicial sobre la base de movilizaciones sociales antes de que el tribunal dicte sentencia, los mandatarios de la región consideraron que se ha vulnerado "el debido proceso y las garantías legales" de Fernández de Kirchner. La justicia, añaden, "ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido". Otras causas en contra de la vicepresidenta siguen abiertas a pesar de "las malas prácticas procesales” que solo buscan "eliminar" a la dirigente "de la vida política".
"Nuestra solidaridad con Cristina. Condenamos el ataque de lawfare (politización de la justicia) contra la compañera Vicepresidenta. El uso de la judicialización de la política constituye un atentado contra la democracia”, dijo por su parte la mandataria de Honduras. Llamó la atención la ausencia del chileno Gabriel Boric en el pronunciamiento de los presidentes.
Contra un indulto
Según medios de prensa locales, el tribunal emitiría sentencia a finales de noviembre o principios de diciembre, en pleno desarrollo del Mundial de fútbol, un acontecimiento especialmente esperado por los argentinos.
El ex ministro del Tribunal Supremo, Raúl Zaffaroni, recomendó al presidente Fernández que analice la posibilidad de indultar a Fernández de Kirchner si la vicepresidenta llegara a ser condenada. "El único recurso que va a quedar, por duro que sea, para salvaguardar el futuro de la democracia, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones", añadió el ex ministro. Oscar Parrilli, un senador de relación política muy estrecha con la vicepresidenta pareció hablar por ella frente al planteo de Zaffaroni: "Para CFK ni indulto ni amnistía: Justicia".