Diez conflictos olvidados en el mundo

Los afganos lamentan que la guerra de Ucrania les ha borrado de un plumazo de la agenda internacional, con la consecuente reducción de presencia mediática y de ayuda humanitaria. Es un ejemplo de cómo los conflictos bélicos mundiales se van superponiendo hasta el punto de amontonarse sin solución hasta caer en el olvido. 'EL PERIÓDICO', con la ayuda de Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha seleccionado una decena de puntos calientes en todo el planeta donde la violencia pone en jaque cada día a la población civil. Nigeria Nunca, desde que fue independiente en 1960, Nigeria ha solucionado de raíz cuestiones como la distribución de recursos, estrechamente unida a la lucha interétnica. Tampoco el sistema democrático, de regreso en 1999 tras la sucesión de golpes de Estado, tiene una base sólida. Subyacen grandes diferencias económicas y sociales entre los estados del país que provocan cíclicos estallidos de violencia. La corrupción y la falta de transparencia son otros de los lastres de la gestión política. La irrupción en el 2007 del grupo extremista Boko Haram -"La educación occidental es un pecado", es el significado-, una de las formaciones yihadistas más violentas del mundo, ha machacado especialmente al noreste del inestable país y a la cuenca del lago Chad. Actos de saqueo, ataques, secuestros de centenares de personas se han convertido en cotidianos en los estados de Zamfara, Sokoto, Katsina, Kaduna y Níger. En la retina permanecen las imágenes de los secuestros de alumnas por centenares en escuelas del país. Las operaciones militares, tanto aéreas como terrestres, para controlar la insurgencia también han sido especialmente contundentes. Tras la escisión de Boko Haram en cuatro facciones diferentes, el conflicto ha tenido un importantísimo impacto en la población civil y las atrocidades cometidas por los distintos contendientes son susceptibles de ser juzgadas por crímenes de guerra y contra la humanidad, según un informe del fiscal de la Corte Penal Internacional. Este escenario se completa con la histórica tensión entre el Estado nigeriano y los movimientos separatistas de las sureña región de Biafra, que fue en aumento a lo largo de todo 2021. MONTSE MARTÍNEZ Somalia El origen del conflicto en Somalia - que pervive a día de hoy en ausencia de autoridad y sumida en la violencia- se remonta a 1988, cuando una coalición de grupos opositores se rebeló contra el dictador Siad Barre hasta lograr que callera derrocado. La coalición opositora se enzarzó entonces en una guerra por el poder que ha causado la muerte de más de 300.000 personas desde 1991. La intervención militar de principios de los años 90 se demostró un fracaso. Los sucesivos procesos de paz se han topado con numerosas dificultades que les han impedido prosperar. Desde la lucha entre los clanes que conforman la sociedad somalí hasta a las injerencias de países extranjeros, como Etiopía, Eritrea y EEUU, y el poder de los señores de la guerra. En el año 2012, culminó la fase de transición iniciada en 2004, se formó un nuevo Parlamento y se eligió el primer presidente desde 1967. La facción radical de la Unión de los Tribunales Islámicos (UTI), agrupaciones aglutinadas en el grupo islamista al-Shabaab, controlan el sur del país. Es la misión de la Unión Africana (UA), las tropas gubernamentales y EEUU los que se enfrentan a la agrupación extremista que, a su vez, ha sufrido múltiples divisiones internas. Durante 2021, al-Shabaab continuó atentando contra las fuerzas africanas y gubernamentales usando artefactos explosivos improvisados en el centro y sur del país, especialmente en Mogadiscio. El centro de investigación cifró en más de 3.100 el número de víctimas mortales durante el año pasado. Había cerca de tres millones de desplazados en todo el país. Casi la mitad de la población -5,9 millones de personas- necesitaba ayuda humanitaria. El Grupo de Expertos sobre Somalia ha concluido que el grupo armado sigue manteniendo toda su capacidad para ejecutar ataques completos y asimétricos en el país. MONTSE MARTÍNEZ Sahel (Mali, Burkina Faso y Níger) A la inestabilidad endémica propia de la región occidental del Sahel (norte de Mali, norte de Burkina Faso y noroeste de Níger) se une la presencia y expansión de la insurgencia yihadista de origen argelino AQMI, fragmentada en grupos similares alineados o bien con Al Qaeda o bien con Estado Islámico. La llegada de mercenarios rusos para luchar contra el yihadismo ha alterado el orden de la seguridad regional. El Centro Africano de Estudios Estratégicos ha alertado del aumento de un 70% en 2021 de actos de grupos armados de corte yihadista en la zona. El año pasado estuvo marcado por el golpe de Estado en Mali y el anuncio de la contratación de fuerzas rusas para el combate de la insurgencia, lo que generó una importante crisis con sus socios regionales e internacionales. Al finalizar el año, 400 mercenarios rusos de la empresa privada de seguridad Wagner Group -presentes también en otros conflictos armados como Libia, Mozambique y la República Centroafricana- se desplegaron en las regiones central y norte de Mali. Este desembarco ruso supuso la condena de 16 gobiernos europeos, que emitieron un comunicado conjunto para condenar el despliegue de ese tipo de fuerzas en la región. Francia anunció la retirada de 40% de los 5.100 efectivos de la región para finales del 2022. La fuerza europea Takouba Task Force -compuesta por fuerzas especiales de Mali y Níger y 11 países europeos- cubrirá el relevo de la retirada parcial de Francia. MONTSE MARTÍNEZ República Democrática del Congo El golpe de Estado que llevó a cabo Dorent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko, que acabó por ceder su poder, se encuentra en el origen del actual conflicto. Posteriormente, vino la conocida como Primera Guerra Mundial Africana (1998-2003) en la que Burundi, Ruanda y Uganda intentaron derrocar a Kabila que, a su vez, contaba con el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbaue. La contienda fue demoledora y los muertos se elevaron a alrededor de cinco millones. El control y el expolio de los recursos naturales siempre han estado detrás de la presencia de terceros países que, con sus Fuerzas Armadas, se han convertido en parte del conflicto. Fruto de los acuerdos de paz de 2003, en 2006 se instituyó un Gobierno electo pero la estabilidad nunca ha llegado a consolidarse por el papel jugado por Ruanda y la presencia de las FDLR, responsables del genocidio ruandés de 1994. Una nueva rebelión, apoyada por Ruanda, fue derrotada pero el el clima de inestabilidad y violencia persisten. En 2021, más de un centenar de milicias y grupos armados seguían activos en el este del país, en especial en las provincias de Kivu norte, Kivu sur e Ituri. Según la ONU, en 2020 fueron asesinados más de 2.400 civiles en el marco de estas tensiones. MONTSE MARTÍNEZ Libia Libia no despierta de su pesadilla, que ya dura más de 10 años. Desde las primaveras árabes, el país vive inmerso en la incertidumbre. Está dividido por el conflicto y las luchas de intereses entre potencias extranjeras. Existen actualmente dos poderes paralelos que controlan este y oeste. Además, está inmerso en un laberinto electoral, del que, por ahora, no han logrado encontrar una salida. Los intentos de diálogo entre facciones o de las instituciones internacionales de organizar unos comicios no han logrado, por el momento, dibujar una solución. El 20 de octubre de 2011 el país cerró 42 años de dictadura. Las facciones opositoras asesinaron a Muamar el Gadafi a las afueras de Sirte, su ciudad natal. El dictador llevaba casi tres meses escondido. Escapó de la capital del país, Trípoli, después de que las fuerzas opositoras tomaran la ciudad. El inicio del fin de Gadafi se escribió meses antes, en febrero de 2011, cuando estallaron en el país protestas antiautoritarias. Manifestaciones que desde Túnez hasta Siria encendieron la región. Las llamadas primaveras árabes. Tras la caída del dictador, con el apoyo de la OTAN, el país no logró encauzar una transición. La unión entre facciones opositoras para derrocar a Gadafi dieron paso a una división para controlar el poder, con la amenaza constante de los grupos terroristas. Un conflicto que se ha alargado, con momentos de mayor intensidad y otros de calma, pero que han lastrado e indignado a la población. Estos últimos años el país ha quedado dividido. Al este predomina el Ejército Nacional Libio. Jalifa Haftar es el hombre fuerte de la región y ha recibido el apoyo de Rusia y Egipto, entre otros países, también han luchado a su lado mercenarios pertenecientes a la empresa rusa Wagner. Actualmente, no reconocen al primer ministro de unidad, Abdul Hamid Dbeibé. Después de que el pasado diciembre no se convocaran elecciones, consideraron que había terminado su mandato y exigen que se convoquen comicios. Al oeste, en Trípoli, Dbeibé continua en el cargo con el apoyo de parte de comunidad internacional. Además, los grupos armados de esta zona han recibido el apoyo de sobre todo Turquía, que mandó soldados y armamento. Los drones turcos también han jugado un papel clave en esta guerra. El país es igualmente un agujero negro para los migrantes que lo intentan cruzar. Existen campos de trabajos forzados controlados por grupos criminales y de los que es difícil salir sin pagar. Las playas libias son testimonio de los naufragios y muerte de los que intentan llegar a Europa. MARC FERRÀ Turquía (conflicto kurdo) "Podemos venir de repente, una noche cualquiera". Esta frase es una de las favoritas del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que la usa cada vez que quiere amenazar con una operación militar fuera de sus fronteras y en contra de la guerrilla kurda del PKK y sus organizaciones vinculadas. Estas operaciones, durante los últimos años, han sido anuales, tanto en el norte de Irak como de Siria. Lejos quedan las décadas de los 80, 90 y 2000, en las que el PKK -cuyo líder, Abdullah Öcalan, está encarcelado en Turquía- y el Ejército turco combatían diariamente en el sureste del país, en las zonas de mayoría kurda. Esa guerra, en tres décadas, causó la muerte de 40.000 personas. "Ahora la región vive una gran despolitización, y no es porque ya no haya la violencia de antes. Ha sido por la fuerza del Estado turco, que ha ganado la batalla”, explica Roj Girasun, director de una empresa demoscópica que se centra en las zonas kurdas de Turquía. "Antes íbamos a los pueblos y sabíamos que por ahí había estado gente del PKK. Ahora ya no. Y es por la fuerza de la campaña militar turca, por los drones", continúa Girasun. Esto no significa, sin embargo, que la guerra haya terminado; sino que ha sido exportada. Los bombardeos turcos en Irak y Siria son casi diarios y, sobre todo en el norte iraquí -una zona montañosa, de difícil acceso y donde están los líderes del PKK-, los combates frente a frente son constantes. Atendiendo a las palabras del presidente turco, la siguiente fase de esta guerra sin fin -ni paz, que duró entre 2013 y 2015- será otra vez en el norte de Siria. Allí, Turquía quiere conquistar la región sur de la frontera, donde están las ciudades kurdas de Siria más importantes. ADRIÀ ROCHA CUTILLER Yemen Ocho años de guerra en Yemen han condenado a la población a la catástrofe humanitaria. Lejos quedan la esperanza y la ilusión que insuflaron las protestas durante la Primavera Árabe en el 2011. Tras años de caos, inestabilidad y divisiones políticas, los rebeldes hutís, apoyados por Irán, tomaron la capital del país, Saná, en septiembre del 2014 y mandaron al exilio al Gobierno internacionalmente reconocido. Apenas seis meses después, Arabia Saudí regionalizaba el conflicto con una coalición armada por Estados Unidos que se situó al lado del Ejecutivo yemení. Aunque desde abril impera un alto el fuego a nivel nacional, la guerra de Yemen no tiene un final a la vista. Mientras la tierra yemení se disputa entre intereses regionales, su ciudadanía agoniza. Más de 370.000 personas han muerto en estos ocho años. El 60% de ellas han perdido la vida por el hambre, la falta de atención médica y la insalubridad del agua. Sin infraestructuras, además, Yemen protagoniza un colapso económico convirtiéndolo en el país árabe más pobre. Todos estos factores han condenado al 80% de la población a depender de la asistencia humanitaria. Con los puertos de entrada bloqueados y con una nueva guerra en Europa que despierta más sensibilidades, los yemenís languidecen ante la reducción de las ayudas internacionales. Además, Arabia Saudí ha impuesto desde 2015 un bloqueo que impide la importación de alimentos. Las cifras del sufrimiento son inasumibles en este país de la península Arábiga. Casi 25 millones de yemenís necesitan asistencia mientras que la hambruna acecha a otros cinco millones y un brote de cólera afecta a más de un millón. Es la peor crisis humanitaria del mundo. El alto el fuego inaugurado por Ramadán arrojó algo de luz a la oscuridad asfixiante que reina en el país. Por ahora, se mantiene, aunque ambos bandos han denunciado violaciones. ANDREA LÓPEZ-TOMÀS China (Xinjiang) Los uigures ya eran el problema étnico más serio de China cuando el mundo sólo atendía a los tibetanos. Musulmanes, de lengua túrquica, originarios de la provincia de Xinjiang y emparentados con el Asia Central, acumulan pleitos con los han, la etnia mayoritaria china. Los primeros acusan a Pekín de diluir su cultura y expoliar sus recursos naturales, mientras los segundos subrayan el desarrollo económico de una zona desértica y montañosa. Una revuelta dejó casi 200 muertos en 2009 en Urumqi, la capital provincial, y los frecuentes atentados islamistas en Xinjiang y el resto del país acabaron con la paciencia de Pekín. En 2016 dobló el presupuesto de seguridad, instaló cámaras en todas las esquinas y abrió centros a los que han ido a parar sin juicio previo cientos de miles de uigures, según las estimaciones más fiables, donde son sometidos a un febril adoctrinamiento. China admitió tras tercos desmentidos su existencia y los calificó de centros donde los uigures y otros musulmanes acudían voluntariamente para aprender oficios y desintoxicarse de su extremismo. Pekín ha anunciado que, cumplida ya su función, la red ha sido desmantelada. Es imposible calcular la dimensión de los atropellos en Xinjiang. Influye el bloqueo de Pekín a periodistas extranjeros y misiones diplomáticas independientes. También influye la politización irremediable del asunto, adoptado por Washington como otro argumento en su guerra contra China y con exageradas alusiones a genocidios. Los periodistas regresan de Xinjiang con la única certeza de que la vieja pulsión controladora china y las nuevas tecnologías han parido a un Gran Hermano sin precedentes. Del conflicto no se han salvado las multinacionales de moda, forzadas a abandonar el algodón xingjianés, ni Michelle Bachelet. La política chilena renunció al segundo mandato como alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU tras las críticas a sus conclusiones tras un reciente viaje por Xinjiang. Desde Occidente se la acusó de “blanquear” la represión china. ADRIÁN FONCILLAS Birmania La dictadura regresó a Birmania el 1 de febrero del pasado año con uno de los golpes de estados más previsibles de la Historia. Los militares habían denunciado durante semanas el fraude de las elecciones que le dieron una victoria aplastante a la Liga Nacional por la Democracia de Aung San Suu Kyi y uno de sus representantes no desmintió cuatro días antes los insistentes rumores de asonada. Faltaban unas horas para la formación del nuevo Parlamento cuando el general Min Aung Hlaing disolvió las cámaras y encarceló a los políticos rivales. Su objetivo, dijo, era instaurar una "verdadera y disciplinada democracia" tras unas nuevas elecciones "justas y libres" tras el estado de emergencia. No hay noticias de la democracia ni de las elecciones. Siguió la represión salvaje de las protestas con orden de disparar a matar y el aplastamiento de las primeras huelgas y otros signos de disensión. El número de muertos oscila entre los 1.500, según la Asociación de Asistencia de Prisioneros Políticos, y los más de 12.000 que aseguran organizaciones estadounidenses. La desobediencia civil se desliza a una guerra civil de baja intensidad con ataques cíclicos de las milicias locales o Fuerzas de Defensa Popular a instalaciones militares que provocan castigos inmediatos. El autoproclamado Gobierno de Unidad Nacional es un presunto poder en la sombra que con escaso éxito se arroga la legitimidad interna y busca el reconocimiento externo. Sigue empantanado el conflicto, rotas ya las costuras étnicas, descartada la solución negociada, castigada la economía por la guerra y las sanciones internacionales y expulsada Suu Kyi de la escena política. La lideresa y Nobel de la Paz encadena sentencias en juicios calificados de "circos" por las organizaciones de derechos humanos. El mes pasado recibió cinco años por corrupción que se añaden a los seis por violar la ley de secretos o la posesión de walkie-talkies. Suu Kyi es el único elemento que amalgamaba un país castigado por décadas de conflictos étnicos y la mayor amenaza de los militares. ADRIÁN FONCILLAS Colombia El acuerdo de paz que firmaron en 2016 el Estado colombiano y las FARC supuso la extinción del fuego principal del conflicto armado que desagarró a ese país desde mediados de los años 60 del siglo pasado. Sin embargo, el dolor no deja de cesar por una multiplicidad de razones. De un lado, la permanencia de distintas facciones todavía armadas. Por el otro, la matriz económica y social que generó las condiciones para que se diseminara la ola de violencia. De ahí que Gustavo Petro, que asumió la presidencia el pasado 7 de agosto, considere que el cumplimiento estricto de lo pactado en La Habana hace seis años sea vital para el futuro colombiano. La superación del trauma pasado y sus aristas vigentes están relacionadas con el conocimiento de lo que ha sucedido. La Comisión de la Verdad acaba de cuantificar lo sucedido solo entre 1986 y el momento de la firma del acuerdo de paz: 450.666 muertos, ocho millones de desplazados y 50.770 secuestrados. Un 45% de las víctimas fatales las provocaron los paramilitares de ultraderecha. Las guerrillas segaron la vida del 27% del total de esos colombianos. Las FARC fueron responsables de 96.952 víctimas mientras que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), todavía activo, mató a 17.725 personas. Las negociaciones con ese grupo armado se presentan como esenciales para extinguir los focos aún abiertos abiertos del conflicto. Los agentes estatales fueron responsables del 12% de los crímenes. El horizonte de peligro se encuentra latente: 321 exguerrilleros que entregaron sus armas fueron asesinados desde 2016. La cantidad de líderes sociales asciende a 1.315. El gran frente de conflicto en la actualidad lo constituye el narcotráfico, con el Clan del Golfo a la cabeza, cuya capacidad para desafiar al Estado en distintos puntos del territorio ha quedado demostrada este año durante un "paro armado". El peso de las bandas de delincuentes se refleja en el lugar de Colombia en el Índice Global de Crimen Organizado 2021: ocupa el segundo puesto, detrás del Congo. ABEL GILBERT

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