La ley climática de Biden, un triunfo con asterisco

Este martes es un "día de orgullo" para la Administración de Joe Biden, como tuiteaba la vicepresidenta Kamala Harris. El presidente de Estados Unidos va a estampar su firma en la denominada Ley de Reducción de la Inflación, una norma que acompasa metas largamente acariciadas por los demócratas en sanidad, materia fiscal y lucha contra el cambio climático. Se trata, sin duda, de un logro legislativo crucial, uno que ha insuflado aires de optimismo en la Casa Blanca sobre la posición del presidente y en el Partido Demócrata de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Pero el triunfo, sobre todo en materia medioambiental, llega con un asterisco. Tanto los principales grupos de activistas climáticos, representantes sobre todo de las generaciones más jóvenes, como destacados expertos y científicos han advertido de que las concesiones hechas para garantizar el respaldo a la norma del senador conservador Joe Manchin representan una bomba de relojería medioambiental. Temen también que, con la intención anunciada de un tour político vendiendo los beneficios de la ley, se instale cierta complacencia política y social. Varios grupos han enviado al Congreso una carta recordándoles que "su trabajo no ha terminado". Y cientos también remitieron una carta a Biden en la que le reclaman que use su poder ejecutivo para declarar una emergencia climática que permita poner freno al impacto que se espera de algunas de esas concesiones, un paso que no se espera que de el mandatario. Pros y contras La ley destina 369.000 millones de dólares a créditos fiscales, inversiones y otros incentivos que buscan impulsar una economía de energías limpias en EEUU. Ha extendido 10 años, por ejemplo, los créditos para proyectos solares y eólicos y establece ayudas para que los hogares y ciudadanos transicionen hacia electrodomésticos más eficientes o vehículos eléctricos. La clara apuesta es que la norma acelere cambios de mercado que ya se están produciendo, desplazando gradualmente a los combustibles fósiles, mientras EEUU recupera también algo de la credibilidad internacional perdida durante la presidencia de Donald Trump. Para lograr el imprescindible apoyo de Manchin, no obstante, la legislación ha acabado incluyendo también medidas muy problemáticas. Establece, por ejemplo, que debe ofrecerse a quienes actualmente tienen concesiones de perforaciones en tierras y aguas federales poder optar a comprarlas. Además, condiciona el establecimiento de infraestructuras de energía solar y eólica a que se vendan miles de hectáreas para extracción de petróleo y gas. Revive, asimismo, el mayor de los proyectos de perforación actual, en el Golfo de México, que un juez había frenado por su impacto medioambiental. Otro aspecto que denuncian activistas y expertos es el recorte de regulaciones de permisos, lo que advierten que permitirá que reciban luz verde más rápido y con más facilidad proyectos de oleoductos y gasoductos o de instalaciones para la exportación. Cuestionan también que destine fondos a técnicas de efectividad aún no probada, como la captura de carbono y generación de hidrógeno. Y recuerdan que aún queda mucho camino para asegurar que se presta especial atención a los barrios de más bajos ingresos y a la población de minorías, la que desproporcionadamente sufre el impacto más negativo de la emergencia climática. "Es como perder 10 kilos cuando necesitas perder 50", ha resumido gráficamente para The New York Times Robert McNally, de la firma de asesoría energética Rapidan Energy Group. Con la Casa Blanca preparando una gira para "vender" por todo el país los logros de la ley, activistas y expertos también temen que el mensaje triunfalista opaque los retos pendientes y deje a quienes no siguen o conocen al detalle la ciencia medioambiental con una sensación de trabajo acabado. Este martes Biden aseguraba que la ley "posiciona a EEUU para cubrir las metas climáticas" que marcó: una reducción de entre el 50 y el 52% de las emisiones contaminantes respecto a los niveles de 2005 para 2030. Pero los cálculos sobre el impacto de la legislación aún dejan ese recorte en el 40%. Al menos dos tercios de ese porcentaje ya se había conseguido con medidas previas a esta ley.

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