Dos años sin justicia en Beirut

Hace muchas noches que Paul y Tracy Naggear no duermen en su cama. Desde el 4 de agosto de 2020, apenas han sido capaces de pasar más de una semana en aquel que fue su hogar. La trágica explosión del puerto de Beirut se llevó a su pequeña Alexandra, que, con apenas tres años, se sumaba a la desgarradora lista de más de 200 víctimas mortales. Dos años después de la catástrofe, el cuarto día de cada mes se reúnen con varias familias de los fallecidos a los pies del lugar del crimen. Junto a esos silos que se convirtieron en armas devastadoras, pueden ver su antigua casa. Aunque ya han arreglado todos los cristales que miraban al mar, el recuerdo aún duele. “La gente suele decirte que el tiempo te va sanando pero nosotros no podemos aplicar esta idea: no ha habido nada, ni verdad, ni justicia”, denuncia Paul Naggear a EL PERIÓDICO. Pasear por Beirut es un recordatorio de esta ausencia. Aún quedan muchos edificios en ruinas, otros, menos, empiezan ahora a reconstruirse. Al admirar el mar, los silos en llamas interrumpen la recta línea del horizonte. Esta semana ha habido varios derrumbes, el último este mismo jueves, y la nube de polvo atrapó de nuevo a la ciudad. Pero, en las calles destrozadas, en las terrazas rebosantes entre escombros, ya no se habla del 4 de agosto del 2020. Una de las mayores explosiones no nucleares de la historia, y sus víctimas, han sido condenadas a languidecer en el silencio previo al olvido. Heridas permanentes Alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas en malas condiciones detonaron el puerto de la capital libanesa en una calurosa tarde de verano. Más de 215 personas murieron, 6.000 resultaron heridas, unas 2.000 de forma permanente, y otras 300.000 se quedaron sin hogar. En una Beirut arrasada, las cifras eran incapaces de contener la tragedia. Tras la catástrofe varias veces anunciada –los líderes políticos estaban avisados de la peligrosa presencia de esa sustancia en el puerto, pero miraron hacia otro lado–, se anunció que se investigaría lo ocurrido y en “cinco días” habría resultados. Pero 725 amaneceres después, aún no han llegado. Los continuos bloqueos políticos de la investigación y el contexto de debacle económica han sentado las bases para la propagación de un paulatino proceso de amnesia colectiva entre la traumatizada población del país. Ahora, solo las familias de aquellas que murieron siguen en pie luchando contra todo un sistema. “Las propias autoridades que han sido parte de la investigación son las mismas que ponen denuncias judiciales para posponer el caso”, explica Sarah Copland desde Melbourne, en Australia. Padres en duelo Casi 14.000 kilómetros separan a Sarah de la casa donde vio a su hijo Isaac por última vez con vida. La explosión “fue causada por una serie de eventos que podrían haber sido prevenidos y no lo fueron”, cuenta indignada a este diario. “Como resultado, mi hijo murió estando en su hogar que se supone que tenía que haber sido un lugar seguro”, lamenta esta empleada de la ONU que residía y trabajaba en Beirut cuando ocurrió la tragedia. La distancia no ha hecho que el tiempo se detenga. Este 4 de agosto marca dos años desde la explosión. Isaac acababa de cumplirlos cuando murió en su trona. “Es indignante que la gente lo haya superado tan rápidamente y no haya entendido la magnitud de este evento”, señala Copland. Naggear, desde Beirut, piensa igual. “Te sientes un poco solo en esta batalla”, reconoce. Pero ni los días transcurridos ni los kilómetros entre ambos duelos han conseguido agotar el ímpetu de unos padres en perpetuo desgarro. “Nunca nos detendremos; por más muros que nos pongan, seguiremos luchando por vías alternativas y seguiremos presionando”, defiende el padre de Alexandra. Investigación bloqueada La investigación libanesa lleva bloqueada desde el pasado mes de diciembre. Por ello, familias, activistas y organizaciones por los derechos humanos buscan rutas alternativas para conseguir justicia. Por un lado, junto a Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras instituciones han exigido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que abra una investigación internacional sobre la explosión. Mientras, por otro lado, se han iniciado procedimientos judiciales contra partes involucradas en Estados Unidos y el Reino Unido. En Texas, un grupo de familiares estadounidenses de las víctimas ha presentado una demanda contra la empresa responsable de fletar el barco que transportaba el fatal nitrato de amonio, que estuvo almacenado durante seis años en el puerto de Beirut. Copland es una de las demandantes. “Es importante mostrar la cantidad de actores involucrados en el proceso que hizo que la explosión ocurriera; todos ellos son parte de la corrupción y priorizaron su propio beneficio antes que el bienestar del pueblo libanés”, analiza para este diario. “Todos ellos deben rendir cuentas”, añade. “¿Cómo podemos obtener justicia en el Líbano cuando el poder judicial está dañado?”, se pregunta la abogada suizo-libanesa Zena Wakim. Como parte del grupo Accountability Now, estos letrados voluntarios han asistido, desde Suiza, a las víctimas para presentar la demanda contra el grupo de servicios geofísicos estadounidense-noruego TGS. “Los procedimientos legales han sido totalmente saboteados en el Líbano y están suspendidos, por lo que tenemos que encontrar formas ingeniosas de eludir el poder judicial en el país”, explica. Demandas en el extranjero Más allá de las fronteras del Líbano, buscan ejercer presión ya no solo sobre la investigación local, sino también sobre la comunidad internacional para que se persiga a los responsables. Dos años después de que Beirut volara por los aires, ningún cargo ha sido condenado. Los exministros y parlamentarios acusados se escudan en su impunidad. A su vez, las agencias de seguridad se han negado a implementar las órdenes de arresto. En los meses de investigación, han participado dos jueces que tratan de perseguir a ministros, miembros del parlamento, jefes de agencia de seguridad y un primer ministro. El actual juez, Tarek Bitar, lleva desde febrero del 2021 protagonizando una batalla titánica. Es un combate utópico de un solo hombre contra todo un régimen político. “No es la falta de evidencias lo que está deteniendo el procedimiento judicial, es la falta de voluntad política”, subraya Wakim. Por eso, ahora los esfuerzos se concentran en el extranjero. “Ya no hay más recursos legales así que estos nuevos procedimientos judiciales ayudarán a las familias a no sentirse olvidadas”, explica la abogada a este diario. Catarsis por la justicia “Para las víctimas es importante luchar, buscar justicia para recuperarse y sanar; es un proceso catártico”, añade Wakim. Y eso es todo lo que piden. “Justicia, verdad y rendición de cuentas”, así lo resume Paul Naggear. “Es lo que cualquiera exigiría en un país normal”, señala. Más allá de la relevancia política que podría tener la resolución de este caso para el judicial libanés, los familiares de los asesinados por la corrupción se juegan mucho más que eso. Sarah teme el momento en que haya pasado más tiempo con Isaac que sin él, pero ese miedo no la detiene. “Siento que si algún día puedo volver a ver a Isaac, seré capaz de decirle que hice todo lo posible para conseguir justicia para él, y aunque no lo haya conseguido, al menos habré hecho todo lo que está en mi mano”, se sincera la madre de la víctima más joven de la tragedia. Para alcanzar la justicia, el arropo de los demás supone un aliento en la lucha. “Mirar hacia otro lado y permanecer pasivo es una forma de ayudar al régimen”, denuncia Wakim. “No basta con no cometer un delito, es suficiente con no combatir el crimen y ser cómplice del sistema”.

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