Nuevo pulso de Johnson a Bruselas con la reforma unilateral del Protocolo de Irlanda del Norte

Las modificaciones unilaterales del Protocolo de Irlanda del Norte presentadas este lunes por el Gobierno de Boris Johnson otorgan poderes masivos a los ministros británicos para suspender por su cuenta esta sección del acuerdo del Brexit. Johnson, a la búsqueda de vías para reafirmar su liderazgo entre los miembros del ala más dura del Partido Conservador tras el reciente reto de la moción de censura interna, sostiene que los cambios no afectan a la legalidad internacional y son "triviales". Múltiples voces acusan al Reino Unido de infringir la ley. La Unión Europea ya ha advertido a Londres de que habrá consecuencias. Antes de presentar la nueva ley, que debe aprobar el Parlamento británico, la ministra de Exteriores, Liz Truss, llamó al vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, y a su homólogo irlandés, Simon Coveny. Este entiende que las modificaciones "lejos de arreglar problemas van a crear nuevas incertidumbres y daños". De "fórmula para la incertidumbre" también habló Sefcovic. La pretensión de anular de manera unilateral el protocolo será "dañina para la confianza común" e insistió en que desde la UE se "han ofrecido soluciones funcionales" para reducir el impacto del Brexit en Irlanda del Norte. Doble canal De acuerdo con la propuesta del Gobierno, las mercancías provenientes de Gran Bretaña (Inglaterra, Escocia y Gales) con destino exclusivo a Irlanda del Norte podrán hacerlo por un llamado "canal verde", sin ningún tipo de control fronterizo. Paralelamente habría un "canal rojo" para los productos que acabarán en la República de Irlanda y, por tanto, a la Unión Europea. Sólo estos últimos estarían sometidos a las normas de la UE. Dos modelos de regulación diferentes. Otro cambio propuesto se refiere a impuestos y especialmente al IVA. La naturaleza del actual acuerdo establece que algunas de las decisiones económicas no se pueden aplicar en Irlanda del Norte, al estar en el mercado único. Además, permitirá a las empresas elegir las normas de calidad de sus productos para adaptarse a la regulación comunitaria o a la británica. Por último, se elimina el papel supervisor del Tribunal de Justicia de la UE, tal y como piden los euroescépticos del llamado Grupo de Estudios Europeos. La legislación con la que maniobra Johnson divide a los diputados y miembros conservadores de la Cámara de los Lores. Algunos grupos se muestran dispuestos a torpedear la tramitación que puede prolongarse más de un año. Jarro de agua fría Aunque esperada, la UE recibió la propuesta unilateral del Gobierno británico de reescribir el Protocolo para Irlanda del Norte, una pieza clave del acuerdo de retirada del Reino Unido de la UE diseñado para evitar el regreso de una frontera dura a la isla y proteger el mercado único, como un jarro de agua fría. Un paso que destruye la poca confianza que quedaba entre ambos bloques y que podría traducirse en los próximos días -tan pronto como este miércoles, según algunas fuentes europeas- en nuevas acciones legales contra el Reino Unido para "proteger el mercado único de los riesgos que la violación del protocolo genera para las empresas de la UE, la salud y la seguridad de los ciudadanos", así como la reactivación de los procedimientos de infracción congelados en septiembre de 2021 para dar margen y espacio a la negociación. "Tomamos nota, con gran preocupación, de la decisión adoptada por el Gobierno británico de presentar una legislación que no aplique elementos fundamentales del Protocolo. La acción unilateral es perjudicial para la confianza mutua", dijo durante una breve comparecencia sin preguntas el vicepresidente del Ejecutivo comunitario, Maros Sefcovic. Como próximo paso, la Comisión evaluará el proyecto de legislación británico y, particularmente, el protocolo que proporciona a los operadores comerciales de Irlanda del Norte acceso al mercado único de mercancías de la UE. Bruselas anticipa, no obstante, que "el planteamiento del Gobierno británico pone en peligro este acceso y las oportunidades que conlleva" y que renegociar el protocolo "no es realista" porque "cualquier renegociación no haría más que aumentar la inseguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas de Irlanda del norte". "Por ello, la UE no renegociará el Protocolo", zanjó subrayando, no obstante, que la UE está abierta a explorar "todo el potencial" que ofrecen las propuestas presentadas en otoño pasado y que "pronto" presentarán "con más detalle" su modelo de aplicación flexible. "Esto demostrará que existen soluciones a los problemas planteados por las empresas y ciudadanos de Irlanda del Norte". Repercusiones múltiples El proyecto enfrenta al Gobierno de Londres, además de con la Unión Europea, con la Administración demócrata de Estados Unidos, que vela por el Acuerdo de Viernes Santo. El primer ministro trató de minimizar engañosamente la importancia de los cambios en el tratado calificándolos de "ajustes triviales" y de reforma "relativamente simple", para eliminar "barreras burocráticas innecesarias". El asegurar la paz en Irlanda del Norte es una prioridad, repite. Sin embargo la mayoría de los miembros de la Asamblea que gobierna Irlanda del Norte, (58%) ha firmado una carta abierta a Johnson rechazando la nueva ley del protocolo "en los términos más tajantes posibles". Los empresarios norilandeses también condenan la confrontación que implica una iniciativa de este tipo. El Sinn Féin, el partido más votado en las últimas elecciones autonómicas norirlandesas, acusa a Johnson de amenazar la estabilidad en la provincia, al erosionar el acuerdo de paz actuando unilateralmente. Su presidente, Mary Lou McDonald, insiste en que el protocolo funciona y sólo necesita pulir algunos mecanismos de manera negociada. "Lo que el Gobierno tory pretende hacer al infringir la ley internacional es crear un enorme daño a la economía del norte, a la economía de Irlanda", ha declarado. El Partido Unionista Democrático (DUP) mantiene paralizado el gobierno compartido en Irlanda del Norte hasta que el protocolo no se modifique. Los unionistas entienden que cualquier diferencia entre Irlanda del Norte y el resto del Reino Unido es una amenaza para ellos y para su esencia política misma. El protocolo implica que la UE tiene la última palabra, con leyes europeas que les afectan directamente y a las que están sujetos. Desde el punto de vista de los negocios norirlandeses, los más perjudicados por el aumento de costes y trámites burocráticos son lo que tienen mayores suministros desde Gran Bretaña.

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La propuesta del Gobierno plantea un "canal verde" sin ningún control para las mercancías con destino a Irlanda del Norte y uno "rojo" para los productos destinados a la República de Irlanda y la UE

El Ejecutivo comunitario denuncia la violación de un acuerdo internacional vinculante y avisa de que emprenderá acciones legales

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