Feminicidios en México: diez mujeres mueren asesinadas cada día

"En México no sabemos cuántos feminicidios se cometen, es imposible saberlo. Son los agentes del Ministerio Público quienes deciden abrir la carpeta de investigación y calificarlo como feminicidio, homicidio o incluso suicidio”. Así lo asevera Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) en México, quien añade en una entrevista con El Periódico que, pese al creciente movimiento feminista y a las estructuras jurídicas e institucionales que existen en el país, las deficiencias en las investigaciones mandan un mensaje de impunidad a los agresores. Pese a no conocer las cifras exactas, queda claro que México vive una crisis de violencia contra las mujeres que no se detiene. El asesinato de Debanhi Escobar ha sido uno de los últimos en México y ha conmocionado al país. Trece días después de declararse la desaparición de Escobar, la joven de 18 años fue encontrada muerta dentro de la cisterna de un hotel y había sido víctima de abuso sexual. Este suceso ha provocado una respuesta masiva de la sociedad mexicana, pero no es el único caso, pues en los tres primeros meses de 2022 fueron asesinadas cerca de diez mujeres al día, contando los casos calificados como homicidios dolosos y los feminicidios. En concreto, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de México, se han producido 229 feminicidios de enero a marzo de 2022 -último mes del que hay cifras publicadas- y ha habido 628 víctimas mujeres de homicidio doloso. Sumando ambas, han sido asesinadas 857 mujeres en los primeros 89 días de 2022, es decir, hay casi 10 mujeres asesinadas diariamente en México. Los feminicidios tienen una definición clara en el Código Penal de México. Son aquella conducta delictiva que comete una persona cuando priva de la vida a una mujer por razones de género y las leyes mexicanas explican detalladamente cuándo se existe esta motivación. Sin embargo, Olivares apunta que esta legislación "no necesariamente es del conocimiento de los y las agentes del Ministerio Público, que son quienes abren la carpeta de investigación”. Impunidad de los agresores En este contexto, la representante de AI añade que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó en una sentencia en 2015 tras el feminicidio de Mariana Lima Buendía que las autoridades debían aplicar la perspectiva de género e investigar las muertes de mujeres como feminicidios. “Si no se acredita que es un feminicidio, se puede pasar a homicidio. Pero si no se abre la investigación inicialmente como feminicidio es más riesgoso que se pierda toda la evidencia que podría acreditarlo”, explica Olivares. Aunque sí hay Fiscalías que están cumpliendo la sentencia, Olivares lamenta que luego la investigación no continúa, por lo que “los casos quedan impunes”. De hecho, las cifras son escandalosas y hay impunidad en el 98% de los delitos en el país mexicano. “Los feminicidios, obviamente, no son la excepción”, señala, al tiempo que considera esa impunidad como un “signo característico” en el país, lo que “envía un mensaje de tolerancia frente a la violencia”. En la misma línea, Regina Tamés, directora adjunta de la división de derechos de mujeres de Human Rights Watch (HRW), llama a acabar con esta impunidad y apunta a las autoridades -tanto policías, como fiscales, ministerios públicos o jueces-, quienes deben estar “sensibilizadas, pero sobre todo deben comprender las dimensiones de género al realizar su trabajo”, explica en una entrevista con El Periódico. Asimismo, Olivares añade que “las omisiones que se muestran en los casos son absolutamente constantes”. A este respecto, detalla que “las deficiencias tienen que ver fundamentalmente con la incapacidad de las Fiscalías para poder investigar adecuadamente”. Esto ocurre pese a que en México existe un “andamiaje institucional y jurídico” que incluye la tipificación del feminicidio, la creación de las Leyes generales de acceso de la mujer a una vida libre de violencia, de los institutos y centros de justicia para las mujeres, de la policía de género y de las Fiscalías especializadas. Sin recursos en las investigaciones “El problema es que todo eso no se está logrando llevar a la práctica. En las Fiscalías continúa habiendo un problema gravísimo de falta de recursos para que puedan investigar adecuadamente las violencias contra las mujeres. Son recursos muy básicos, como cámaras para tomar fotografías de la evidencia, bodegas para guardar la evidencia o cámaras de refrigeración para resguardar por ejemplo los cuerpos de las mujeres. También hay personal que no conoce la legislación ni todos los protocolos para realizar estas investigaciones adecuadamente”, especifica. Por ello, considera que la “primavera feminista” de México, que cada vez cuenta con más mujeres que salen a las calles para reclamar una vida sin violencia, deberá orientarse a reclamar que el Estado asigne los recursos necesarios para que las Fiscalías realicen las investigaciones. El pasado miércoles, colectivos feministas se manifestaron en la capital por las crecientes desapariciones y feminicidios y declararon luto nacional por la violencia que viven las mujeres en México. Además de a los agresores, este movimiento de mujeres en México también debe enfrentarse a la “hostilidad” del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una “narrativa constante negando la problemática de la violencia contra las mujeres, con ataques al movimiento feminista y con un debilitamiento de las políticas públicas en el país”. Esta narrativa se mantiene en medio de casos como el de Debanhi Escobar, tras el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exigido al Gobierno de López Obrador combatir la violencia contra las mujeres en el país. Escobar, que desapareció cuando regresaba a casa de fiesta, fue hallada sin vida 13 días después dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León. La autopsia de la joven de 18 años ha revelado que fue víctima de abuso sexual y fue asesinada, descartando la hipótesis de un posible accidente, una línea de investigación que había seguido la Fiscalía de General del estado de Nuevo León. "No vivimos seguras" “En términos generales, en este país las mujeres no vivimos seguras. Cuando hay casos emblemáticos como el de Debanhi, es un recordatorio para las mujeres del riesgo en que estamos por cosas tan simples como utilizar un servicio de transporte o salir a la calle de noche, actividades que son cotidianas”, señala con tristeza Olivares. En este contexto, Tamés critica que, en el caso de Escobar, hay “una respuesta que vuelve a revictimizar a las víctimas, que no está centrada en proteger a la familia y la víctima misma”. “El modus operandi para la atención de casos de mujeres desaparecidas y asesinadas pareciera ser el mismo de los años noventa, cuando se hablaba de las asesinadas en Ciudad Juárez”, lamenta. “La violencia contra las mujeres es una constante en todo el país. Las mujeres sufren violencia por el simple hecho de ser mujeres y los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para prevenirla, perseguirla, sancionarla y ofrecer reparaciones integrales de acuerdo a los estándares establecidos por el derecho internacional de los derechos humanos”, expresa la representante de derechos de mujeres de HRW. Para erradicar esta violencia contra el género femenino, señala que es “crucial” la inversión en educación escolar y comunitaria, para no reafirmar estereotipos de género. A este respecto, Tamés sentencia: “La cultura debe cambiar para garantizar que la violencia en contra de las mujeres no sea algo normalizado y aceptado, sino reprobado y no deseado”.

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La “primavera feminista” del país sale a las calles para protestar por la violencia machista y la impunidad

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