El aborto y las guerras culturales escalan las tensiones entre republicanos y grandes empresas en EEUU

"El mercado es racional y el Gobierno, estúpido". La máxima es de Dick Armey, uno de los líderes de la "revolución republicana" de Newt Gingrich con la que en 1994 los conservadores de Estados Unidos recuperaron tras 40 años de sequía el control de las dos cámaras del Congreso. Resume la filosofía que durante décadas ha guiado al Partido Republicano: reducir el papel del Gobierno y elevar las normas del libre mercado a dogma de fe. Se ha quedado vieja para la formación hoy. Aunque la relación del poder político conservador con el mundo corporativo en EEUU lleva años tensándose poco a poco, ahora las tensiones han estallado. Con los republicanos empeñados en poner las guerras culturales en el centro de la agenda de cara a las legislativas de noviembre y las presidenciales de 2024, y con el Tribunal Supremo de mayoría conservadora a punto de revocar cinco décadas de protección constitucional al aborto, el enfrentamiento se intensifica. Todo es 'woke' Los republicanos, que permitieron a Donald Trump dejar como uno de los mayores legados de su presidencia el generoso recorte de impuestos para las grandes empresas que le reclamaban los grandes donantes, se han subido a la ola de populismo anticorporativo. Sacan la artillería pesada contra compañías que, en respuesta a fuerzas de mercado y a la evolución social, en busca de empleados y consumidores más jóvenes que suelen ser más progresistas, toman posiciones políticas contrarias a las de los conservadores. Las denostan como corporaciones 'woke', el concepto que nació para identificar la mayor conciencia sobre injusticias sociales o raciales pero que ha sido demonizado, no solo pero sí especialmente por los conservadores, que lo aplican también desde a la CIA hasta al Ejército. Una formación que pasó años defendiendo que las empresas tenían derechos equiparables a los de las personas porque es lo que les venía bien para las donaciones políticas y logró que el Supremo se los reconociera en la polémica sentencia Citizens United ahora rechaza que puedan ejercer algunos de esos derechos como la libertad de expresión. Y la apuesta republicana por el gobierno limitado ha dejado paso al uso del poder político contra corporaciones, aunque estén en juego esas donaciones. Castigo a Disney No hay mayor exponente de esta nueva época de hostilidades abiertas que la decisión adoptada recientemente por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, contra Disney después de que la casa del ratón criticara y prometiera combatir la polémica ley de derechos parentales en educación, que los críticos han bautizado por su claro contenido contra la comunidad y los derechos LGTB como "no digas gay". Con ayuda de la legislatura conservadora DeSantis, que tiene claras ambiciones presidenciales y es exponente de la deriva autoritaria del Partido Republicano desde la era Trump, ha quitado a Disney el estatus como "distrito fiscal independiente" que tenía desde 1967 en el estado, donde opera Disney World y da empleo a 80.000 personas. El futuro de esa decisión, que no entraría en vigor hasta verano del año que viene, está por ver. Al revocar ese estatus fiscal especial por el que Disney controla y también paga en un área de más de 100 kilómetros cuadrados funciones municipales como el servicio de bomberos o el tratamiento de residuos, dos condados tendrían que asumir el coste de esos servicios, además de la deuda de Disney. La subida de impuestos para los ciudadanos locales sería inevitable. Solo los de propiedad se calcula que aumentarían entre un 20 y un 25%. El paso contra Disney, en cualquier caso, está dado. También desde el Congreso federal 17 republicanos han amenazado a la empresa con no extender los derechos de copyright de Mickey Mouse más allá de 2024 y aseguran que "Disney ha capitulado a activistas de extrema izquierda a través de acciones corporativas hipócritas y woke". Y la advertencia que lanzan a las empresas los conservadores la resumió Laura Ingraham, una de las estrellas de FoxNews: "Si no se mantienen a raya todo estará sobre la mesa". Enfrentamiento en aumento El duelo no es nuevo pero sí la determinación de un radicalizado Partido Republicano . En 2015, por ejemplo, el exvicepresidente Mike Pence, entonces gobernador de Indiana, reculó en una ley de "libertad religiosa" que habría legalizado la discriminación contra la comunidad LGTB después de que mostraran su oposición empresas como Salesforce, Apple, Eli Lilly e incluso la Cámara de Comercio tildara la norma de "enteramente innecesaria". Los enfrentamientos siguieron conforme estados conservadores han ido avanzando legislación regresiva. En 2017, por ejemplo, hubo boicots empresariales a Carolina del Norte por una ley contra la comunidad tránsgenero. En 2021 la Liga de béisbol se llevó el All Star de Atlanta para protestar en Georgia contra una de las primeras normas con que en todo el país los republicanos están restringiendo derechos de voto y que denunciaron en una carta cerca de 200 grandes compañías, que recordaron que "votar es la columna vertebral de la democracia". Los republicanos responden a las corporaciones cada vez más envalentonados. A la liga de béisbol, por ejemplo, la amenazaron con quitarle una excepción antimonopolio que le permite funcionar como organización deportiva y no como un negocio, y a Delta, que también protestó contra la ley de Georgia, con dejarle sin una exención fiscal para el combustible (una amenaza que ya habían realizado cuando la aerolínea rompió con la Asociación Nacional del Rifle por el tiroteo de Parkland). Aborto Las draconianas leyes contra el aborto que han ido viendo la luz en estados republicanos también han tenido respuesta corporativa. 180 empresas firmaron una carta denunciándolas como "malas para los negocios" y algunas fueron más allá. Citigroup, Yelp, Apple, Amazon, Bumble o Salesforce, entre otras, han anunciado que cubrirán gastos de viaje para las empleadas que tengan que viajar fuera de los estados donde trabajan para interrumpir sus embarazos. Uber y Lyft asumen costes de las mujeres que usan los servicios para ir a clínicas para abortar y han prometido encargarse de los costes legales de conductores que sean demandados bajo las leyes de Texas y Oklahoma por llevar a las mujeres. As business leaders, we're responsible for protecting the health and well-being of our employees, and that includes protecting reproductive rights and abortion access. — Levi Strauss & Co. (@LeviStraussCo) 4 de mayo de 2022 La filtración esta semana de la aparente decisión del Supremo de derogar las sentencias que desde 1973 han protegido constitucionalmente el derecho al aborto, que tendrá un duro impacto, ha reforzado la postura de algunas empresas, como Levi's, y ha sido ya denunciada por otras. Muchas grandes corporaciones que han alzado la voz ante causas como las protestas de Black Lives Matter o los ataques legislativos contra los derechos de voto o de la comunidad LGTB, no obstante, por ahora han optado por el silencio o la cautela hasta que haya una sentencia firme. Pero los expertos y observadores creen inevitable que vayan a tener que pronunciarse y actuar. Los republicanos, pese a haber visto cómo algunas empresas tras el asalto al Capitolio cortaban las donaciones a los políticos que han seguido cuestionando la legalidad de los resultados de las elecciones de 2020 que perdió Trump, no dan marcha atrás. Este mismo miércoles, el senador Marco Rubio presentó legislación proponiendo eliminar rebajas fiscales a las que cubran gastos relacionados con procesos médicos de transición de género o con viajes desde estados donde está prohibida la interrupción del embarazo a otros donde es posible, algo que definió como "turismo de aborto". "Nuestro código fiscal debe ser pro familia y promocionar una cultura de la vida", dijo Rubio. "En cambio, demasiado a menudo nuestras corporaciones encuentran tecnicismos para subsidiar el asesinato de niños no nacidos o espeluznantes tratamientos 'médicos' en menores. Mi ley asegurará que eso no sucede". En el actual Congreso no tiene ninguna opción de ser aprobada.

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