¿Espías sin control? Así se dejan vigilar (o no) los servicios de inteligencia en otros países

El escándalo por el espionaje masivo a políticos independentistas con el programa Pegasus de la empresa israelí NSO Group ha puesto el foco en el control de los servicios de inteligencia para evitar prácticas irregulares. En las democracias de Occidente existen mecanismos para fiscalizar la labor del espionaje, aunque en muchos casos este control no evita abusos e irregularidades. Así es como controlan en otros países la actividad de sus servicios secretos: Un programa de espionaje propio Francia resulta prácticamente una excepción europea en materia de espionaje de teléfonos móviles. A diferencia de otros países de la Unión Europea, como Alemania, España o Hungría, sus servicios de inteligencia no adquirieron el programa Pegasus, conocido por permitir el espionaje de un smartphone sin requerir ni siquiera un clic de la persona vigilada. La empresa israelí NSO Group se reunió para venderles este producto a varios cuerpos de la Administración gala, incluida la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI, servicios secretos). Pero finalmente desestimaron su compra a causa de los sospechosos vínculos entre NSO Group y el Estado hebreo, según informó a finales del año pasado el diario Le Monde. Los servicios secretos franceses prefirieron desarrollar sus propias herramientas para espiar teléfonos móviles, aunque mucho menos potentes que las del famoso programa israelí. En los últimos años no se ha destapado ningún caso de un representante de la oposición vigilado por los servicios secretos, pero sí que ha habido algún episodio sonado. Por ejemplo, el de François Ruffin, diputado de la Francia Insumisa (socios de Podemos en Francia), que fue objeto de un seguimiento por parte de Bernard Escuarcini, exdirector de los servicios secretos, después de que se lo pidiera Bernard Arnault, propietario del grupo Louis Vuitton y el hombre más rico de Francia. ENRIC BONET Derecho a preguntar de los ciudadanos La Oficina Federal de Protección de la Constitución es la principal institución encargada de vigilar los movimientos políticos u agentes extranjeros que suponen un peligro potencial o efectivo para la estabilidad interna de Alemania. El servicio de inteligencia observa, por ejemplo, a la ultraderecha, al islamismo radical o a grupos considerados de extrema izquierda. Este organismo está sometido oficialmente a varios mecanismos de control externo. El primero es el Ministerio del Interior, que tiene un delegado encargado de controlar que los servicios secretos respetan las leyes de protección de datos y de libertad de información. Las finanzas de la Oficina de Protección de la Constitución están también bajo el control del Tribunal Federal de Cuentas. El segundo mecanismo de control es el Bundestag (parlamento federal), que cuenta con una comisión parlamentaria en la que los diputados pueden hacer preguntas sobre el funcionamiento interno. Esta comisión parlamentaria también controla al BND (Servicio Federal de Inteligencia) y a los servicios de inteligencia internos del Ejército alemán. Para ello, la comisión tiene derecho a acceder a los expedientes de los diferentes servicios secretos, a sus oficinas y hacer preguntas a sus funcionarios. A través de este mecanismo parlamentario ha trascendido, por ejemplo, que partes del partido ultraderechista AfD y también de los poscomunistas de Die Linke son vigilados por los servicios secretos. Por último, los ciudadanos también tienen derecho a preguntar sobre la información que los servicios de inteligencia alemanes han acumulados sobre determinados temas o sobre ellos mismos. ANDREU JEREZ Control ejecutivo, judicial y parlamentario En el Reino Unido los servicios de inteligencia están sometidos a tres tipos de control: ejecutivo, judicial y parlamentario. En el ejecutivo la dirección general de los servicios de seguridad responde de la legalidad y eficacia de sus operaciones ante el primer ministro y ante el ministro del Interior. El control judicial se basa en un tribunal independiente formado por tres jueces desvinculados del gobierno de turno. Los jueces tienen poder para acceder a los informes de los servicios de seguridad y estos están obligados legalmente a entregárselos. El control parlamentario recae en el Comité de Inteligencia y Seguridad. El poder de este comité se limita a asuntos relacionados con las finanzas y la administración del MI5 (seguridad interior) MI6 (seguridad exterior) y GCHQ (Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico), sin poder alguno sobre asuntos de inteligencia militar, ni sobre la legalidad de sus acciones. Los servicios secretos británicos se han visto involucrados en varios escándalos. En enero de 2015 fueron acusados de haber espiado los correos de periodistas de grandes medios internacionales. GCHQ interceptó mensajes electrónicos de periodistas de la BBC, la cadena de televisión NBC, los diarios The Sun, Le Monde, The New York Times, The Washington Post y The Guardian. Los documentos secretos desvelados por el americano Edward Snowden mostraban que los servicios de inteligencia británicos consideran a algunos periodistas como "una amenaza potencial para la seguridad". BEGOÑA ARCE Del Watergate al 11-S La controversia nunca ha estado lejos de los poderosos servicios de inteligencia en Estados Unidos. El escándalo del Watergate no solo costó la presidencia a Richard Nixon: abrió las compuertas de las cloacas y la comisión Church desveló los abusos de programas del FBI como COINTELPRO, con el que se espió desde al KKK hasta al Partido Comunista o los Panteras Negras, y de otros de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) como Operación Shamrock y el proyecto Minaret, que pusieron en la diana del espionaje, entre otros, a líderes de derechos civiles como Martin Luther King. Tras aquella hecatombe el Congreso aprobó la creación de comités permanentes de supervisión del espionaje en las dos cámaras. Se aprobó también la Foreign Service Intelligence Act (FISA), que Jimmy Carter firmó en 1978 y por la que se creó también un tribunal especial que revisa y decide sobre las peticiones de espionaje de agencias del orden y agencias como el FBI y la NSA. La FISA ha sido enmendada varias veces. La principal ampliación de las capacidades de espionaje del Gobierno llegó con los atentados del 11-S y la aprobación de la polémica Ley Patriota, que dio luz verde al espionaje también de estadounidenses. Pese al control judicial y legislativo, las revelaciones de Edward Snowden en 2013 probaron los excesos y abusos de la NSA. Ahora, como alertan organizaciones como la Electronic Frontier Foundation, se vive un momento en que la vigilancia gubernamental se alimenta, además, de la vigilancia de las grandes corporaciones tecnológicas. Respecto al polémico programa Pegasus, en enero The New York Times reveló que el FBI lo probó durante años y lo compró, así como otro programa de NSO llamado Phantom, con objetivo de usarlo en vigilancia nacional, aunque el FBI asegura que el año pasado descartó desplegar las herramientas. La CIA y la NSA tienen su propia tecnología de vigilancia pero, según el Times, otras agencias del Gobierno, incluyendo en el Ejército y en el Departamento de Justicia, han comprado "spyware" de compañías privadas. IDOYA NOAIN Un pilar intocable del Estado Como país obsesionado con la seguridad desde su creación, los servicios de inteligencia siempre han sido uno de los pilares intocables del Estado de Israel. Famosas son las acciones del Mosad, su agencia de inteligencia nacional, dentro y fuera de sus fronteras. No hay ninguna ley que defina sus poderes, misiones o presupuesto, y solo responden al primer ministro. La sociedad apenas se molestaba por este poder impreciso del que gozan los servicios de inteligencia en Israel. Hasta que llegó Pegasus. Sus creadores de la empresa NSO prometieron que el software estaba diseñado para no poder operar en los teléfonos de Israel. Pero, de acuerdo a una investigación de Calcalist, la llegada a la cúpula policial de miembros del Shin Bet, acostumbrados a controlar las vidas de los palestinos bajo el sistema hipervigilante de la ocupación, convirtió esta herramienta para la expansión de la ciberdiplomacia israelí en parte del sistema de seguridad interna del Estado. El pasado febrero estalló el escándalo. Las promesas de una investigación del Gobierno pronto se difuminaron. El ministro de Justicia, Gideon Saar, calificó las acusaciones de "incorrectas". "No hay necesidad de dar el paso dramático de establecer una comisión estatal de investigación", añadió. Calcalist alegó que esta estaría manchada por conflictos de interés. Por ahora, el debate sobre el espionaje se ha instalado en Israel. Muchos denuncian la falta de legislación en la regulación de la cibervigilancia y exigen la actualización de la Ley de Protección de la Privacidad para que alcance a esos organismos encargados de hacer cumplir la ley y la seguridad. ANDREA LÓPEZ-TOMÀS

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