Una ministra que mezcla espionaje con periodismo decidirá si extradita a Assange a Estados Unidos

Priti Sushi Patel (Londres, Reino Unido, 1972) decidirá en un plazo de 60 días si extradita o no al periodista Julian Assange (Townsville, Australia, 1971), director de Wikileaks, a Estados Unidos. Economista, dirigente del partido Conservador británico, Patel fue nombrada secretaria de Desarrollo Internacional por la primer ministra Teresa May en 2016 y se vio obligada a dimitir en 2017 por el escándalo de sus 14 reuniones secretas con ministros, empresarios y miembros de grupos de presión en Israel, entre ellos, y sin informar a la primera ministra, con el entonces primer ministro, Binyamin Netanyahu, en agosto del citado año. Durante ese viaje, visitó un hospital militar en los Altos del Golán, la meseta de 1.800 kilómetros cuadrados situada entre Israel, Líbano, Jordania y Siria ocupada por Israel (1.200 kilómetros cuadrados) en la Guerra de los seis días de 1967, región que el Reino Unido considera anexada ilegalmente. Patel reconoció finalmente que había violado las "normas de transparencia" en su carta de dimisión tras una primera reacción en la cual se había justificado con el argumento de que el entonces secretario de Estado del Foreign Office (Ministerio de Asuntos Exteriores) conocía sus visitas y encuentros. El secretario en aquel momento era Boris Johnson. Luego se vio obligada a aclarar que Johnson lo supo después de realizadas las reuniones, no antes, como correspondía. En julio de 2019, el flamante primer ministro Boris Johnson nombró a Patel secretaria del Home Office al formar su gobierno. Estamos en Londres. Es el 11 de abril de 2019. La policía británica arresta a Assange en la embajada de Ecuador, donde se refugia durante siete años. El ministro de Asuntos Exteriores británico, Boris Johnson, lanza el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Es justo que Julian Assange finalmente se enfrente a la justicia. Solvencia de los funcionarios del Foreign Office que han trabajado incansablemente para asegurar este desenlace". It’s only right that Julian Assange finally faces justice. Credit to @foreignoffice officials who have worked tirelessly to secure this outcome. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 11 de abril de 2019 El pasado miércoles, 20 de abril, pues, tuvo lugar el último acto formal de la justicia británica en la Westminster Magistrate’s Court después de que el Tribunal Supremo denegó, el 14 de marzo pasado, autorización a la defensa de Assange para recurrir la resolución del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (High Court of Just of Justice) de diciembre pasado por la cual el periodista puede ser extraditado a Estados Unidos. El magistrado-jefe del mencionado tribunal londinense, Paul Goldspring, en el clásico procedimiento administrativo, comunicó a Assange, detenido desde 2019 en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres, que daba curso a lo que será el último acto de fondo del procedimiento: la decisión de la ministra del Interior. Alegaciones de la defensa La defensa de Assange puede presentar alegaciones a la ministra del Interior antes de su decisión y una vez anunciada la misma podrá ser apelada en revisión judicial ('judicial review'), un recurso que, según fuentes jurídicas en Londres, no tiene mucho recorrido. Las expectativas en una decisión favorable a Assange, es decir, contraria a la extradición, son muy bajas, por no decir nulas. Porque Priti Patel, hija de inmigrantes de Uganda e India, inspirada en el liderazgo de Margaret Thatcher al ingresar al Partido Conservador, representó la línea más derechista favorable al Brexit y ahora ejercita una filosofía antiinmigración desde el Ministerio del Interior. Periodismo y espionaje Pero en lo que atañe a Assange, en particular, tiene relevancia el impulso que Patel ha dado al proyecto de ley de secretos oficiales para endurecer las penas por la filtración de informaciones consideradas clasificadas. Si bien el texto de su proyecto de ley, que propone aumentar las penas por filtración de 2 a 14 años, las palabras 'periodista' y 'periodismo' brillan por su ausencia y la palabra 'prensa' solo es mencionada en dos oportunidades, se mezcla o se asimila en el mismo periodismo con espionaje, en un intento de frenar a periodistas, denunciantes ('wistleblowers') y fuentes de información a la hora de poner en aprieto a gobiernos y servicios de inteligencia. Que es precisamente la actividad por la que se quiere juzgar a Assange, para quien los fiscales norteamericanos piden una pena de hasta 175 años de prisión por 17 presuntas violaciones de la ley de espionaje norteamericana. Calificado de "pirata informático" Aunque buena parte de la profesión periodística y medios de comunicación parecen mirar hacia otro lado en este caso, después de nutrir sus portadas durante años con revelaciones de Assange sobre las guerras de Afganistán e Irak, entre otros asuntos, e incluso no son pocos los que llegan a calificar a Assange de "pirata informático", lo cierto es que en el 'caso Assange' se desarrolla una batalla de ciertos estados por criminalizar la información mediante la puesta en práctica de una jurisdicción extraterritorial de facto. El Reino Unido tiene sus propias razones para apoyar esta persecución. Porque durante la época de Tony Blair, uno de los estrategas con el presidente norteamericano George W. Bush de la guerra de Irak, hubo múltiples filtraciones de documentos relevantes sobre la campaña de intoxicación de ese conflicto en torno a las inexistentes armas de destrucción masiva de Sadam Husein -filtraciones en las que Assange nada tuvo que ver- en 2003 y 2004. Riesgo de suicidio Ahora bien, ¿cómo se ha pasado de un veredicto contrario a extraditar a Assange en diciembre de 2021 por razones de salud a colocarle al borde de la entrega a las autoridades de EEUU? La magistrada Vanessa Baraitser, que no se mordió su afilada lengua contra Assange durante el juicio, sentenció, en cambio, que no podía ser extraditado a EEUU porque sus problemas de salud suponían, bajo el sistema carcelario y penal al que sería sometido, un serio riesgo para su supervivencia, incrementándose el riesgo de suicidio. La magistrada concluyó, de acuerdo con la ley vigente y los convenios entre el Reino Unido y EEUU, que la extradición es un "acto opresivo". Pero el abogado que representa al Ministerio de Justicia norteamericano –James Lewis, el también letrado de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en la demanda civil contra Juan Carlos I en el Tribunal Superior de Justicia inglés– solicitó permiso para recurrir y, tras obtener la autorización, ofreció todas las garantías para respetar la situación de Assange en la prisión norteamericana e incluso la posibilidad de que cumpliese parte de su condena en su país natal, Australia. El tribunal consideró suficiente dicho compromiso y dio luz verde a la extradición. Promesas incumplidas Problema: EEUU incumple sus compromisos. El caso del ciudadano español nacido en Los Ángeles David Mendoza Herrarte es un ejemplo. Fue entregado en 2009 por la Audiencia Nacional a las autoridades norteamericanas con la condición -aceptada- de que una vez condenado a 14 años -por importación de marihuana de Canadá a EEUU- cumpliera condena en España. Pero la promesa se la llevó el viento. En marzo de 2000, Jack Straw, ministro del Interior del Gobierno de Tony Blair, tras ser aprobada la extradición de Augusto Pinochet a España por la justicia británica, decidió en base a informes médicos confidenciales que por razones de salud -demencia senil sobrevenida- el exdictador chileno no podía ser sometido a juicio y estimó un "acto opresivo" su entrega a las autoridades españolas. Pinochet regresó a Chile. Los testimonios de médicos y especialistas sobre la mala salud y los riesgos de suicidio de Assange han sido realizados en público, en sesión oral. A ello se unen pruebas de que los servicios de inteligencia han intentado asesinar, sin éxito, al periodista. La suerte, pues, no debería considerarse definitivamente echada.

Una ministra que mezcla espionaje con periodismo decidirá si extradita a Assange a Estados Unidos

Priti Patel, secretaria del Home Office (Interior) del Gobierno de Boris Johnson, prepara una ley de secretos oficiales que elevará las penas de prisión por filtraciones de los servicios de inteligencia de 2 a 14 años

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