Drogadictos sin tumba en Filipinas

Las víctimas de la cruzada antidroga en Filipinas tampoco han encontrado la paz en el cementerio. Sus cadáveres están siendo exhumados tras vencer el arrendamiento de las tumbas porque sus familiares carecen de ingresos para prorrogarlo. No es una operación delicada: las lápidas se revientan a martillazos y los restos se colocan en bolsas que serán arrojadas a una fosa común o cualquier rincón alejado de la vista. Es el último y previsible efecto de la campaña más mediática de Rodrigo Duterte. Nadie puede acusar al presidente de incumplir sus promesas electorales: dijo que acabaría con los drogadictos y se afanó en ello. Las cifras oficiales hablan de 7.000 drogadictos y camellos abatidos por la policía y las organizaciones de derechos humanos han contado más de 30.000. El fragor se concentró en el primer año con 35 muertos diarios de media. Los expulsados de sus tumbas ahora son los caídos en esa primera ola. Los muertos se concentran en arrabales del cinturón metropolitano de Manila como Nabotas o Caloocan. Un paseo revela una pobreza dolorosa. Chabolas de madera, lodazales donde se aprietan niños semidesnudos, gallinas y perros desnutridos, sin agua corriente y con inquietantes empalmes eléctricos. "Si eres pobre, estás muerto", tituló Amnistía Internacional su informe sobre la campaña antidrogas de Duterte. El cuadro explica el drama: el alquiler de esos humildes cubículos apilados en bloques de cemento cuesta un millar de pesos al año, unos 17 euros, demasiados para los que apenas llenan el bol de arroz. El sueldo medio en Filipinas no alcanza los 270 euros y la pandemia ha engordado la cuenta de pobres. Los fallecidos, además, eran el principal sostén de la familia en muchos casos. Escasez de espacio Las alternativas, vencido el lustro, no van más allá de un osario del tamaño de una caja de zapatos o la fosa común. Muchos familiares se han encontrado las lápidas reventadas antes de elegir porque la escasez de espacio en los camposantos de la región metropolitana de Manila empuja al febril relevo de inquilinos. El padre Flavie Villanueva, un tenaz azote de Duterte, proporciona a los familiares una salida más digna. Desde el pasado año, cuando empezaron los vencimientos, organiza exhumaciones e incineraciones para que los familiares dispongan de una urna que guardar en casa. No es mucho, ni se ajusta a la tradición filipina, pero mejora el amontonamiento de huesos anónimos. Los cementerios filipinos subrayan las desigualdades sociales. Apenas unas decenas de metros separan las sólidas criptas familiares de esos pedestres nichos con el nombre del fallecido escrito a veces con tinta. Los cartones, latas de cervezas y el resto de desechos certifican un deterioro que es matizado por los vivos colores de los bloques de hormigón donde se aprietan las tumbas más humildes. También los niños que corretean y juegan dan un aire festivo. El cementerio de Nabotas, uno de los distritos más castigados por la campaña antidroga, parecía el escenario de una tragicomedia berlanguiana años atrás. Los jóvenes habían sujetado una red entre las tumbas para improvisar una cancha de voleibol y lamentaban que los frecuentes cortejos fúnebres interrumpieran sus partidos. "No tenemos parques, ¿dónde quieres que juguemos?", preguntaban. Emong Ramos, en cambio, agradecía el frenesí. El enterrador, con 40 años de experiencia, cobra por encargo. "Nunca he trabajado tanto", contaba a este corresponsal. Estos días revelaba al diario hongkonés South China Moning Post que unas 300 bolsas con restos sin reclamar están desperdigadas por el cementerio. Añeja tradición Los entierros no son una cuestión menor en el país más católico de Asia. En aquella vorágine de relatos de dramática pérdidas, los mayores lamentos se dirigían a los costes de las exequias. Es costumbre que los vecinos jueguen al bingo organizado por la familia para recaudar fondos. Sólo cuando se ha cubierto la suma será sepultado el cuerpo, al que se le ha inyectado formaldehído para que aguante un mes al aire libre. No es raro que la policía intervenga después de varias semanas para clausurar el bingo y ordenar el entierro. Son habituales las visitas de los familiares al cementerio a los nueve días, a los 40 días y en los aniversarios del finado. Contra toda esa añeja tradición atentan las groseras exhumaciones actuales. La Corte Internacional Penal, con sede en La Haya, investiga si en la campaña antidroga de Duterte se han cometido crímenes contra la humanidad. Sobre su jurisdicción hay dudas: Duterte ha calificado las alegaciones de "idioteces" y recordado que el país no es miembro del tribunal desde que lo retirara en 2019. Para los jueces, sin embargo, los desmanes cometidos antes de esa fecha son perseguibles. No parece que el asunto preocupe a Duterte, que agotará próximamente su mandato.

Drogadictos sin tumba en Filipinas

Los fallecidos son exhumados tras haber vencido los cinco años de alquiler de sus nichos y sus restos arrojados a una fosa común

Las cifras oficiales hablan de 7.000 drogadictos y camellos abatidos por la policía, aunque las organizaciones de derechos humanos han contado más de 30.000

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