Tras la huella de los crímenes de guerra en Ucrania

Las atrocidades cometidas en pueblos como Bucha y Borodianka, que durante semanas hicieron de escudo del avance del Ejército ruso sobre Kiev, ha conmocionado al mundo por el reguero de cadáveres de civiles inermes descubiertos, algunos de ellos maniatados y con claros signos de haber sido ejecutados- después de la retirada del Ejército ruso. El Gobierno ucraniano ha acusado directamente a Moscú, y Rusia ha respondido que se trata de un “montaje”, al mismo tiempo de que múltiples voces se han hecho oír para exigir que estos hechos sean juzgados en tribunales internacionales como crímenes de guerra. Incluso se han levantado voces que hablan de un genocidio. Sin embargo, pese a la gran conmoción causada por ese descubrimiento, al que se suma el brutal asedio de Mariúpol con bombardeos a hospitales, o el ataque indiscriminado en Kramatorsk a una estación ferroviaria donde cientos de civiles esperaban coger un un tren para huir, varios los expertos indican que la investigación y el posterior enjuiciamiento de los responsables de las matanzas acontecidas será cuesta arriba, llevará años e, incluso, podría no completarse. En la actualidad, existen una serie de crímenes castigados por los Convenios de Ginebra de 1949 y por el Estatuto de Roma, adoptado en 1998. Se trata del crimen de lesa humanidad, que implica el haber cometido de forma sistemática y a gran escala ataques contra la población civil (excluye los militares). Luego están los delitos tipificados como crímenes de guerra , donde la responsabilidad es individual y que incluyen el homicidio y la violencia sexual en situación de guerra. Y se suman dos más: el genocidio, que aplica cuando se denuncia la intención es destruir un grupo nacional, étnico o religioso como tal, y el crimen de agresión, el último reconocido por la Corte Penal Internacional (TPI) en 2018 y se contempla cuando existe un atacante que va en contra de la soberanía, integridad territorial o independencia de otro Estado. Todo ello, por supuesto, se tiene que demostrar, lo que empieza con la recopilación de declaraciones públicas y de los testimonios de supervivientes y testigos, así como de las pruebas, que hoy día pueden incluir tanto imágenes de satélite y fotografías en el terreno como material digital difundido en redes sociales y en medios de comunicación. Algunas oenegés están usando Apps para que la población pueda colaborar y documentar los crímenes. Pueblo a pueblo De ahí también que investigadores ucranianos hayan empezado a ir pueblo por pueblo para recoger pruebas y hablar con sus gentes, trabajando con forenses para los informes médicos. Según el 'Washington Post' , la fiscalía general ucraniana ha desplegado por todo el país a 50.000 personas de los diferentes organismos gubernamentales con la esperanza de poder utilizar sus pruebas para un juicio por crímenes de guerra contra Vladímir Putin y las fuerzas enviadas a invadir Ucrania. Tanto expertos ucranianos como internacionales afirman que consideran que existen “elementos que corroboran que estos crímenes han sido cometidos”, dice Sergei Petukhov, profesor de Derecho Internacional y exviceministro de Justicia de Ucrania. “Claramente en Ucrania se han cometido crímenes de guerra, y la tecnología ayuda”, coincide la abogada Irene Victoria Massimino, especialista en Derecho Internacional y cofundadora del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio. “En el caso del delito de agresión, el presidente ruso (Vladímir Putin) comunicó públicamente sus intenciones en Ucrania, y la Asamblea General de la ONU lo ha condenado”, afirma Petukhov, al advertir que, sin embargo, todo proceso podría alargarse por muchos años “sobre todo si la guerra no se detiene”. “Hay centenares de víctimas”, insiste, al decir que tampoco se excluye que se haga un llamamiento para que los soldados rusos se presenten a testificar a cambio de protección. Con el apoyo de una cuarentena de países, la fiscalía del TPI ya abrió el pasado mes de marzo una investigación sobre los crímenes cometidos en Ucrania. Sin embargo, existen unos grandes ‘peros’ a la posibilidad de juzgar, en un tribunal internacional, los crímenes cometidos en Ucrania o imputar a Putin. El primero reside en la intrincada tarea de establecer cuál es el tribunal con más posibilidades de tener éxito. De hecho, el Kremlin revocó en 2016 su firma del Estatuto de Roma y ello significa que en caso de una orden de detenicón internacional, sus ciudadanos solo podrían ser arrestados en países que acepten su jurisdicción, nunca en Rusia. Aval de Kiev Ucrania tampoco es un Estado firmante del Estatuto de Roma, por lo que el fiscal del TPI tiene que contar con el aval de Kiev, algo que, sin embargo, ya ha ocurrido en en el pasado, porque en el 2014 aceptó su jurisdicción, tras la invasión de Crimea. Dicho esto, es difícil prever qué ocurriría en el caso de un procedimiento en el que se impute, por ejemplo, a un ciudadano ucraniano acusado de haber asesinado a soldados rusos capturados -como se ha denunciado-, en violación de la ley sobre el trato debido a los prisioneros de guerra. Otra opción es la creación de un tribunal penal internacional específico, como ha pedido el jurista francobritánico Philippe Sands, profesor en la University College de Londres. Un ejemplo es el del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY). Pero, en este caso, el apoyo político de la comunidad internacional deberá ser amplio, subraya la abogada Massimino. “El tema es que tiene que haber un apoyo político muy significativo, porque crear un tribunal ‘ad hoc’ implica reconocer los grandes fallos que tiene el TPI”, dice Massimino. Una tercera alternativa es llevar las denuncias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, y que tiene la misión de dirimir conflictos entre Estados. Pero Moscú ya ha avisado que considera que también este órgano no tiene jurisdicción, y tampoco hay consenso entre los expertos sobre si este tribunal es competente.

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