Papeles falsos, trata, usura y explotación acechan a los refugiados ucranianos

Pocas situaciones hay de mayor vulnerabilidad que la de una mujer sola huyendo de una guerra en un país extraño: acaso la de una mujer sola huyendo de una guerra en un país extraño… y con niños a cargo. Y más aún si esa mujer es anciana. El Ministerio del Interior ha puesto en alerta a "todo tipo de especialistas" policiales para extremar la atención sobre posibles delitos contra el aluvión de refugiados que ha empezado a llegar a España, confirman fuentes del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska. De los tres millones y medio de desplazados que han salido de Ucrania huyendo de los misiles de Vladímir Putin, el 79% son mujeres y menores. Vigilar a los lobos que rodean a este rebaño es el objetivo de las unidades de prevención de la trata de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Agentes de esta especialidad "están desplegados desde el principio de esta crisis en los puntos más calientes", indican las fuentes de Interior. Esos puntos son todos los pasos fronterizos, estaciones de tren, de autobús y aeropuertos. Los nodos importantes de transporte son lugares de acecho para quienes buscan carne fresca para burdeles, trabajadoras baratas para todo tipo de servicios, menores o personas dispuestas a deshacerse de los ahorros o la ayuda que lleven consigo en un momento de especial tribulación. Entre esos nodos, las carreteras. La Guardia Civil ha contado este domingo la detención de un grupo de ladrones de autopista, dedicados al hurto y el descuido a extranjeros en las zonas de parada de la A-1, A-62 y AP-7. Entre sus presas, una familia de desplazados ucranianos que descansaba en un área de servicio de la AP-7 en Castellón. El pasado 3 de marzo cinco hombres se ofrecieron a ayudarles con una rueda... que previamente habían pinchado. Mientras uno les liaba con el coche abierto, los otros les quitaron joyas, billetes de avión y 7.000 euros en efectivo; lo que habían podido sacar para su huida de Ucrania. Papeles a 250 euros El peligro ya despuntó en Alicante. Los acechadores de ucranianos desvalidos pueden ser audaces, incluso a la puerta de las comisarías. El pasado 24 de marzo estaban merodeando las colas ante las sedes de la Policía Nacional en la ciudad. Eran dos rusas, madre e hija. Vendían a las víctimas trámite rápido para sus papeles, cuando cualquier refugiado ucraniano tiene garantizada la Protección Temporal por espacio de un año prorrogable a tres. Las mujeres llevaban estafados 5.000 euros cuando las detuvieron. Se dirigían en ruso a la gente que hacía cola por la mañana, la mayoría recién llegados en viajes particulares. Según fuentes de la operación, decían a sus víctimas que trabajaban para la policía española, y que los trámites serían mucho más rápidos si pagaban. El precio de su servicio: 250 euros por adulto, y 150 por niño. La mayoría (64%) de los adultos de nacionalidad ucraniana que están llegando y regularizan su situación tienen estudios universitarios, según datos del Ministerio de Inclusión, y pueden evitar caer en timos burdos. Pero no está libre de los sofisticados: las dos rusas habían sido traductoras en una empresa que subcontrata la Policía, y se saben bien el trámite de regularización. Ojo con Levante No solo se cometía estafa en la cola de los refugiados; también coacción. Las víctimas han contado a la Policía que cuando Interior les daba gratis sus documentos, se daban cuenta del engaño y pedían que les devolvieran el dinero, las rusas les amenazaban con anular el trámite de regularización diciéndoles que podían cancelar sus nuevos papeles. Que haya ocurrido en Alicante no es casual. Madrid y Barcelona, donde el pasado jueves iban ya concedidas 6.407 protecciones temporales, son lugares claros de vigilancia. Pero sobre todo lo es -indican fuentes de la Guardia Civil- el eje Valencia-Alicante-Murcia, donde están yendo a parar muchos refugiados ucranianos más de los 3.881 ya protegidos por España, en busca del calor de una nutrida colonia de compatriotas establecida allí. No solo los nodos de transporte son lugar de vigilancia. También están llamados a estar atentos para obtener información los agentes de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior. Sus especialistas, en las conversaciones que mantienen con las personas recién llegadas para los trámites de regularización, deben detectar detalles que evidencien si han sido objeto en el camino de estafas, préstamos o levas de bandas organizadas para la trata y la explotación laboral. Policías nerviosos La obtención de información preventiva en Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, y mucho más en Moldavia, se está volviendo muy difícil, por ejemplo sobre el fenómeno de los prestamistas, porque las unidades de documentación de sus policías están desbordadas y algunos de estos abusos no son allí delito. El éxodo de ucranianos ahora lleva un ritmo de 60.000 personas por día, pero ha habido fechas, como los pasados 6 y 7 de marzo, que entraban en territorio Schengen casi 300.000 ucranianos diarios. Algunos de los solidarios españoles que han acudido en iniciativas particulares a recoger refugiados a Cracovia, Varsovia y zonas polacas cercanas a la frontera con Ucrania han experimentado, incluso desagradablemente, el creciente nerviosismo de las policías locales ante la afluencia de posibles traficantes de seres humanos o simples usureros aprovechándose del desvalimiento de las viajeras. "Las oenegés desconfiaban de nosotros, y había militares controlando el acceso al campo de refugiados", relata José Miguel Fúnez, uno de los organizadores de la caravana de 33 taxis de Madrid que se fue a Varsovia a recoger refugiados hace dos semanas. "Pero no nos pidieron la documentación nunca, y fuera del campo había centenares de personas buscando transporte", añade. Y este detalle preocupa mucho a las fuentes consultadas en las Fuerzas de Seguridad. Este detalle, en sus diversas acepciones: no solo los delitos que se puedan cometer contra los refugiados; también el aprovechamiento del caos de la guerra para otro tipo de infracciones. La Policía Nacional tiene acreditado que las mafias rusas manejan documentación ucraniana simulada. Agentes de ese cuerpo detuvieron en septiembre, en el aeropuerto de El Prat, a un "ladrón en ley", o líder mafioso ruso, buscado por la justicia de su país desde que, en 2020, se fugó de un juzgado al que lo habían llevado a declarar. Lo atraparon en Barcelona cuando intentaba entrar en España utilizando un pasaporte falso de Ucrania. Según informó la Policía, venía con el fin de dirigir su banda en este país manteniendo el anonimato. Peligro en la 'Fase 2' La estafa por papeles o el abuso por el transporte son los dos principales daños que pueden sufrir los ucranianos en esta primera fase de su refugio en España. Pero pronto se abrirá la segunda fase, "cuando sean capaces de vivir solos, y necesiten ayuda para pagarse un alquiler, o para trabajar…", explican en el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que organiza el sistema español de acogida. En ese momento crecerá el peligro de la trata "si estas personas, sobre todo las mujeres, no tienen una buena cobertura para sus gastos", advierten las fuentes de la Guardia Civil consultadas. Es otro escenario, cuya vigilancia corresponde a los ojos del instituto armado y los de los Mossos y ertzainas en el mundo rural y las urbanizaciones. Oksana Peresadko, intermediaria rusa de operaciones inmobiliarias en la Costa Blanca, ya ha detectado intentos de explotación: "Me viene gente española a ver si sé de ucranianas que quieran trabajar en sus casas, de internas -cuenta-. Y por menos del sueldo mínimo, claro". Expertos de la Guardia Civil indican cinco nichos donde la explotación es probable: las guarderías de granjas y fincas, las cuadrillas de jornaleros, los refuerzos por horas para albañiles, el cuidado particular de ancianos y las chapuzas de mantenimiento en jardines y urbanizaciones.

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