Ya son 96 los multimillonarios rusos sancionados por la agresión a Ucrania

Son 946 los nombres de ciudadanos rusos y de Crimea, así como las empresas y entidades que gestionan, los que integran hoy la fluctuante lista de castigados por la Unión Europea con la congelación de sus activos. Cuatro edictos del Consejo Europeo han ido sumando nombres a esa lista desde que, en marzo de 2014, los gobiernos de la Unión decidieran no dejar impune la anexión de Crimea por Rusia, aquella primera “operación militar especial” de Vladimir Putin que sirvió de prólogo a la actual invasión de Ucrania. Pero, de esa lista, solo una porción son “oligarcas” rusos. Noventa y seis identifica otra lista, la de sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a partir de 2018. No todos los nombres que señala Estados Unidos aparecen en la lista europea. Es el caso del petrolero Vagit Alekperov, presidente de Lukoil, o el magnate del aluminio Oleg Deripaska, dueño de la eléctrica EN+, señalado en la orilla americana, pero no (todavía) en la Unión. La lista europea incluye a los 450 miembros de la Duma (parlamento) rusa. La lista americana originaria reúne menos gente, 327: los 96 oligarcas, 114 políticos, 74 ministros y consejeros regionales y 43 funcionarios del Kremlin; y no solo relacionados con la agresión a Ucrania: también con la promoción de la guerra en Siria. Estén en uno u otro listado, todos tienen algo en común: pesa sobre ellos la acusación occidental de haber promovido o apoyado la guerra en Ucrania y de sostener el régimen de Vladimir Putin. El Fichero FSD y el S241 Report La inclusión del mandatario ruso es, por cierto, reciente, tanto como la del ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, y las de los jefes militares Valeri Gerasimov (Estado Mayor) y Serguei Shoigu (ministro de Defensa): del 28 de febrero en estos casos. Sus nombres figuran en los dos grandes ficheros de los que, quizá algún día, sacará filiaciones un tribunal internacional. El norteamericano, elaborado con datos de la inteligencia exterior y financiera del Departamento de Estado, se originó en el Section 241 Report elevado a la Secretaría del Tesoro con los “America’s adversaries” en enero de 2018, y actualmente entra en la que los burócratas americanos llaman SDN List. Son las siglas de Sepecially Designed Nationals. La lista europea se guarda en un largo fichero informático -40 segundos de scroll de ordenador no bastan para que desfilen todos los nombres-: el FSD (Financial Sanctions Database). Once días de guerra híbrida en Crimea, entre el 6 y el 17 de marzo de de 2014, decidieron finalmente a la UE a crear el fichero. La celebración de una suerte de referéndum de autodeterminación impulsado por Rusia entre los prorrusos de Crimea y los ucranianos recién conquistados espoleó a la UE: “Los Jefes de Estado o de Gobierno consideraron que la decisión del Consejo Supremo de la República Autónoma de Crimea de celebrar un referéndum sobre el estatuto futuro del territorio es contraria a la Constitución de Ucrania y, por tanto, ilegal”, dice el preámbulo de las sanciones. También periodistas A partir de la condena de aquel referéndum inconstitucional la lista empezó a poblarse. Y no solo de políticos o empresarios. Están en esta cárcel virtual personajes como Tigran Keosayan, periodista y director de cine “que ha difundido propaganda antiucraniana en los medios rusos”, dice el edicto que lo metió en la lista el 28 de febrero. Su programa de televisión “financiado por el Estado” 'Aserradero con Tigran' es considerado un instrumento de "desestabilización, menoscabo y amenaza de la seguridad de Ucrania". Es el caso también de la periodista Olga Skabeyeba, de la televisión pública Rossiya 1. “Junto con su esposo Yevgeni Popov, presenta la tertulia política más popular de Rusia, ’60 minutos’, en la cual ha difundió propaganda antiucraniana (…) de manera sesgada (…) rebajando a Ucrania al papel de ‘anti-Rusia’”, dice su ficha europea. De forma tácita, las acusaciones europeas atribuyen a estas estrellas de la comunicación rusa un papel de herramienta de Putin y su régimen, como Estados Unidos lo ve en los oligarcas y sus empresas. A los primeros los considera como tales si su fortuna supera los 1.000 millones de dólares. A las segundas, si están participadas o dominadas por el Kremlin, las llama “entidades paraestatales”. “Las paraestatales rusas –dice un informe del Tesoro elevado al Congreso norteamericano en 2018 para informar del S241 Report- tienen orígenes en la economía dirigida de la Unión Soviética”. Los gigantes industriales que fueron privatizados han sido parcialmente renacionalizados por compra, decreto o pactos de colaboración público-privada. Hoy suman “un tercio de todos los empleos en Rusia y un 70% de su producto interior bruto”. Dos ministerios españoles implicados Europa, en su reglamento de ejecución de las sanciones, define a sus objetivos rusos como “personas físicas responsables de acciones que menoscaben o amenacen la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania”. Sobre sus bienes, el diario Oficial de la UE estableció ya en marzo de 2014: “Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas físicas o jurídicas que figuren en el anexo…” Esta orden es ley para los estados de la Unión. En España, dos departamentos han de sancionar a los rusos del fichero: el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Subdirección General de Inspección y Control de Movimiento de Capitales, dependiente del Ministerio de Economía. Bajo esa vigilancia se considera, por ejemplo, al primer ruso que entró en la lista, el 17 de marzo de 2014. Se llama Serguei Valerievich Askionov y tiene 49 años. El 27 de febrero de aquel año “fue elegido ‘Primer Ministro de Crimea’”, relata su ficha de acusación, en una sesión del parlamento regional cuando menos irregular: la votación se hizo “en presencia de hombres armados prorrusos”.

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Resumen multimedia de la evolución de la guerra entre Rusia y Ucrania

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