Las argucias de Putin para buscar una justificación legal a la invasión de Ucrania

Las leyes de la guerra raramente se respetan, lo que no quita que los Estados que las violan traten habitualmente de buscar una justificación legal a sus intervenciones militares para cubrirse las espaldas y darles una pátina de legitimidad. Eso ha hecho que a lo largo de la historia se hayan fabricado toda clase de pretextos para ir a la guerra. Lo hizo Estados Unidos tras el hundimiento del USS Maine en el puerto de La Habana en 1898, atribuido por sus tabloides a las fuerzas coloniales españolas; con el incidente del Golfo de Tonkin (1964), fabricado por sus servicios de inteligencia para atacar al régimen comunista de Vietnam del Norte, o con las inexistentes armas de destrucción masiva que allanaron la invasión de Irak en 2003. Pero tampoco Rusia ha escapado a esa misma tentación, como se vio en 2008 con su incursión militar en Georgia para respaldar a las regiones separatistas prorusas de Osetia del Sur y Abjasia esgrimiendo que sus ciudadanos estaban siendo víctimas de una campaña de limpieza étnica por parte del Ejército georgiano. O años más tarde, en 2014, al justificar la invasión y posterior anexión de Crimea por la necesidad de proteger a la población rusófona o étnicamente rusa de la península de los ataques "fascistas" de las milicias ultranacionalistas ucranianas. El guion vuelve a repetirse ahora en Ucrania, de forma tan poco convincente como entonces. Y es que las leyes de la guerra, codificadas en el derecho internacional humanitario, solo avalan el uso de la fuerza por parte de los Estados en dos supuestos: la legítima defensa en respuesta a un ataque armado, y la preservación de la paz y la seguridad mundial sancionada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguno de esos presupuestos se da en Ucrania, donde Putin ha acusado al Gobierno de Kiev de perpetrar un "genocidio" contra la población rusa de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, en la región del Donbás. Intervención unilateral humanitaria "Lo más irónico de todo es que, aunque los argumentos de Putin fueran ciertos, que no lo son, seguirían sin aportar una justificación legal para el uso de la fuerza en Ucrania", afirma a este diario Kevin Jon Heller, asesor especial del Tribunal Penal Internacional y profesor de derecho humanitario de la Universidad de Copenhague. "Básicamente lo que plantea es el derecho a la intervención unilateral humanitaria para proteger a civiles inocentes, un concepto muy disputado por el derecho humanitario y sin apenas respaldo a menos que esté autorizado por el Consejo de Seguridad". Tradicionalmente Rusia ha condenado la misma doctrina que ahora abandera, como hizo durante la intervención de la OTAN en Kosovo en los años 90. Por entonces decenas de países acabaron avalando la llamada "secesión correctiva" de la provincia serbia como único remedio para frenar la persecución sistemática de sus ciudadanos albanokosovares. "Putin está ahora utilizando en el Donbás la misma retórica que Occidente empleó en Kosovo. Puede que no sea legalmente correcto, pero tampoco es del todo descabellado", dice Heller. Reconocimiento de las regiones separatistas Eso explicaría por qué Putin reconoció el lunes la "independencia" de las dos regiones secesionistas, enfrascadas desde hace ocho años en una guerra civil contra el Ejército ucraniano. Legalmente la maniobra rusa no tiene validez internacional, pero podría proporcionarle pretextos adicionales para justificar una invasión a gran escala del Donbás. Una invasión que, a ojos de EEUU, ya ha comenzado, una tesis reforzada por el anuncio del Kremlin para desplegar en la región tropas "en misión de paz". Y es que la ley humanitaria reconoce el derecho de los Estados soberanos a invitar a terceros países a sumarse a su defensa colectiva frente a una agresión extranjera. El problema de esta línea argumental es que ni Ucrania es una potencia foránea en el Donbás ni Lugansk y Donetsk son repúblicas soberanas. Pero la estrategia le sirve apuntalar su fin último: recuperar la esfera de influencia que tuvo la Unión Soviética en la Europa del este durante la guerra fría. De ahí sus demandas para que la OTAN se retire de la región o garantice que nunca integrará a Kiev en su alianza. Como hizo EEUU en América Latina durante buena parte del pasado siglo, Putin aspira a que nadie más que Rusia pueda interferir en su patio trasero, por más que esos países sean Estados soberanos con derecho a escoger sus alianzas. Eso explicaría también por qué Putin volvió a presentar el lunes al Estado ucraniano como una ficción, producto de un error histórico de Lenin que habría dejado a Rusia sin una parte indisociable de su territorio. Y es que, negando la independencia de Ucrania, está implícitamente negando su derecho a labrar su propio camino. Lo que está claro es que con la invasión de su vecino eslavo Rusia está incurriendo en un crimen de agresión, técnicamente punible por el Tribunal Penal Internacional (TPI) y la veintena de países que lo han incorporado en su legislación y han abrazado la jurisdicción universal. Es muy cuestionable, sin embargo, que esa potencial amenaza legal vaya a disuadir a Putin. "La agresión es quizás el crimen más difícil de juzgar porque el TPI tiene una jurisdicción limitada al respecto y porque la mayoría de Estados están poco interesados en perseguirlo, ya que, al ser un crimen de Estado, no se juzga a individuos sino a un país entero", reconoce Keller, el asesor del TPI.

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