22 días después de que centenares de camiones se instalaran en el centro de Ottawa para iniciar una protesta contra los mandatos de vacunación y cuatro días después de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declarara una inédita emergencia federal por manifestaciones que se han transformado en lo que tilda de “ocupación ilegal”, la acción policial contra los manifestantes en la capital canadiense ha empezado a ser contundente. Mientras, el Parlamento ha suspendido debido al operativo policial la sesión de debate sobre la aplicación de la ley de emergencia, aunque se mantiene el plan de retomar las sesiones el fin de semana y votar a principios de la semana que viene.

Ottawa ha amanecido cubierta de nieve y de agentes uniformados, vehículos y furgones policiales y ambulancias. A primera hora de la mañana han empezado a realizar arrestos en la zona más cercana al centro comercial Rideau, el mayor de la capital, que se vio obligado a cerrar sus 175 tiendas y enviar a casa sin sueldo a sus trabajadores con la llegada del llamado "convoy de la libertad".

Ha habido también arrestos cerca de la Universidad de Ottawa y ambos forman parte de una estrategia de ir desalojando primero bolsas menores de vehículos antes de empezar la operación plenamente en Parlament Hill, donde están más camiones y los más grandes.

Algunos de los participantes en las protestas se han entregado voluntariamente y otros han sido detenidos después de encerrarse en sus coches y de que la policía rompiera sus cristales. Mientras, grúas de empresas privadas cuyos logos están cubiertos por pegatinas de la policía para proteger a las compañías de posibles represalias, ha llegado al centro para empezar a llevarse camiones y otros vehículos.

Líderes imputados

Los arrestos llegan horas después de que el jueves por la tarde los agentes arrestaran a dos de los líderes más visibles de la protesta. Primero detuvieron a Chris Barber, un camionero. No mucho más tarde llegó el arresto de Tamara Lich, una antigua instructora de gimnasia y empleada del sector energético que militó en un partido que buscaba la secesión de tres provincias occidentales de Canadá.

Los dos comparecerán este viernes ante la justicia para empezar a enfrentar sus imputaciones por cargos que, según el abogado Keith Wilson, están vinculados a dar asesoría sobre delitos contra la propiedad. En el caso de Barber también se suman cargos por propagar instrucciones de obstrucción a la policía y para desobedecer una orden judicial (una, por ejemplo, prohibió a los camioneros tocar las bocinas pero fue sonoramente ignorada por muchos) .

Ya el jueves el jefe interino de la policía de Ottawa, Steve Bell, había prometido “acción inminente” en una rueda de prensa poco antes de que se iniciaran los arrestos. “Es hora de marcharse. Su tiempo en nuestra ciudad ha acabado y deben marcharse”, decía Bell, que ha quedado temporalmente al frente de la policía de Ottawa después de que dimitiera esta misma semana Peter Sloly, el mando uniformado que fue cuestionado por su débil respuesta a las protestas, y de que otro mando policial contratado para relevar a Sloly dimitiera tras solo dos días.

Cambio visible

Las cosas han cambiado desde la declaración de emergencia federal. En los últimos días se ha intensificado visiblemente la presencia policial y los agentes han estado advirtiendo a los manifestantes de que endurecerían sus acciones. Se recuerda que la ocupación de las calles es ilegal y se les insta a abandonar la protesta o arriesgar arrestos, multas y hasta penas de cárcel. Y Bell aseguraba en su comparecencia ante los medios que, aunque quieren que la gente se marche voluntaria y pacíficamente, tienen “planes, estrategias y tácticas para hacer que se marchen”, sin especificar cuáles.

La policía provincial de Ontario y la Real Policía Montada de Canadá están colaborando con la policía local, con los tres cuerpos integrados en un mando conjunto, y hay también apoyos de la agentes llegado de la vecina provincia de Quebec. Además de los panfletos y mensajes públicos y de la instalación de vallas de seguridad frente a monumentos y enclaves destacados del centro como el Parlamento se ha establecido una “zona segura” dentro de un perímetro reforzado en el que se han instalado cerca de 100 puntos de control policial. Estos bloquean el acceso al centro a quienes no viven, trabajan o tienen razones de peso para acudir a esa zona, como visitas médicas.

Resistencia y debate

Pese a las acciones policiales, sigue habiendo promesas de resistencia y permanencia de algunos de los camioneros y de quienes han llegado con sus camionetas o coches para apoyar las protestas, que ya tienen muchas más reivindicaciones que las originales y en las que hay también corrientes extremistas y antigubernamentales. Pat King, otro de los líderes visibles de las protestas, instaba este viernes en una retransmisión en vivo en Facebook a "no parar". "La Constitución permite manifestarse", decía.

Mientras, en la Cámara de los Comunes del Parlamento ha tenido que aplazarse el debate sobre la declaración de emergencia federal realizada por Trudeau, que llegó cuando ya se había acabado con el bloqueo en el puente Ambassador, la más importante vía de tráfico comercial entre Canadá y EEUU y que es denunciada como excesiva tanto por conservadores como por grupos de defensa de los derechos civiles. Los parlamentarios tienen autoridad para revocar el uso de la ley y hay prevista una votación el lunes, en la que se espera que los liberales de Trudeau, que gobiernan en minoría, logren luz verde para mantener la emergencia con el apoyo del Nuevo Partido Demócrata.

Millones de dólares congelados

El jueves, además, un juez del Tribunal Superior de Ontario dio la orden de congelar millones de dólares que se habían recaudado en plataformas de crowfunding para apoyar las protestas y que incluyen fondos en criptomonedas. Esa orden llegó en una demanda colectiva por lo civil que se ha presentado en nombre de residentes y propietarios de negocios afectados del centro de Ottawa y podría usarse para pagar a los demandantes si ganan su batalla judicial.

También el gobierno federal, en aplicación de la ley de emergencia, ha ampliado las normas sobre financiación de terrorismo para poner en la diana las donaciones que han mantenido viva la protesta.