"Sí, se pudo. ¿Sí o no? Arriba esos corazones, recibamos a nuestra presidenta", gritó, alborozado, el presentador. La izquierdista Xiomara Castro ha entrado al Estadio Nacional de Tegucigalpa con los brazos en alto, con los que quiso abrazar a sus miles de seguidores en las gradas. "Mi heroica resistencia nacional", los ha calificado después de asumir formalmente como la primera mujer al frente del Ejecutivo en Honduras. "Estamos rompiendo cadenas y tradiciones". Castro, de 62 años, ha repetido durante su primer discurso algunas de las ideas que le permitieron ganar las elecciones con el 51% de los votos: la necesidad de una reconciliación que deje atrás el "pasado oscuro" y cambios profundos en un país con más de 70% de pobres. 

Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, ha jurado su cargo al lado de su nieta y frente a la principal autoridad parlamentaria, Luis Redondo. La ceremonia ha tenido de esta manera un interés político añadido porque el Congreso fue escenario días atrás de una pelea entre facciones del oficialismo. Otro legislador, Jorge Cálix, se autoproclamó también presidente del legislativo con el apoyo de algunos integrantes de Libre y sectores de la derecha.

La división de Libre en un Parlamento donde no contaba con mayoría propia fue interpretada como un temprano signo de debilidad de Castro. Ella se vio obligada a olvidarse del mote de "traidor" con el que se había referido a Calix y proponerle un cargo importante en el Gobierno. "Pronto recibirá mi respuesta", respondió el legislador a través de Twitter. También le deseó suerte en su mandato. "Estoy seguro que transformará Honduras". Las palabras fueron interpretadas como un principio de solución al conflicto partidario.

Impacto regional

"Pronto informaré sobre mi propuesta de refundación de un Estado socialista y democrático", ha afirmado Castro que ha prometido investigar los años de administración de la derecha y ha advertido que Honduras no puede pagar la deuda externa. "No continuaremos la vorágine de saqueo", ha dicho. Cerca suyo se encontraban la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el rey de España, Felipe VI; el ministro de Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard y la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, entre otros invitados.  

En 2009, Manuel Zelaya fue destituido. Su derrocamiento marcó el comienzo de un lento y progresivo retroceso de los Gobiernos de centroizquierda en la región que siguió con los juicios políticos contra los mandatarios de Paraguay, Fernando Lugo, y Brasil, Dilma Rousseff, en 2012 y 2016, respectivamente.

La llegada a la presidencia de Castro tiene lugar cuando el mapa político regional insinúa mayores cambios en el horizonte. Gabriel Boric asumirá las riendas de Chile el próximo 11 de marzo y crece la posibilidad de que Luiz Inacio Lula da Silva derrote a Jair Bolsonaro en las elecciones de octubre. Gustavo Petro, por su parte, encabeza las encuestas de opinión de cara a las presidenciales de mayo en Colombia.

Una difícil herencia

Casto no ha dejado de recordar durante su alocución el peso de la herencia que recibe por parte de su antecesor, el derechista Juan Orlando Hernández, quien ha sido señalado por fiscales de Nueva York de mantener vínculos con el narcotráfico. Su hermano, el exdiputado 'Tony' Hernández, cumple cadena perpetua en Estados Unidos por ese delito.

"Somos el país más pobres de América Latina", ha afirmado la mandataria. La desigualdad es una bomba de tiempo en un país con una suma combinada de dramas sociales, entre ellos el de la violencia generada por las pandillas y las bandas de narcotraficantes. La tasa de homicidios es de casi 40 por cada 100.000 habitantes.

Toda esa adversidad, sumada a la pandemia, empuja fuertes corrientes migratorias hacia Estados Unidos en busca de empleo. Harris tendrá un encuentro con Castro este mismo jueves para "abordar las causas profundas de la migración en Centroamérica", según detalló en Washington un alto cargo de la Administración estadounidense. Castro necesita del apoyo internacional para renegociar una deuda externa que supera los 11.000 millones de dólares (897 millones de euros)