Estados Unidos ha exigido este martes bloquear la venta internacional de armas a Myanmar después que esta pasada Nochebuena los rebeldes que combaten la junta militar que gobierna el país encontrasen una fosa con 30 cadáveres calcinados, entre los que estarían dos miembros del personal humanitario de la oenegé Save the Children. "Los ataques a personas inocentes son inaceptables y las atrocidades generalizadas del ejército contra el pueblo de Birmania subrayan la urgencia de hacer que sus miembros rindan cuentas", ha explicado el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken.
Desde Washington, la administración de Joe Biden ha pedido a la comunidad internacional vetar el comercio armamentístico y tecnológico con la junta militar, que asumió el mando de Myanmar el pasado febrero tras encabezar un sangriento golpe de Estado. Este pasado junio, la Asamblea General de la ONU votó impedir el envío de armas pero la medida no llegó a implementarse tras la negativa de China, Rusia y India, los principales proveedores de armas de la nación asiática. La ONU ha pedido investigar lo sucedido.
Este pasado sábado el Grupo para los Derechos Humanos Karenni explicó que los 30 cadáveres encontrados en la población de Moso, fronteriza con Tailandia, eran desplazados internos que fueron ejecutados por los militares. Entre ellos, también había los cuerpos de niños. Sin embargo, Save the Children ha señalado que dos de las víctimas serían activistas humanitarios que trabajaban para la oenegé.
EEUU y la Unión Europea llevan años imponiendo una serie de sanciones Rangún para negar su acceso a las armas, tanto contra los golpistas como contra la anterior administración, también bajo el tutelaje militar.
Ola de represión
10 meses después de que los militares derrocasen el Gobierno de Aung San Suu Kyi y asumiesen el mando del país con mano de hierro se ha acentuado la represión contra quienes se oponen a la junta militar, con detenciones masivas de opositores y ataques violentos contra los manifestantes. Desde el 1 de febrero se contabilizan atrocidades como el asesinato de al menos 1.200 personas y hasta 10.000 detenciones.
La comunidad internacional también para atención a la precaria situación de la minoría musulmana rohinyá, cuya persecución se desbordó con el genocidio librado y amparado durante el mandato de la Suu Kyi, otrora condecorada con el premio Nobel de la Paz. Entre 2016 y 2017, la limpieza étnica cometida por el ejército birmano causaron al menos 25.000 muertes y obligaron a más de 800.000 a tener que escapar de su casa, causando una de las mayores crisis migratorias de lo que va de siglo. La campaña de desinformación y odio contra los rohingyas se propagó impunemente por Facebook. Ahora, grupos de refugiados han demandado a la red social por su "rol crucial" en la masacre, como lo describió la ONU.
Suu Kyi fue depuesta por el ejército, que no aceptó la victoria electoral de su partido en las elecciones nacionales de noviembre de 2020. A principios de diciembre fue condenada a dos años de cárcel, acusada de incitar disturbios contra la junta militar.