Las fronteras de Libia siguen siendo una cárcel. Desde hace más de un mes, más de 2.000 solicitantes de asilo, refugiados y migrantes africanos llevan acampados en terribles condiciones frente a una instalación cerrada de las Naciones Unidas en Trípoli. A principios de octubre, grupos armados del Gobierno de Unidad Nacional (GNU) detuvieron a unos 5.000 migrantes a la vez que demolieron sus refugios improvisados. Desde entonces, un gran número de ellos se concentra a las puertas de un edificio clausurado sin techo, sin comida y sin tratamientos médicos.
“Al demoler los refugios improvisados para migrantes y solicitantes de asilo, las autoridades libias crearon una crisis humanitaria, dejando a miles de personas a la deriva en las calles”, ha declarado Hanan Salah, directora de Human Rights Watch (HRW) para Libia. La organización ha apuntado a los países europeos como cómplices de esta tragedia, ya que “su apoyo permite a las autoridades libias evitar que las personas lleguen a las costas europeas”. HRW ha exigido que se retomen las evacuaciones humanitarias, suspendidas desde agosto a la espera de que las autoridades de Trípoli den luz verde para retomarlas.
Cuando grupos armados del Ministerio del Interior del GNU llevaron a cabo redadas generalizadas y detuvieron a centenares de migrantes en una supuesta operación contra redes criminales, dejaron a miles de personas sin hogar. Ahora, todas ellas se concentran a las puertas del Centro Comunitario de Día (CDC), donde hasta hace poco, la agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, brindaba asistencia médica y otros servicios. Durante este mes, han exigido pacíficamente la evacuación de Libia a un lugar seguro.
Unas 5.000 personas arrestadas, incluidas mujeres y niños, fueron llevados a la prisión para migrantes Al-Mabani en Ghot al-Shaal. Las detenciones se llevaron a cabo entre acusaciones de violencia física y sexual. Algunos de los detenidos han denunciado a HRW que las condiciones inhumanas en la cárcel, el hacinamiento severo, la falta de alimentos y atención médica y los malos tratos provocaron unos disturbios que acabaron con una fuga masiva de la prisión el pasado ocho de octubre.
Responsabilidad europea
“Libia y los Estados europeos deben responder urgentemente a esta situación que se deteriora rápidamente, ya que las personas están expuestas a la violencia y carecen de cualquier ayuda básica para las necesidades esenciales”, ha exigido Salah. Se desconoce el número exacto de migrantes hacinados en los centros gubernamentales y de milicias, financiados por las instituciones europeas. Entre enero y septiembre, las autoridades libias interceptaron a más de 27.551 personas en el mar y las obligaron a retornar a Libia.
Allí se enfrentan a condiciones de detención inhumanas, violencia sexual, tortura, trabajos forzados, extorsión y muerte. Ya sea aquellos destinados a los centros como los condenados a la intemperie, los migrantes en Libia viven un infierno al tocar tierra. ACNUR decidió cerrar su centro el pasado 4 de octubre alegando preocupaciones de seguridad para el personal por las grandes multitudes acampadas. Desde entonces, este grupo vulnerable no ha recibido ningún tipo de asistencia humanitaria.
El país forzado a acogerlos lleva más de seis años sumido en una guerra civil que lo ha condenado al caos y a la pobreza. Muchos de los migrantes que recalan en Libia escapan de conflictos en sus propios países, como Sudán del Sur, y cuentan con estatus de refugiados. Eso no impide a las autoridades libias ejercer violencia y vulnerar sus derechos hacinándolos en sus cárceles. A su vez, las políticas de la Unión Europea para financiar a los grupos que contienen a estos migrantes hacen que todos los países europeos sean cómplices de estos abusos.