Cerco, asedio y crisis humanitaria en la guerra de Etiopía

Tras casi un año de guerra civil en Etiopía, los muertos se contabilizan por miles, hay más de 2 millones de desplazados internos y 5,5 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria. El centro del desastre es la región de Tigray, al norte del país, actualmente bajo el control militar del otrora todopoderoso Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), hoy un movimiento rebelde que combate al Ejército del Gobierno federal del primer ministro, Abiy Ahmed. Con 119 millones de habitantes y 80 grupos étnicos, Etiopía es el segundo país más poblado de África. Administrativamente está dividido en diez regiones semiautónomas. Cuando Abiy, de 45 años, se hizo cargo del Gobierno en 2018, se ganó la admiración de la comunidad internacional. Legalizó partidos políticos, liberó decenas de miles de presos políticos y firmó la paz con Eritrea, lo que le valió ganar el premio Nobel de la Paz al año siguiente. Ahora, el primer ministro etíope mantiene un duro pulso con Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas, que acusan al Gobierno de Adís Abeba de utilizar los alimentos como “arma de guerra”. Las fuerzas gubernamentales han lanzado esta semana una nueva ofensiva contra Tigray, zona asediada desde el pasado mes de junio cuando el FPLT se hizo con el control de la capital de la región, Mekelle. El cerco, que incluye cortes de comunicaciones telefónicas y apagones de internet, ha impedido que llegue el 90% de la ayuda humanitaria, comida, medicinas y gasolina principalmente. Desde el pasado mes de julio, poco más de 600 camiones han entrado en la zona de guerra, poblada por más de cinco millones de personas, ha denunciado la ONU. Cerca de 20.000 niños menores de 5 años padecen malnutrición severa. Partes involucradas Las acusaciones y duras críticas no han sentado nada bien a Abiy que resolvió declarar “persona non grata” y expulsar del país a principios de mes a siete altos cargos del organismo internacional "por entrometerse en los asuntos internos del país". Entre los afectados están el representante de Unicef y la directora de la oficina para la Coordinación de Ayuda Humanitaria (Ocha). Etiopía “está violando las leyes internacionales con esta deportación”, ha afirmado irritado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Bruselas y Washington también han mostrado su enfado. “No dudaremos en usar la autoridad y otras herramientas para responder a aquellos que obstruyen la ayuda humanitaria al pueblo de Etiopía”, ha advertido el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. El Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a las partes involucradas en el conflicto y Amnistía Internacional ha denunciado tanto al Ejército gubernamental como a las fuerzas del FLPT por haber perpetrado masacres de civiles, violencia sexual y limpieza étnica. El poder de Abiy, el primer jefe de Gobierno etíope de la etnia oromo, se ha visto reforzado tras renovar su mandato en las elecciones legislativas celebradas el pasado 21 de junio, que ganó holgadamente el Partido Prosperidad, que lidera, aunque en algunas regiones, como Tigray, no hubo comicios por la inseguridad reinante. Tomó posesión para su segundo mandato el pasado 4 de octubre. “Estamos en conflicto porque no nos quedan otras opciones. Nos vemos obligados a ir a la guerra porque se intenta desmembrar Etiopía. Se trata de la supervivencia del país. No tenemos otra opción”, ha afirmado Abiy. Fondo del conflicto La guerra estalló ahora en noviembre del año pasado, cuando Adis Abeba acusó al FLTP de asaltar un destacamento militar federal en Tigray. Previamente, los rebeldes había celebrado en septiembre de manera unilateral elecciones regionales que el Gobierno central había aplazado debido a la pandemia. Pero el fondo del conflicto hay que buscarlo en la limpieza que hizo Abiy cuando alcanzó la jefatura del Gobierno hace cuatro años. El primer ministro desmanteló entonces toda la estructura del poder político y militar que durante treinta años dirigió el país bajo las siglas del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), una coalición multiétnica dominada por el FPLT. Los que antes mandaban fueron apeados del poder y acusados además de corrupción, abuso de poder y violar los derechos humanos. El EPRDF se disolvió y Abiy configuró una nueva coalición de la que los representantes de Tigray se negaron a formar parte. El conflicto, que afecta a otras regiones del país, como Amhara y Afar, amenaza ahora con extenderse por el vulnerable e inestable Cuerno de África, una zona estratégica tradicionalmente castigada por desastres naturales y guerras, como la de Somalia. En el choque armado etíope se ha implicado también la vecina Eritrea, que apoya al Gobierno de Adis Abeba. El primer ministro Abiy tiene además otro frente abierto. La batalla que mantiene Etiopía con Egipto por las aguas del Nilo y que amenaza con derivar en otro choque armado de consecuencias imprevisibles. El Gobierno de Adís Abeba mantiene la construcción de la presa del Renacimiento, un obra colosal a punto de ponerse en marcha, con la que superará el déficit eléctrico que padecen algunas zonas del país y convertirá a Etiopía en el principal exportador de energía del continente africano. La presa, levantada en el Nilo Azul, controlará el flujo de agua que circulará por el gran río a su paso por Egipto, un país muy apegado históricamente al Nilo y cuyo caudal es básico para su subsistencia.

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