Amplio rechazo al plan de Johnson para amnistiar los delitos terroristas en Irlanda del Norte

Las estadísticas estiman en 3.500 las personas asesinadas durante las tres décadas de conflicto en Irlanda del Norte. Las secuelas de aquella violencia siguen lastrando el futuro de los norirlandeses. La justicia que exigen las familias de las víctimas es una herida aún sin resolver. El Gobierno de Boris Johnson quiere dar carpetazo a los delitos de sangre cometidos antes de 1998 por miembros de las fuerzas de seguridad británicas y exmiembros de las bandas paramilitares, lealistas y republicanas. Una "amnistía" apenas camuflada bajo la etiqueta de "estatuto de limitaciones" poniendo punto final a todos los procesos legales relacionados con el conflicto. Una solución que no satisface a nadie. Los cinco principales partidos de Irlanda del Norte y el Partido Laborista interpretan la que puede convertirse en ley el próximo otoño como una vía del Ejecutivo de Johnson para escapar a compromisos adquiridos sobre investigaciones históricas de los crímenes durante 'The Troubles' (Los Disturbios), como se conoce a aquella época sangrienta. La justicia sacrificada "Sabemos que la idea de terminar con los procesos legales es difícil de aceptar para algunos", concedió el ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, al presentar el plan en la Cámara de los Comunes. "Sencillamente es el reconocimiento doloroso de la realidad en la que nos hallamos". Brandon planteó la solución como único camino para la reconciliación, algo que rechazó de plano el nuevo líder del Partido Democrático Unionista (DUP), Jeffry Donaldson. "Quiero tomar el camino de la reconciliación, pero no puedo creer que ese camino será más fácil cuando se sacrifica la justicia". Amnistía Internacional habla de "una espantosa y ofensiva indiferencia hacia las víctimas" que deniega a las familias "los derechos a la verdad y a la justicia". Tampoco los miembros del Ejército y las fuerzas de seguridad británicas aceptan la solución. El "estatuto de limitaciones" no les exime, argumentan, del estigma que supone el haber sido acusados de crímenes y asesinatos. Para Donaldson, es "ofensivo el intento de establecer una equivalencia entre un soldado o un policía que ha servido al país y los terroristas cobardes que se esconcen tras una máscara". Legitimación lealista La presentación de la futura ley coincide con un momento de nuevas tensiones debido a la entrada en vigor del Brexit y los problemas derivados de la implementación del Protocolo para Irlanda del Norte. La violencia lealista se ha recrudecido y las bandas siguen con sus actividades delictivas, extorsionando y controlando vecindarios. La "amnistía" del Gobierno corre el peligro de interpretarse como una legitimación. Sus consecuencias no sólo afectan al pasado. El proyecto de ley establece la creación de una comisión para ayudar a las familias a investigar y recabar nueva información sobre lo sucedido a los suyos. Incluso hace una comparación con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Debate y propuesta conjunta Jonathan Powell, el que fuera asesor de Tony Blair y una de las personas más involucradas en la negociación del proceso de paz, cree que el Gobierno británico debe comenzar por hablar con las organizaciones de víctimas, con las familias, los partidos políticos y las autoridades de Dublín. Abrir un debate y a partir de ahí alcanzar una propuesta conjunta aceptable para todos. Pero Powell coincide en que hay que marcar una línea divisoria para zanjar de una vez por todas esta cuestión. "Tenemos que encontrar el camino para que Irlanda del Norte pueda avanzar sin que su historia vuelva a arrastrarla al pasado. Tenemos que dejar atrás esa historia y mirar al futuro. Hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad de hacer justicia y los derechos de las víctimas y la necesidad de la que la paz funcione. Esto es algo que ocurre en los procesos de paz en todo el mundo", destaca.

Amplio rechazo al plan de Johnson para amnistiar los delitos terroristas en Irlanda del Norte

El proyecto de ley pretende poner fin a los procesos legales relacionados con tres décadas de disturbios como vía a la reconciliación

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