Lo que no esperan los visitantes de la Unión Europea (UE) que aterrizan en Londres, van a tomar el ferry en Calais, o el Eurostar en París, es que la policía de fronteras británica les someta a un interrogatorio en toda la regla. Menos aún que les impida la entrada y los envíe a un centro de detención de inmigrantes ilegales para ser deportados. De acuerdo con los datos del Ministerio del Interior británico, en los pasados tres meses y a pesar de la casi inexistencia de viajes debido a la pandemia, el número de ciudadanos de la UE a los que se les impidió la entrada en el Reino Unido fue de 3.294, una cifra 20 veces superior a la del primer trimestre del año anterior, cuando el tránsito de viajeros era mucho mayor.