El Gobierno socialista portugués retoma la vía de la austeridad y se aleja de sus aliados de izquierda

Ha pasado poco tiempo, pero parece mucho más. Hace algo más de cinco años que el primer ministro socialista António Costa llegó al poder en Portugal de la mano de los partidos de izquierdas, el Bloco de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Portugués (PCP). En aquel momento los tres partidos compartían una posición contraria a la austeridad —en mayor o menor medida— tras los años bajo tutela de la troika, pero ahora estas posturas están más alejadas que nunca. El apoyo de los antiguos socios de la ‘geringonça’ al Gobierno es cada vez más difícil, así como las posibilidades de que el Ejecutivo socialista, que gobierna en minoría, complete la legislatura en 2023. El último episodio de tensión —que se dibujó a finales de noviembre con el rechazo del BE a los Presupuestos por primera vez desde 2015— se debe a la aprobación en el Parlamento de un aumento de los apoyos a autónomos, familias y personal sanitario, que ha contado con el único voto en contra de los socialistas. El Gobierno ya ha presentado un recurso al Tribunal Constitucional alegando que este aumento del gasto no está contemplado en los Presupuestos y que escapa de las competencias de la Cámara. “Estos colectivos ya cuentan con el apoyo del Gobierno”, aseguró Costa en rueda de prensa tras confirmar el recurso. La decisión también ha generado tensión con el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, que dio su visto bueno a lo aprobado en el Parlamento. Trato de favor Los 'bloquista's consideran que el recurso del Gobierno es una “dramatización política” y acusan a los socialistas de dar un trato de favor a las empresas por delante de los autónomos. Los comunistas, por su parte, lamentan el “error” del Ejecutivo ante lo que califican de “obstaculización de unas medidas de apoyo absolutamente necesarias”, en palabras de su portavoz parlamentario, João Oliveira. El cisma entre socialistas y sus antiguos socios es más que evidente, aunque más allá de un cambio de estrategia del Gobierno, las diferencias han aflorado por el duro golpe que la pandemia ha provocado en el ámbito económico. “En la etapa de crecimiento, el Partido Socialista intentó conciliar el equilibrio presupuestario con una política socialdemócrata, y en la gestión de la pandemia intenta hacer algo parecido”, explica el politólogo de la Universidad de Lisboa António Costa Pinto. Pero la situación de vulnerabilidad de la ciudadanía es ahora mucho mayor y tanto el BE como el PCP no están dispuestos a aceptar las mismas reglas que antes. “Esta situación puede ser preocupante de cara al final del mandato socialista. En esta coyuntura económica los antiguos socios del Gobierno están cada vez menos dispuestos a apoyar este tipo de políticas. Y los socialistas tampoco están tan dispuestos a hacer tantas concesiones a los partidos a su izquierda”, señala Costa Pinto. Prudencia en el gasto Existe un temor en el Gobierno de que tanto la deuda como el déficit público se disparen más de lo previsto, en un país donde la alta dependencia del turismo plantea una recuperación más lenta que en el resto de Europa. La crisis del covid ha situado la deuda pública portuguesa en más de un 133% del PIB, uno de los valores más altos de la Unión Europea. Esto supone un aumento de 17 puntos respecto a 2019, cuando el auge del turismo y de las exportaciones empujaron al país a registrar un superávit del 0,2% por primera vez desde la llegada de la democracia en 1974. En 2020 el déficit volvió a caer hasta el 5,7%, una cifra que, sin embargo, se situó por debajo de las previsiones del Gobierno, que lo elevaban a un 7,3%. Los 'bloquistas' señalan que parte de la diferencia entre las previsiones y el déficit real se debe a que el Ejecutivo gastó menos el año pasado de lo que estaba inicialmente presupuestado. De los 101.000 millones de euros aprobados en los Presupuestos de 2020, finalmente fueron ejecutados 94.000. Un ‘ahorro’ de 7.000 millones que el BE considera que tendría que haberse destinado a apoyos sociales. Al mismo tiempo, tanto bloquistas como comunistas —e incluso los partidos de derechas— han criticado al Gobierno por inyectar más de 1.000 millones a la aerolínea estatal TAP y por defender la inyección de casi 500 millones a Novo Banco, una entidad de participación estatal que en estos momentos está bajo investigación parlamentaria por las enormes pérdidas que acumula.

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