La decisión de los Veintisiete de utilizar nuevamente el mecanismo para castigar los abusos de derechos humanos en el mundo amenaza con abrir un nuevo frente con China. Los ministros de exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes sancionar a otros once individuos y cuatro entidades, entre ellos cuatro altos cargos y una empresa china considerados responsables de graves abusos contra los derechos humanos de la minoría musulmana uigur de la región autónoma de Xinjiang. Se trata de la primera vez desde la masacre de la plaza de Tiananmen en 1989, en la que la UE impone sanciones contra China.
Concretamente, entre las personas sancionadas, con prohibición de viaje al territorio comunitario y la congelación de bienes en la UE, se encuentra el director de la oficina de seguridad pública de Xinjiang, Chen Mingguo, que ya fue castigado el año pasado por Estados Unidos, así como varios altos cargos y el ex responsable del Partido Comunista de la región, Zhu Hailun, considerado el arquitecto del programa de detenciones masivas. También han sido sancionados por vulnerar derechos humanos individuos de la República Popular Democrática de Corea, Libia, Sudán del sur y Eritrea.
Es la segunda vez que la UE aplica el mecanismo que estrenó a principios de marzo castigando a cuatro altos cargos del régimen ruso implicados en la persecución y el encarcelamiento de Alexei Navalni. En esta ocasión, sin embargo, ha sido en “coordinación perfecta”, tal y como la definido el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, con Estados Unidos, Reino Unido y Canadá que también han querido enviar “un mensaje potente” al aprobar sanciones por lo que el secretario de estado estadounidense, Anthony Blinken, ha calificado de “genocidio y crímenes contra la humanidad en Xinjiang”.
Pekín responde con más sanciones
La respuesta de China, sin embargo, no se ha hecho esperar. "Esta medida, basada únicamente en mentiras y desinformación, ignora y distorsiona los hechos, interfiere gravemente en los asuntos internos de China, viola flagrantemente el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y socava gravemente las relaciones entre China y la UE”, ha denunciado en un comunicado su Ministerio de Exteriores.
Su réplica: represalias contra una decena de ciudadanos europeos, entre ellos cinco eurodiputados, así como cuatro entidades entre las que figuran el comité político y de seguridad del Consejo de la UE, la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo, la Fundación Alianza de Democracias de Dinamarca y el Instituto Mercator de Estudios de China en Alemania. Ninguno de ellos, ni sus familias, ni las entidades mencionadas podrán entrar en China, Hong Kong ni Macao. Una reacción que Borrell ha calificado de “inaceptable”. .
Por su parte, la ministra española Arancha González-Laya ha lamentado la decisión de Pekín que “ni compartimos ni aceptábamos” y ha recordado que las sanciones no van contra países sino “a proteger y amparar los derechos humanos en el mundo y se adoptan después de un análisis factual y respetando la legalidad vigente”. En su opinión, la mejor respuesta “sería abrir un diálogo honesto sobre cuestiones de derechos humanos”.
Sanciones contra Birmania
Desde que la junta militar de Birmania diera un golpe militar y detuviera a la premio Nobel de la Paz y líder del país, Aung Suu Kyii, el pasado 1 de febrero, unos 250 birmanos han muerto víctimas de la represión desatada en el país asiático. En respuesta a esta situación, los ministros de exteriores de la Unión Europea han decidido imponer este lunes sanciones contra once miembros de la junta en respuesta a la represión militar y política contra manifestantes pacíficos.
Diez de los once sancionados son altos cargos de las Fuerzas Armadas. Entre ellos el comandante en jefe, Min Aung Hlaing y el vicecomandante en jefe Soe Win. También ha sido sancionado el presidente de la comisión electoral Thei Soe por su papel en la anulación de los resultados de las elecciones de 2020. Los once sancionados no podrán entrar en la UE y verán sus bienes en el territorio europeo, si los tuvieran, congelados.
Esta decisión se suma a la suspensión de la ayuda financiera al gobierno y la inmovilización de toda la ayuda a los órganos gubernamentales que se considere legitiman a la junta militar de Myanmar como respuesta al “derrocamiento ilegítimo del gobierno democráticamente elegido y la brutal represión que la junta ejercer contra manifestantes pacíficos”. La UE no descarta nuevas medidas restrictivas contra entidades económicas que sean propiedad o estén bajo control de las fuerzas armadas birmanas. “La excesiva violencia que estamos viendo sobre el terreno es inaceptable, el número de muertos ha llegado a una escala intolerable”, ha avisado el ministro de exteriores alemán, Heiko Maas.