El Gobierno ruso silencia los feminicidios: hay 20 veces más de los que reconocen las cifras oficiales

En Rusia, en violencia de género, una amplia y profunda brecha separa a las estadísticas oficiales de la realidad social. Ésta es, al menos, la conclusión a la que ha llegado el denominado Consorcio de Alianzas No Gubernamentales de Mujeres, una oenegé independiente que desde hace tres años estudia la magnitud del problema en el país. Según sus datos, en el año 2018, como mínimo 5.000 féminas fueron asesinadas a manos de sus cónyuges, parejas, hermanos o incluso padres. En ese mismo ejercicio, según las estadísticas oficiales difundidas por el Ministerio del Interior, tan solo se produjeron 253 fallecimientos. Sofía Rusova, miembro de la organización, explica a EL PERIÓDICO el método de análisis empleado para obtener tan elevada cifra, que equivale a un mínimo de 13 feminicidios al día. "Escogimos el año 2018 porque es el último del que disponemos una información completa", aclara. Su organización estudió todas las sentencias judiciales dictadas durante ese periodo de tiempo vinculadas a los tres artículos del Código Penal ruso que suelen castigar delitos de violencia familiar, es decir, un total de 7.834. "En más del 61%, unas 5.000", se trataba de asesinatos de mujeres a manos de familiares de sexo varón. La cifra, según Rusova, es con toda seguridad superior, ya que en muchos casos no se llega a denunciar o la policía rechaza el caso. "Fíjese, un 30% de las mujeres que acuden a nuestra organización en busca de ayuda han visto sus demandas rechazadas por la policía", explica. La gran disparidad entre las cifras oficiales y las conclusiones de ésta y otras oenegés especializadas en el tema obedece a varios motivos. "El Ministerio del Interior solo contabiliza como feminicidio cuando una esposa es asesinada por su marido; los casos de muerte en una relación no conyugal no son incluidos en las estadísticas", constata la activista. Tampoco si una mujer "es asesinada por su padre o sus hermanos, casos que desgraciadamente son bastante frecuentes en Rusia", apostilla. Tales conclusiones son respaldadas por Diana Barsenian, portavoz de la organización 'No a la Violencia'. "Las estadísticas oficiales en violencia de género en Rusia nunca reflejan la realidad; muchos de nuestros dirigentes políticos pertenecen a una generación mayor, de más de 50 años, que considera la violencia doméstica como algo incluso normal", destaca. Por el momento, el Ministerio del Interior no ha respondido a la investigación del consorcio, aunque la activista Rusova ya adelanta su probable reacción. "Nuestras fuentes (dentro del ministerio) nos dicen que están estudiando nuestros datos; van a buscar justificaciones, y luego intentarán encontrar errores para defender la idea de que el problema no es tan grave como lo presentamos", concluye. La pandemia empeora la violencia de género Aunque todavía es pronto para valorar los efectos de la pandemia en el número de feminicidios, sí es posible afirmar ya que el confinamiento ha agudizado, en términos generales, el problema de la violencia de género en Rusia. Según Barsenian, su organización 'No a la Violencia' ha constatado un incremento de las denuncias y las peticiones de ayuda de mujeres maltratadas. "No ha habido un aumento de las llamadas telefónicas, pero sí de los correos recibidos por internet o de los mensajes a través de las redes sociales; ello lo atribuimos al hecho de que muchas mujeres viven con sus parejas en apartamentos de una sola habitación y utilizar el teléfono es muy problemático para ellas", apunta. En Rusia, no solo no existe una ley específica destinada a combatir la violencia de género, sino que en los últimos años se han adoptado iniciativas legales que parecer ir en sentido contrario, con el objetivo declarado de "proteger a la familia" y el respaldo de la jerarquía ortodoxa. En 2017, fue aprobada una ley que descriminalizaba parcialmente los episodios de violencia familiar, entre las críticas unánimes de las organizaciones de derechos humanos. A partir de ese momento, en Rusia, los agresores sin antecedentes penales que "no provoquen una herida grave" no incurren en un delito criminal, sino únicamente en una falta administrativa, sancionable con una multa rebajada de 500 euros, un periodo de detención administrativa de dos semanas o 120 horas de trabajo social. Las oenegés han constatado que, desde entonces, existen menos casos de violencia de genero que llegan a los tribunales, lo que les hace sospechar que la controvertida ley lo que hace es favorecer la impunidad entre los maltratadores.

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Una oenegé contabiliza al menos 5.000 asesinatos de mujeres en 2018, mientras que el Ministerio del Interior solo admite 250

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