La Corte Penal Internacional es competente para juzgar posibles crímenes de guerra israelís en Palestina

La Corte Penal Internacional ha anunciado su jurisdicción para investigar los posibles crímenes de guerra cometidos en los Territorios Palestinos. Esta decisión histórica permite al Tribunal de la Haya examinar los hechos ocurridos en la Franja de Gaza, la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este a partir del 2014. Con el foco puesto en la guerra en Gaza y la política de asentamientos, los magistrados empezarán a investigar no solo a funcionarios israelís, sino también de Hamás y la Yihad Islámica. El primer ministro Binyamin Netanyahu y el actual ministro de Defensa, Benny Gantz, son algunos de los israelís que podrían estar bajo el escrutinio de la corte. 

"Esta decisión es una victoria para la justicia y la humanidad, para los valores de la verdad, la equidad y la libertad, y para la sangre de las víctimas y sus familias”, ha celebrado el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh. Por dos votos frente a uno, la CPI se declaró el viernes competente para investigar los delitos cometidos en Palestina, sin que ello presuponga considerarla como un Estado ni determinar sus fronteras. El fallo abre el camino para una investigación de los hechos cometidos desde el 13 de junio del 2014. 

Hace un año, en diciembre del 2019, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, presentó una solicitud al tribunal para investigar los crímenes de guerra. "Hay indicios racionales para proceder a una investigación sobre la situación en Palestina", dijo entonces, "estoy convencida de que se han cometido o se están cometiendo crímenes de guerra en Cisjordania, la franja de Gaza y Jerusalén Este". Ante la disputada situación legal sobre el terreno, Bensouda solicitó que los jueces se pronunciaran sobre la jurisdicción de la corte en el territorio. 

Aunque Israel no forma parte de la CPI, Palestina se incorporó a la jurisdicción del tribunal de la Haya en el 2015. Desde entonces, la corte empezó procedimientos para acusar a Israel de crímenes de guerra, por su política de asentamientos, y de lesa humanidad, como persecución, deportación y traslado y crimen de apartheid contra civiles palestinos en Cisjordania y Jerusalén Este.

Condena de Netanyahu

En los delitos cometidos durante la guerra de Gaza del 2014, también se acusa a grupos armados palestinos y se investiga el rol del Ejército israelí durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno en el 2018 y 2019. A su vez, se denuncia a las autoridades palestinas de Cisjordania de tortura y apoyo a ataques contra ciudadanos israelís. 

“El tribunal ha demostrado de nuevo que es un organismo político y no una institución judicial”, ha dicho Netanyahu saltándose el shabbat. “A pesar del acoso legal, Israel seguirá protegiendo a sus ciudadanos y soldados por todos los medios”, ha insistido. La nueva posibilidad de que se abra una investigación penal internacional en la Haya puede imputar a responsables militares y civiles israelís que serían arrestados en el extranjero si así lo ordena la CPI. “En esta decisión, la CPI violó el derecho de las democracias a defenderse contra el terrorismo y se aprovechó de quienes socavan los esfuerzos por expandir el círculo de la paz”, ha agregado. 

Optimismo cauto

“Los autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad han evadido la justicia durante más de medio siglo”, ha recordado Saleh Higazi, director regional adjunto para Oriente Medio y África del Norte de Amnistía Internacional. "Una investigación de la CPI marca un gran paso hacia la justicia para las víctimas y es una oportunidad para poner fin al ciclo de impunidad que está en el centro de la crisis de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados", ha añadido. 

Las organizaciones internacionales han celebrado esta decisión histórica de la Corte Penal Internacional, pero han insistido en mantener un optimismo cauto. "Ya es hora de que los perpetradores israelís y palestinos de los abusos más graves, ya sean crímenes de guerra cometidos durante las hostilidades o la expansión de asentamientos ilegales, se enfrenten a la justicia”, ha concluido Balkees Jarrah, director asociado de justicia internacional de Human Rights Watch. 

Mientras, desde Estados Unidos, el portavoz del departamento de Estado, Ned Price, ha expresado las "serias preocupaciones sobre los intentos de la CPI de ejercer jurisdicción sobre el personal israelí". Ni Estados Unidos ni Israel forman parte de la Corte Penal Internacional. Ambos firmaron el tratado del Estatuto de Roma que dio origen a la creación de este tribunal, pero no lo ratificaron.