Aquello era una explosión de indignación nunca vista en ese pequeño país norteafricano, con reputación de estable pero a la vez sometido desde hacía décadas a una asfixiante presión policial. En esos soleados pero fríos días de enero de 2011, el Estado había dejado de existir en Sbeitla, Thala, Kesserine y otras empobrecidas poblaciones del centro de Túnez próximas a la frontera con Argelia. En su lugar, comités ciudadanos habían asumido el poder en esa región históricamente olvidada por las autoridades, después de que miles de manifestantes indignados hubieran tomado, saqueado y hasta incendiado las principales sedes del Gobierno central y municipal. Los escasos antidisturbios que aún permanecían desplegados, impotentes para devolver el orden a las calles, disparaban ya con munición real tras haber agotado las existencias de gas lacrimógeno.