Andréi Klishas y Pável Krashennínikov, respectivamente un senador y un diputado oficialista en el Parlamento de Rusia, acaban de presentar para su aprobación un proyecto de ley que refuerza y amplía significativamente la inmunidad de la figura del jefe del Estado. El texto estipula que la inviolabilidad se aplica no solo al periodo del mandato presidencial, sino que se extiende durante toda su vida, al tiempo que endurece sustancialmente las condiciones y el procedimiento para su levantamiento.
"El proyecto de ley refuerza la aplicación de la garantía de inviolabilidad del expresidente más allá de su mandato", ha declarado a Interfax el diputado Krashennínikov. El parlamentario justifica la medida en la necesidad de dar "más estabilidad al país". Según el borrador que será examinado próximamente por la Duma (Cámara baja) y el Consejo de la Federación (Camara alta), un expresidente no puede ser objeto de acusación criminal o administrativa, ni detenido o arrestado, ser objeto de un registro, ser interrogado o incluso cacheado.
La inmunidad solo podrá ser levantada con el acuerdo de una mayoría reforzada en el Senado y una vez que la Duma haya aprobado y presentado el pliego de acusaciones, tras haber consultado con el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. En ambas votaciones parlamentarias, se requiere el respado de dos tercios de los diputados y senadores.
Futuro despejado de problemas legales
Garantizarse un futuro despejado de problemas legales y denuncias de los sucesores en el cargo ha sido una tarea a la que los últimos jefes de Estado en Rusia se han dedicado con denuedo. Nada más presentar su dimisión Boris Yeltsin en el último día del milenio pasado, Vladímir Putin, aún en calidad de presidente en funciones, aprobó un decreto que garantizaba a su predecesor y a su familia un escudo legal frente a posibles acusaciones. Un año más tarde, el decreto se convirtió en ley después de que Putin, en la cresta de la ola de su popularidad, consiguiera la aprobación parlamentaria. Los últimos tiempos del mandato de Yeltsin estuvieron marcados por las denuncias de corrupción, que incluso afectaban a su entorno familiar, como a su hija, Tatyana Diachenko.
La presentación de este proyecto de ley azuza de nuevo los interrogantes sobre el futuro y las intenciones del presidente ruso a medio plazo, pese a que la reforma constitucional aprobada en junio en una polémica votación salpicada de acusaciones de fraude, concede a Putin la posibilidad de seguir en el cargo hasta el 2036. Y es quelLa consulta electoral y posterior aprobación de las enmiendas a la Carta Magna no han zanjado la discusión sobre la sucesión de Putin. Más bien lo contrario. El debate sigue muy presente entre los periodistas y los observadores, tanto locales como extranjeros.