Marcelo Navajas Salinas duró apenas 42 días como ministro de Salud del Gobierno de facto boliviano. La presidenta provisional Jannine Áñez lo recibió con la sobriedad que requieren las circunstancias sanitarias: apenas chocaron sus codos para no contagiarse con un coronavirus que ha matado a 189 personas. La misma Áñez acaba de echarlo después de que saliera a luz la compra a precios exorbitantes de 170 respiradores mecánicos a la empresa española IME Consulting Global Services.
Salinas, quien había reemplazado a Aníbal Cruz, pasó la noche del miércoles en una cárcel de la ciudad de La Paz. Se lo acusa de ser la cabeza de la controvertida negociación. El Gobierno se vio obligado a informar que pagó por cada equipo 27.683 dólares cuando, precisó el diario El Deber, los respiradores básicos que existen en Bolivia tienen un precio de nueve mil dólares, si se le suman sus accesorios. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la entidad que facilito el dinero para la compra, responsabilizó a las autoridades políticas bolivianas del escándalo y reclamó "sanciones públicas a empresas e individuos que cometen prácticas prohibidas en licitaciones financiadas por el Banco".
De acuerdo con el diario La Razón, tres días antes de la firma del contrato con la firma española, la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) había recibido un informe en el que se desaconsejaba realizar la operación. Los equipos, se advirtió, no cumplían con las especificaciones técnicas que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Rosario Canedo, abogada del ex ministro, defendió la inocencia de su cliente y negó los sobreprecios. Otros cuatro funcionarios detenidos apuntaron sin embargo contra Salinas y dijeron que su jefe siempre estuvo al tanto de las gestiones comerciales.