La crisis política que vive Israel tras los sucesivos fracasos para formar gobierno, después de tres elecciones en menos de un año, ha estado alimentada también por la acusación de corrupción, fraude y abuso de confianza que pesa sobre el primer ministro en funciones, Binyamin Netanyahu. Los cargos contra el líder del Likud los hizo público el pasado mes de noviembre el fiscal general, Avichai Mandelblit. Ya entonces se habían celebrado los comicios de abril y septiembre y se apuntaba en el horizonte una nueva convocatoria electoral, como así fue.

Netanyahu está acusado en tres casos diferentes en los que están presuntamente involucrados personajes adinerados de la sociedad israelí. Se le acusa de haber recibido regalos, como champán y cigarros, a cambio de favores a un amigo o el haber llegado a un acuerdo con el editor de un importante periódico para que, a cambio de favorecer los intereses del empresario, el diario le dedicara en todo momento una cobertura favorable. Un caso similar se ha ivestigado con una compañía líder de telecomunicaciones del país, con sobornos entre medio.

Netanyahu niega todos los cargos y considera las acusaciones un caso de persecución política o como lo definió una "cacería de brujas" o "un intento de golpe de Estado".

Aplazo del juicio

Durante este tiempo, el primer ministro en funciones ha buscado la manera de aprobar una legislación que otorgue inmunidad, por eso le interesa mantenerse en el cargo. El pasado 15 de marzo, ante la crisis del coronovirus, la justicia israelí decidió aplazar el inicio del proceso. En todo caso, de ser juzgado y hallado culpable, Netanyahu podría entrar en la rueda de apelaciones, lo que prolongaría el veredicto final varios años.