El ciberespacio se ha convertido en un ámbito de especial preocupación para la Unión Europea. Los supuestos intentos de Rusia por interferir en algunos de los procesos electorales más recientes y de socavar la integridad y seguridad de la UE han puesto en alerta a los Veintiocho, que acaban de dar un nuevo paso para blindar y reforzar su arsenal de medidas. Gracias al nuevo marco jurídico, la UE también podrá imponer sanciones y medidas restrictivas a aquellas personas o empresas responsables de ciberataques que representen una amenaza exterior para la UE o sus estados miembros, así como a quienes ataquen a terceros países y organizaciones internacionales.
Concretamente, el régimen sancionador podrá aplicarse contra aquellas actuaciones que tengan repercusiones importantes, que se originen o se cometan desde el exterior de la UE, utilicen infraestructuras exteriores a la UE, sean cometidos por personas o entidades establecidas o activas fuera de la UE o hayan recibido apoyo de las mismas. También aquellos que tengan “efectos importantes”.
Por primera vez, la UE podrá sancionar a los responsables de ciberataques o a los protagonistas de la tentativa. También a aquellos que presten apoyo financiero, técnico o material o a quienes estén implicados de algún modo. Entre las medidas restrictivas adoptadas figuran la congelación de activos de personas y entidades así como la prohibición de viajar a la UE y transferir fondos al territorio comunitario.
Reclamación de los líderes europeos
Fueron los jefes de Estado y de Gobierno de la UE quienes reclamaron en octubre del 2018 la adopción de nuevas medidas para impedir ciberataques en la UE, aunque han sido el Reino Unido y Holanda quienes más han presionado para expandir el régimen sancionador del club e incluir la posibilidad de castigar también los ataques en la red. Ambos países ya acusaron a la inteligencia militar rusa, a principios de octubre del año pasado, de liderar varios ciberataques en los últimos años.
La política de sanciones es un instrumento de la política exterior y de seguridad común que permite a la UE castigar a gobiernos a causa de sus políticas, a entidades, grupos y organizaciones, como grupos terroristas, así como a personas que apoyan las políticas objeto de las medidas. Actualmente, la UE mantiene sanciones a un grupo de países entre los que figuran Venezuela, Rusia, Libia, Somalia o Afganistán.