Miles de sudaneses continúan tomando las calles de la capital, Jartum, para pedir un Gobierno civil después de que el Ejército depusiera al expresidente Omar al Bashir el pasado jueves, tras tres décadas de Gobierno autocrático. expresidente Omar al Bashirtres décadasLos ciudadanos rechazan la decisión de establecer una transición liderada por las Fuerzas Armadas, que han tomado el poder durante dos años y han supendido la Constitución.
La junta militar anunciada para dirigir Sudán tras el derrocamiento del presidente Omar al Bashir ha retrasado su formación para llevar a cabo consultas con las fuerzas políticas, mientras los manifestantes siguen acampados junto a la sede del Ejército para pedir el traspaso a una autoridad civil.
Los manifestantes, que primero se concentraron para pedir la salida del presidente, han asegurado que no levantarán su protesta hasta lograr un Gobierno civil y democrático.
La Asociación de Profesionales Sudaneses, que engloba sindicatos opositores y ha liderado el movimiento desde su comienzo el pasado diciembre, ha pedido a las "fuerzas armadas del pueblo" que apoyen a los manifestantes frente a los líderes que tratan de "robar" la revolución popular.
La agrupación ha convocado un rezo multitudinario, coincidiendo con el día sagrado de la semana para los musulmanes, en honor a los que han fallecido en los pasados días en la acampada, incluidos algunos soldados que han protegido a los civiles ante los intentos de las fuerzas de seguridad de desalojarlos.
La Policía y otros cuerpos de seguridad han ejercido la represión violenta durante las protestas, que estallaron el 19 de diciembre de 2018 y en las han muerto decenas de personas, 13 tan solo el jueves por disparos de las "fuerzas del régimen" en todo el país, según un sindicato de médicos opositor.
Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha pedido a las autoridades de Sudán que cooperen con la Corte Penal Internacional (CPI), que reclama desde la pasada década al expresidente sudanés Al Bashir por crímenes de guerra y contra la humanidad durante las rebeliones en la región de Darfur.
Fuentes oficiales de la ONU han expresado también su preocupación por el hecho de que el Ejército de Sudán haya suspendido la Constitución, declarando que "la Constitución contiene importantes protecciones a los derechos". Mientras que la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido a las autoridades que "actúen con arreglo al estado de derecho y las obligaciones internacionales de Sudán".