Jair Bolsonaro ha puesto en marcha su operación “pente-fino (peine fino)” en el primer día laborable de 2019. De un lado, revisará lo realizado en los últimos 60 días por su antecesor Michel Temer. A la vez, comenzará una limpieza sin contemplaciones de los lulistas que se encuentran en la administración pública. Pero, por encima de todo, el primer presidente de ultraderecha en la historia brasileña, quiere dar señales inequívocas de su identidad y su programa político.
“No hay territorio indígena donde no haya minerales. El oro, el estaño y el magnesio se encuentran en estas tierras, especialmente en el Amazonas, la zona más rica del mundo. No me voy a meter en esta tontería de defender la tierra de los indios”, dijo Bolsonaro en sus días de diputado. Ahora se propone actuar en consecuencia. El capitán retirado ha resuelto este miércoles que la Fundación Nacional del Indio (Funai) dejará de delimitar, demarcar e identificar las tierras en manos de 462 reservas indígenas que se extienden a lo largo de un área del 12,2 % de un país de dimensiones continentales.
El “Mito”, como lo llaman sus seguidores, ha decidido por decreto que la nueva responsable de esa tarea será la flamante ministra de Agricultura de Brasil, Tereza Cristina Correa. Se trata nada menos que de una hacendada y ex legisladora que coordinaba la bancada de los propietarios rurales en el Congreso. Correa tiene un antecedente que espanta en especial a los ambientalistas: el año pasado impulsó la aprobación de proyecto que facilita el registro de agro-tóxicos, incluso los considerados de alta peligrosidad. El texto no llegó a ser aprobado, pero en las nuevas condiciones políticas se da por sentado que la ministra en funciones volverá a promoverlo.
Deforestación del Amazonas
Cristina ha afirmado que “simplificará” la tarea de demarcación de tierras indígenas. “Eso no significa precarizar”, ha acotado. La Comisión Pastoral de la Tierra de la Iglesia Católica y organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten una deriva peligrosa de esas palabras, entre otras razones porque la ministra seguramente se inclinará a favor de los grandes terratenientes en las disputas que tienen con algunas comunidades originarias y campesinos sin tierra. Bolsonaro ya advirtió que se terminaron los buenos modales para resolver las controversias.
En 2018 murieron cinco habitantes de esas reservas y con el nuevo Gobierno, temen, todo puede empeorar. Mientras Bolsonaro encabezaba la ceremonia de traspaso de mando, en un lugar recóndito de la selva amazónica, los últimos Kawahiva, una tribu aislada que, según datos del Funai, es integrada por unas pocas personas, debían tener mayores temores sobre su posibilidad de auto preservación. Lo único que saben los especialistas es que están desesperados: los Kawahiva escapan a las motosierras que rugen y se llevan todo a su paso en las inmediaciones de Colniza, en el estado de Mato Grosso, donde tiene lugar la tasa de deforestación más alta de la Amazonia.
La deforestación general en el llamado pulmón del mundo creció un 14% entre 2017 y 2018 y fue la mayor desde 2008. Las cuestiones indígena y de los bosques están ahí conectadas peligrosamente: Cristina manejará el Servicio Forestal Brasileño que tiene como responsabilidad la reforestación en áreas devastadas y las políticas para regular la explotación sustentable de regiones selváticas. Para la ministra, aquellos que predicen desastres ambientales lanzan “acusaciones infundadas”. Bolsonaro ya anunció que pretende dejar el Acuerdo de París que busca limitar la emisión de gases de efecto invernadero.