El Gobierno británico ha perdido, tal y como se esperaba, la apelación sobre el ‘brexit’ que presentó ante el Tribunal Supremo. La más alta instancia judicial del Reino Unido ha determinado, por ocho votos a favor y tres en contra, que es el Parlamento y no el equipo que dirige la primera ministra, Theresa May, quien tiene el poder constitucional y la autoridad legal para activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa, e iniciar así el proceso de salida de la Unión Europea. El veredicto puede complicar el calendario previsto por el Gobierno.
El veredicto ha sido dado a conocer por el presidente del Tribunal Supremo, el juez Lord David Neuberger, en una sesión pública que apenas ha durado cinco minutos. "Cualquier cambio en la ley, para llevar al referéndum a efecto, solo se puede hacer en la única manera permitida por la constitución del Reino Unido. Básicamente, una ley en el Parlamento. Actuar de otra manera sería romper con los principios constitucionales que se remontan a varios siglos”, señaló el magistrado
El Gobierno deberá someter pues el ‘brexit’ a votación en las dos Cámaras del Parlamento y contar con su aprobación, como paso previo para iniciar los
Las claves de la noticia
- Prioyecto de ley Los planes y la agenda del ‘brexit’ no cambian, según los portavoces de Theresa May. El Gobierno introducirá un proyecto de ley simple en el Parlamento, presumiblemente este mismo jueves, para ser tramitado con toda celeridad. “Será una ley lo más simple posible para llevar a efecto la decisión de la gente respetando el juicio del Tribunal Supremo”, ha anunciado Davis .
- La tramitación El proyecto de ley tendrá prioridad especial y pude concluir en el plazo de dos semanas. Varios partidos reclaman más tiempo para presentar enmiendas y discutir diversos puntos. Sin embargo la ley puede quedar aprobada en los Comunes antes del receso a mediados de febrero. Esto daría a la Cámara de los Lores sobrado tiempo para considerarla y aprobarla antes de finales de marzo.
- El voto Es improbable que la activación del 'brexit' sea bloqueada por los diputados. May tiene mayoría, aunque reducida. Los liberales demócratas amenazan con votar contra el artículo 50, a menos que el Gobierno acepte someter a refrendan el resultado de las negociaciones del ‘brexit’. Los diputados del Partido Nacional Escocés (SNP) se opondrán. Los laboristas facilitarán la aprobación.
dos años formales de negociaciones con la UE. En términos prácticos, la sentencia no impedirá que se cumpla el resultado del referéndum. Aunque May posee una estrecha mayoría conservadora en la Cámara de los Comunes, el Partido Laborista, la principal fuerza de oposición, ha prometido no bloquear el proceso de divorcio.
Otra de las cuestiones a determinar era si el 'brexit' debía someterse a votación en las cámaras legislativas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte. En este caso, el Tribunal ha estipulado que no es obligatorio.
CAMINO LEGAL PARA LA SALIDA
Pero el veredicto marca el camino legal para que el país salga de la UE y esa vía requiere de nueva legislación, que puede complicar el calendario de la primera ministra, quien anunció el inicio de las negociaciones para el mes de marzo. El ministro para el ‘brexit’, David Davis hizo este martes una declaración en los Comunes, indicando que se cumplirá el calendario para comenzar las negociaciones formales en marzo.
"En cuestión de días vamos a presentar la legislación que de al Gobierno el poder para activar el Artículo 50", afirmó. Davis advirtió que la tramitación no se convertirá "en un vehículo para desafiar los deseos de la gente, eludir o retrasar el proceso don la Unión Europea".
Los abogados del Gobierno habían argumentado que los ministros podían iniciar el proceso de salida invocando la Prerrogativa Real, una pieza de legislación añeja, que permitía a reyes y reina romper los tratados internacionales. También señalaron que el Parlamento aprobó la legislación para el referéndum, aceptando así todas las implicaciones del resultado, sin reclamar ninguna otra consulta final. Por el contrario, los oponentes entendían que el Gobierno no tenía poder para cambiar la legislación del Reino Unido, y sólo en el Parlamento recae el derecho a eliminar las leyes creadas durante más de 40 años de pertenencia a la UE.
En noviembre, el Tribunal Superior falló en contra del Gobierno, que presentó recurso. Sus 11 miembros estudiaron durante cuatro días en diciembre el veredicto, que ahora han ratificado de manera definitiva. Aquella primera sentencia provocó la ira de los defensores del ‘brexit’ quienes interpretaron el fallo como una violación de los deseos expresados por el 52% de los británicos que votaron por la salida en el referéndum el pasado 23 de junio. Los tres jueces del Tribunal Superior fueron calificados por el diario ultraconservador,' Daily Mail', como “enemigos del pueblo”.
LOS DEMANDANTES, AMENAZADOS DE MUERTE
La gestora de inversiones que presentó la demanda, Gina Miller, junto al peluquero Deir Tozetti Dos Santos, ha recibido amenazas de muerte y lleva guardaespaldas. "No hay duda de que el 'brexit' es el asunto más divisorio de esta generación, pero este es un proceso de carácter legal y no político", señaló Miller tras conocer la sentencia. También añadió sentirse sorprendida por las amenazas e insultos racistas que ha recibido.