Portada

Actualidad

Deportes

Cultura

Extra

Entre todos

Vídeos

Servicios

El Congreso complica la política antiterrorista de Obama

La aprobación de la ley para juzgar a Arabia Saudí por el 11-S agrava la crisis con el país arabe

Captura de televisión del resultado de la votación en el Senado, contraria al veto de Obama, el miércoles. / AP

La ley se ha descrito como bienintencionada, pero sus consecuencias son impredecibles. Esta misma semana, el Congreso de Estados Unidos revocó el veto del presidente Barack Obama a una ley que permitirá a los familiares de las víctimas del 11-S demandar a Arabia Saudí por su posible implicación en los atentados terroristas. La nueva normativa genera escalofríos en el aparato de seguridad estadounidense, que teme que otros países adopten leyes semejantes que pondrían a merced de los tribunales las operaciones militares estadounidenses en el extranjero. A esa preocupación se añaden las amenazas veladas que llegan desde Riad. Sus lobistas en Washington han advertido que la ley tendrá consecuencias económicas para EE UU.

La ley de Justicia contra los Promotores del Terrorismo, como ha sido bautizada, fue promovida por los familiares del 11-S, pero no se circunscribe a los atentados de Al Qaeda de hace 15 años y ni siquiera menciona a Arabia Saudí en el texto. Lo que hace es crear excepciones al concepto de inmunidad de jurisdicción de los Estados, la doctrina que impide que un país y sus diplomáticos puedan ser juzgados en tribunales extranjeros. En EEUU, hasta ahora, las únicas excepciones afectaban a IránSiria y Sudán, los tres países designados como patrocinadores del terrorismo. Pero con la reforma aprobada el miércoles, cualquier gobierno sospechoso de dar apoyo material a un atentado en “suelo estadounidense” podría ser demandado.

“Es un precedente peligroso”, dijo Obama el miércoles, horas después de que dos tercios de los legisladores en las dos cámaras del Congreso convirtieran su veto en papel mojado, la primera vez que sucede durante su presidencia. “Mi preocupación no tiene nada que ver con Arabia Saudí en sí mismo o con mi simpatía hacia las familias del 11-S, sino con el deseo de evitar que nos pidan responsabilidades legales por el trabajo que hacemos en el mundo”. Su portavoz fue más tajante: “Ningún país tiene tanto que perder con estas excepciones como EE UU”.

DE GUANTÁNAMO A ABU GHRAIB

La lista de causas que se podrían perseguir incluye desde las detenciones en Guantánamo, a la tortura en Abu Ghraib, las muertes de civiles bombardeados por los drones o cualquier desliz en las operaciones militares y de inteligencia que EEUU conduce en decenas de países. “No creo que vaya a poner en peligro nuestras operaciones, pero abre la posibilidad de que otros países adopten represalias”, dice a este diario el exembajador estadounidense en Qatar Chase Untermeyer. “Lo más probable es que sean demandas penales contra nuestros militares y funcionarios civiles por violar las leyes locales”.

La decisión del Capitolio ha puesto de relieve la creciente desafección en Washington hacia Arabia Saudí, el más antiguo y cercano de sus aliados árabes. Primero fue Obama quien le dio la espalda al firmar el acuerdo nuclear con Irán, y ahora es el Congreso. La semana pasada un grupo de legisladores trató de bloquear la venta de tanques y vehículos blindados al régimen de los Saud, que lidera uno de los bandos de la guerra en Yemen. “Si quieres de verdad frenar el flujo de extremistas reclutados en todo el mundo, tienes que ser serio y reconocer que la rama del islam que Arabia Saudí exporta es parte del problema”, dijo el senador demócrata Chris Murphy, uno de los promotores de la iniciativa. El acuerdo, por valor de 1.150 millones de dólares, acabó materializándose pero pocos niegan que la relación está en crisis. 

AMENAZA DE LOS LOBISTAS

Al igual que hizo la Administración Obama, los saudís utilizaron todo su arsenal político para frenar al Congreso. El pasado mes de abril, su ministro de Exteriores, Adel al-Jubeir, amagó con vender los 750.000 millones de dólares, entre bonos del Tesoro y activos, que su país tiene en EEUU si la ley se aprobaba. Y en los últimos meses sus lobistas en Washington advirtieron a los legisladores que los intereses de las compañías estadounidenses en el Golfo podrían verse afectados, según publicó Politico. En su campaña de presión alistaron a varias de las multinacionales que operan en la región, como General Electric, Boeing, Dow Chemical o Chevron.

Riad siempre ha negado su implicación en los atentados y la Comisión del 11-S concluyó que “no hay pruebas de que el Gobierno saudí como institución o sus funcionarios financiaran individualmente” a Al Qaeda. Mucho menos claro lo tienen los 9.000 afectados por los atentados del 11-S. 15 de los 19 terroristas eran saudís y el informe de la Comisión apuntaba a ciertas conexiones con individuos cercanos al gobierno. Por el momento, la reacción oficial del reino wahabí ha sido muy comedida, pero los expertos no descartan que adopte medidas punitivas junto a sus socios del Consejo de Cooperación del Golfo, como trabas para acceder a las bases de la región o una menor cooperación en temas de terrorismo.

“Yo creo que cuando los ánimos se calmen, la sangre no llegará al río”, dice Untermeyer. “Me parece poco probable que Riad desinvierta de EE UU porque es un buen lugar para invertir y no beneficiaría a sus intereses. Lo normal en estos casos es adoptar medidas equivalentes, es decir, que se enmiende la inmunidad de jurisdicción de los Estados en Arabia Saudí”.  

Outbrain