El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasan, expresó su “decepción” por  la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía que había aprobado la Asamblea Nacional (AN), bajo control opositor.

“El Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos”, dijo desde Ginebra.

De inmediato le respondió por Twitter la canciller venezolana, Delcy Rodríguez: “El Alto Comisionado de la ONU refuerza la impunidad de la derecha venezolana para acometer acciones insurreccionales contra el Estado constitucional de derecho”. Según Rodríguez, “grupos terroristas y violentos que azotan regiones en el mundo se ven favorecidos por la visión del Alto Comisionado en materia de amnistía”. 

El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también había apoyado la ley que el TSJ desechó por unanimidad. La Mesa de Unidad Democrática (MUD) expresó indignación pero no sorpresa: el dictamen fue previsible desde que Nicolás Maduro le pidió al TSJ que se pronunciara sobre la norma. El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, calificó de “zánganos y zánganas” a los magistrados por su dictamen.

El Tribunal usó palabras que bien podrían haber partido de la boca del presidente Maduro, quien sostiene que la MUD busca sacar de la cárcel sin castigo a los promotores de los sucesos de febrero del 2013, que el Gobierno califica de golpistas.

Entre los opositores detenidos que se habrían beneficiado con esta ley se encuentran el exalcalde del municipio de Chacao, Leopoldo López, y Antonio Ledezma. La iniciativa opositora, sostuvo el Tribunal, “desconoce que Venezuela es un Estado democrático y social de derecho y de justicia” y “se aparta de los fines constitucionalmente establecidos en los artículos 1, 2 y 3” de la Carta Magna.

Según los jueces, “si se legitima la violencia política renunciamos a la propia integridad democrática”. La amnistía, añade, no puede ser “una suerte de impunidad para los transgresores de derechos humanos”.

COMISIÓN POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

El Gobierno anunció a su vez que en las próximas horas comenzará a funcionar una comisión por la verdad y la justicia que analizará lo ocurrido tres años atrás con el apoyo de la UNASUR. Maduro, por otra parte, dijo que el rechazo a la ley ha quedado expresado en las miles de firmas de los venezolanos que dijeron “no a la impunidad”. Los adversarios pusieron en duda la legitimidad de esas adhesiones.

“La declaratoria de inconstitucionalidad de la ley ratifica lo inconstitucional del TSJ. No descansaremos”, advirtió la diputada de la MUD, Delsa Solórzano. Para Henrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, “la gran mayoría de los venezolanos sentimos vergüenza por el Tribunal. Hoy más que nunca lograr amnistía depende del revocatorio”. 

La principal apuesta política de la MUD pasa por lograr que se convoque una consulta popular para que la sociedad decida si quiere que Maduro siga en la presidencia. Por el momento, la justicia electoral no le ha facilitado ese camino. Jesús Torrealba, uno de los principales dirigentes de ese sector, opina que “el revocatorio” será posible si crece la movilización del antichavismo.