La diversidad de legislaciones nacionales y de sistemas de asilo en la Unión Europea (UE) cuestionan el objetivo común de garantizar condiciones de vida dignas e igualitarias a los refugiados que llegan al Viejo Continente. Derechos básicos como la salud, la educación o el trabajo están claramente en entredicho. Las limitaciones y restricciones impuestas convierten a los solicitantes de asilo en ciudadanos de segunda.
ESPAÑA
Medio año para poder aspirar a un empleo
España, recientemente amonestada por la UE por no haber adoptado la directiva de condiciones de acogida, asegura a los solicitantes de asilo el acceso a la sanidad pública, la educación y al mercado laboral. En la práctica, sin embargo, la tarjeta sanitaria no garantiza, por desconocimiento, una atención adecuada. El permiso de trabajo, obtenido a los seis meses y vinculado a un documento provisional, no otorga confianza suficiente a los empresarios, que difícilmente contratan a refugiados. Estos, mientras esperan la resolución de su solicitud, que puede tardar dos o tres años, tienen libertad de circulación por todo el territorio español. Con el estatuto concedido, pueden viajar por la UE durante un período máximo de tres meses.
FRANCIA
Falta de recursos en la educación infantil
Los refugiados son alojados principalmente en centros públicos y tienen libertad de movimiento. Al solicitar el asilo se les asigna una ayuda económica básica, superior si se alojan por su cuenta. La reforma en marcha prevé unificar este subsidio, que quedará establecido en función de la situación personal. Los solicitantes tienen derecho a asistencia médica, empleo (con la reforma, tras nueve meses de espera) y a la educación obligatoria. Pese a ello, las trabas burocráticas (exigencia de un permiso de trabajo tras una oferta laboral previa) hacen que el acceso al mercado laboral sea muy limitado. En el caso educativo, la falta de recursos impide la integración efectiva de los niños refugiados. En algunos casos, la enseñanza del francés depende de la disponibilidad del personal voluntario.
ALEMANIA
Ayudas sociales como los autóctonos
El sistema alemán garantiza a los solicitantes de asilo ayudas equiparables a las que reciben los autóctonos. Por ley, además de dinero en efectivo, los refugiados en centros de acogida tienen cubiertas sus necesidades básicas (alojamiento, comida, ropa, higiene...). El sistema distingue tres tipos de centros (inicial, colectivo y descentralizado). Los menores no acompañados son dirigidos a centros especializados. Todos tienen libertad de circulación, restringida durante tres meses, en los que deben pedir autorización oficial para viajar. Tres meses son también el límite para poder acceder legalmente al mercado laboral. Pero también con restricciones: antes deben pedir un permiso que solo se da aportando una oferta laboral detallada. Al cabo de 12 meses, la ley obliga al empleador a una «revisión de prioridad» para determinar si aspirantes alemanes o extranjeros con residencia legal podrían ocupar el puesto. Este examen no se aplica tras una estancia de 15 meses en Alemania, tiempo estipulado para alcanzar el mismo nivel de prestaciones que cualquier ciudadano alemán, incluyendo el acceso completo a la sanidad.
REINO UNIDO
Apoyo y prestaciones insuficientes
En Gran Bretaña, los solicitantes de asilo solo tienen garantizada una ayuda oficial en forma de alojamiento y dinero efectivo si se les considera indigentes y se comprueba que no tienen capacidad alguna de cubrir sus necesidades básicas. La ayuda puede ser retirada por ley excepto a las familias con niños. En cualquier caso, se trata de una prestación claramente insuficiente, y muy lejos en su cuantía de la que reciben los indigentes británicos. En concreto, un refugiado adulto de más de 25 años recibe el 52% de lo que percibe un británico. Solo para los menores de 16 años la ayuda supera en más del 70% la media nacional, medida que se impuso para frenar la pobreza infantil. Tras un período inicial, la acogida se lleva a cabo sobre todo en casas particulares, gestionadas por empresas contratadas por el Gobierno o subcontratadas por estas.
SUECIA
Solidaridad y ventajas desde el primer día
El modelo sueco de acogida está basado en el principio de solidaridad según el cual cualquier municipio está disponible para alojar a solicitantes de asilo, beneficiarios desde el primer día de todas las ventajas del Estado del bienestar. Los refugiados pueden elegir entre un centro de acogida o un apartamento. Las ayudas varían en función del alojamiento y de la tipología familiar, y cubren las necesidades de comida, ropa, medicamentos y actividades de ocio, entre otras. Aún así, son notablemente inferiores, casi en un 50%, a las que reciben los ciudadanos suecos. La ley permite reducir las ayudas, pero no retirarlas, y exime a los refugiados de la necesidad de obtener un permiso laboral para trabajar. Los niños tienen pleno acceso a la educación e incluso el derecho, según las circunstancias, de recibir clases en su lengua materna.
HUNGRÍA
Acceso restringido al mercado laboral
En Hungría, los refugiados reciben alojamiento, ayuda para gastos básicos y comida, aunque solo en los centros de acogida. El dinero de bolsillo asignado es muy inferior a la pensión mínima de los jubilados húngaros (25%) o de los indigentes (10%). Equivale así a 9,5 y 24 euros al mes, cantidades extremadamente bajas en relación al nivel de vida en Hungría. El acceso al trabajo está severamente restringido, ya que los refugiados solo pueden ocupar puestos no disponibles para los ciudadanos húngaros o de la UE. En la práctica, además, se añaden las dificultades derivadas del alto índice de paro en Hungría, el desconocimiento de la lengua local y la falta de reconocimiento oficial de los diplomas y certificados extranjeros.