El Gobierno griego de Syriza cumple hoy un mes sin haber cerrado un acuerdo para recibir una ayuda financiera cada vez más crucial. La negociación con los acreedores internacionales no ha dado ni un respiro al gobierno encabezado por Alexis Tsipras, retrasando-cuando no aplazando indefinidamente- la aplicación de gran parte de su programa.
Pero pese a todas las promesas incumplidas, los griegos, no obstante, siguen calificando la gestión del Ejecutivo de «satisfactoria». Las encuestas recientes le otorgan a Syriza un 35'6% de la intención de voto -repitiendo prácticamente el resultado de los comicios de enero-, con casi 15 puntos de ventaja sobre su contrincante, la conservadora Nueva Democracia. El primer ministro es el líder político mejor valorado, con un apoyo de entre el 60% y el 70% de los griegos. Pero aún así, la esperanza que generó el nuevo Gobierno ya ha empezado a dar paso a sentimientos de preocupación y frustración.
SIGNOS DE DISGUSTO / «Estamos en el momento en el que en las encuestas empiezan a manifestarse desacuerdos y pensamientos negativos con respecto al Gobierno», señala el analista político Kostas Pieridis. La euforia postelectoral suele durar 2 o 3 meses, por lo que la pérdida de apoyo es un fenómeno natural, explica a este diario. «El retraso en el acuerdo también es un motivo importante para que comiencen a aparecer signos de disgusto», matiza.
«Tsipras es buen chico, pero no tiene margen, la troika [de acreedores] no le va a dejar hacer nada» comenta con resignación Andonis, un autónomo de mediana edad. Durante los últimos tres meses, las negociaciones para la extensión de la ayuda financiera a Grecia -que el Gobierno insiste en separar por completo del concepto de rescate- han avanzado a paso de tortuga. Verbalmente, el Ejecutivo no ha retrocedido de su línea roja -la oposición a las políticas de austeridad- pero ha hecho importantes concesiones en materias como las privatizaciones -que quería paralizar- o los objetivos fiscales, aplazando la discusión sobre una quita o una moratoria de la deuda, en un difícil equilibrio para complacer a Bruselas sin traicionar sus principios y promesas.
La prometida subida gradual del salario mínimo hasta los 750 euros, la reintroducción de los convenios colectivos y la reinstauración de la 13ª paga de las pensiones están entre las medidas pendientes y cuyo retraso se debe la oposición de los socios europeos. La necesidad de consolidación fiscal también ha llevado a barajar una subida del IVA o el mantenimiento, un año más, del odiado impuesto sobre la propiedad que Syriza se había comprometido a reformar.
PALIATIVOS A LA CRISIS / Pero también hay promesas cumplidas; la primera ley aprobada por el nuevo Parlamento fue la encaminada a combatir la «crisis humana», proporcionando ayudas a la alimentación, la vivienda y el suministro eléctrico por valor de unos 200 millones de euros, una cantidad bastante más modesta que los 2.000 proyectados. Con la oposición de los acreedores, se aprobó la reapertura de la televisión pública y la recontratación de 3.900 funcionarios despedidos. Un proyecto de ley para reimplantar la sanidad universal está en camino.
Pero todas estas medidas con un coste económico pueden verse bloqueadas en tanto que no se resuelva el problema de liquidez que atenaza al país. El combate contra la corrupción y la evasión fiscal -con el que el Ejecutivo esperaba recaudar hasta 3.000 millones de euros en los primeros meses-, así como las medidas para facilitar el pago de deudas a la Administración, están dando fruto, aunque con más lentitud de lo esperado. De momento, ni siquiera los recursos de urgencia-como los recientes préstamos forzosos de entidades públicas- han permitido al Gobierno cerrar el agujero ocasionado por los vencimientos de la deuda. Más de 3.000 millones de euros han abandonado las arcas públicas en lo que va de año solo en pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno baraja ahora una amnistía fiscal y un diario griego anunció ayer la creación de una tasa a la retirada en efectivo, aunque luego retiró la información.
«Existen indicios de que el Gobierno quiere aplicar por lo menos la mayoría de los puntos más importantes», comenta Pieridis. «No es que se hayan dado de bruces con la realidad. Sabían muy bien cual era la situación económica, pero esperaban un acuerdo más sencillo y rápido», conjetura. El propio Tsipras admitió hace muy poco que su equivocación fue no reconocer desde el principio que Grecia necesitaba los 7.200 millones de euros pendientes del último tramo del rescate.
La caja griega está prácticamente vacía y Grecia debe devolver a sus acreedores 1.000 millones de euros durante el mes de mayo. El programa de ayuda financiera a Grecia vence además el 30 de junio y todo el mundo reconoce que el país no podrá seguir adelante sin un nuevo paquete de asistencia.