«Cuando estoy en casa, todavía oigo los gritos de la gente pidiéndome ayuda y vengo aquí para ver si puedo salvarles». Habla Akhi, de 19 años, y lo hace sobre una pila de escombros. Son los restos de lo que en su día fue el Rana Plaza, la fábrica textil cuyo derrumbe acabó con la vida de 1.130 personas e hirió a otras 2.000 en abril del año pasado en Savar, a las afueras de Dacca, la capital de Bangladés.
Akhi, que aquel día fue a trabajar sin el consentimiento de su madre, pudo sobrevivir al desastre. Se encontraba en la tercera planta, cosiendo para marcas occidentales, cuando todo se vino abajo. «Afortunadamente encontré una pequeña ventana por la que salté, aunque fuera me desmayé», cuenta como si hubiese ocurrido ayer. Antes de salir, en mitad del caos, esta joven bangladesí salvó a dos compañeros. Shimu, también de 19 años, es lo único que recuerda. «Le debo la vida a mi amiga», reconoce tímida. «Muchas noches tengo pesadillas», añade.
Ni Akhi ni Shimu tienen trabajo hoy en día, como la mayoría de víctimas del desastre. Casi un año después, quienes sí trabajan en el textil bangladesí -más de cuatro millones, el 85% mujeres- saborean ciertas mejoras en sus condiciones laborales, aunque reconocen que el camino es largo. «Llevará tiempo», afirma Babul Akhter, presidente del Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS). El Gobierno aumentó el salario mínimo a casi 50 euros al mes, un incremento del 77%, pero sigue entre los más bajos del mundo (0,25 euros la hora). Los trabajadores aseguran que es insuficiente porque los precios suben a mayor velocidad. Los horarios continúan como siempre: en la práctica las jornadas, con las horas extras, son de más de 12 horas.
«Si el trabajador se niega a hacer horas extras, lo más normal es que el responsable le obligue con amenazas», critica el sindicalista en su oficina de Dacca. Pero ese poder del empresario sobre las costureras está dejando de ser absoluto. El Parlamento se vio obligado a ceder y cambió la ley laboral. Los sindicatos gozan hoy de mayor libertad tras años de persecución. «Esperemos que sea el comienzo de unos verdaderos derechos laborales», reconoce Akhter. No obstante, son muchos los patronos que continúan negándose a que sus empleados estén afiliados.
Por otro lado, está en marcha el acuerdo que firmaron más de 150 grandes compañías con los sindicatos. Las inspecciones de unas 1.700 fábricas terminarán en septiembre y determinarán si se cumplen los requisitos mínimos para poder trabajar en ellas. De un total de unas 5.000 fábricas del país asiático, «la mitad tienen buenas condiciones de seguridad para trabajar a salvo, pero la otra mitad no tienen escaleras de emergencia o están ubicadas en edificios sin terminar», afirma Rosaline Costa, directora ejecutiva de Hotline Human Rights Bangladesh.
Algunas firmas occidentales también se comprometieron al pago de una compensación a las víctimas. El total necesario se cifra en 35 millones de euros. Akhi y Shimu han recibido 422 euros cada una, aunque la mayoría no puede decir lo mismo. Ropa Limpia acaba de iniciar una campaña para exigir a las marcas que paguen las indemnizaciones antes del primer aniversario de la tragedia.
«Los esfuerzos para compensar a las víctimas han sido aleatorios, desiguales, impredecibles y no transparentes, y han dejado a grandes grupos de víctimas sin nada. Se necesita que las compañías paguen», reclama Ineke Zeldenrust, una de las impulsoras de esta iniciativa.
Alzar la voz
Para la oenegé Human Rights
Watch, las mejoras son insuficientes. «A pesar de las promesas, el Gobierno no logró mejorar las condiciones de los trabajadores de la confección», asegura en su informe anual. Las medidas «quedaron muy por debajo de las normas internacionales», añade.
Poco a poco, las costureras van conociendo sus derechos y se plantan cuando no se cumplen. Además de un sueldo digno, exigen que esté la puerta abierta mientras cosen o que se respeten sus días de descanso.
«He venido a trabajar, no a morir», dicen ahora. «Así que los empresarios a veces acaban cediendo», afirma Akhter, recordando la ola de huelgas que han protagonizado las mujeres del textil bangladesí en el último año. Los empleados, cautelosos porque siguen sufriendo abusos, creen que este es el principio de un cambio.