Los franceses no ceden y endurecen el pulso al Gobierno

Vuelta a la calle. La sexta jornada de movilización contra la reforma de las pensiones mantuvo ayer el pulso que libran los franceses con su presidente, Nicolas Sarkozy, desde principios de septiembre. Sindicalistas, oposición y estudiantes salieron de nuevo a la calle masivamente -1,1 millones según el Gobierno y 3,5 según los agentes sociales- en 277 ciudades de todo el país. Una nueva demostración de fuerza que empieza a sobrepasar a los sindicatos. Mientras el jefe del Estado se mantiene inflexible, la violencia se desborda y aumenta y los efectos del bloqueo de las refinerías -penuria de carburante y riesgo de colapso industrial- ponen en peligro el apoyo popular a la movilización.

Sarkozy ha hecho de la aprobación de la reforma que alarga de los 60 a los 62 años la edad legal de la jubilación una cuestión personal. Si cede, su autoridad como presidente quedará herida de muerte, así como su credibilidad ante el electorado conservador. Igualmente letal puede ser la reacción de los mercados ante una marcha atrás que afectaría a las endeudadas arcas del Estado. La situación ha llegado, pues, a un punto en que prácticamente se juega la reelección.

«Comprendo la inquietud. En una democracia cada uno puede expresarse pero debe hacerse sin violencia, mi responsabilidad es garantizar el orden y garantizar la distribución de carburante para que todos los que quieran puedan ir a trabajar», manifestó solemne el presidente tras el encuentro que mantuvo en Deauville con la cancillera alemana, Angela Merkel y el presidente de Rusia, Dimitri Medvédev.

Por la tarde, a su regreso a París, Sarkozy presidió una reunión del gabinete de crisis del Gobierno para poner en marcha el dispositivo que debe permitir la distribución del carburante almacenado en los depósitos, bloqueados por los huelguistas. Las 12 refinerías del país se mantenían ayer paradas, pero algunos trabajadores fueron requeridos para garantizar el suministro a las gasolineras.

COLAS KILÓMETRICAS / Aunque el Gobierno negó que hubiera penuria -solo admitió dificultades-, 2.750 de las 12.500 estaciones de servicio de Francia se quedaron sin reservas. En París, las colas para llenar el depósito en las gasolineras abiertas eran kilométricas. El primer ministro, François Fillon, advirtió que no se tolerará que «los ciudadanos sean tomados como rehenes», y garantizó que la situación volverá a la normalidad dentro de 4 o 5 días. Los empresarios han dado la señal de alarma ante el riesgo de colapso industrial.

Mientras el seguimiento de la huelga aumentaba entre los estudiantes -una decena de universidades se sumaron a los cerca de 400 institutos cerrados- y los camioneros, en otros sectores emblemáticos los trabajadores dieron signos de desfallecimiento en relación al paro de la semana anterior. Los profesores, con un seguimiento del 14%, y los ferroviarios, cuya adhesión se cifró en un 30%, empiezan a acusar la pérdida de salario tras seis días de huelga. Los aeropuertos, por su parte, mantuvieron el pulso. El 30% de los vuelos del Charles de Gaulle fueron anulados y en Orly las supresiones alcanzaron el 50%.

La estrategia del presidente consiste en no perder los nervios y confiar en que los sindicatos pierdan el control de la situación y se dividan. También espera que el inicio de las vacaciones de otoño, que empiezan el fin de semana que viene, contribuya a desactivar el movimiento estudiantil.

De hecho, los sindicatos se encuentran atrapados entre la radicalización de una parte sus bases y de los estudiantes, que exigen la retirada pura y dura del proyecto, y la necesidad de buscar de una salida al conflicto antes de que la protesta pierda fuelle y apoyo. Según los sondeos, uno de cada seis franceses simpatiza con una movilización que cataliza el malestar general contra la política de Sarkozy.

Sin embargo, no está claro que estos mismos ciudadanos vean la lucha con tan buenos ojos si la violencia -ocasionada por la irrupción de bandas de delincuentes en las manifestaciones estudiantiles- o su vida cotidiana se ve muy perturbada.

«Llamo a la calma, a no ceder a la violencia, si este movimiento es popular es porque es pacífico», advirtió François Chéreque, secretario general de la CGT, la central más moderada. Este sindicato apuesta por renegociar el texto de la reforma, que deberá ser aprobada por el Senado en los próximos días. La votación, prevista para hoy, ha tenido que ser aplazada ante el alud de enmiendas presentadas por la oposición.

La dirección del Partido Socialista (PS), que desfiló en pleno por París, reclama la renegociación del texto para que la reforma sea «más justa y eficaz». La primera secretaria del PS, Martine Aubry, lamentó que el Gobierno responda a esta «mano tendida» con «el menosprecio». Pero Sarkozy no da su brazo a torcer y se muestra dispuesto a mantener el pulso contra viento y marea. ¿Hasta cuándo?