El proceso judicial contra Shakira por presuntamente defraudar a Hacienda 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014 se alarga. El juzgado que está investigando el caso ha encargado a la Agencia Tributaria, a petición de la Abogacía del Estado, un nuevo informe (será el segundo que redacta este organismo) sobre la situación tributaria de la cantante y, sobre todo, para que los inspectores detallen si la artista, como sostiene la fiscalía, estuvo más de la mitad de cada año más un día en España, es decir, 184 días, el mínimo para ser considerado residente fiscal y tener la obligación de pagar los impuestos en nuestro país. El dictamen que en su día elaboró la Agencia Tributaria y el presentado por la defensa difieren y de ahí la petición de un nuevo análisis aclaratorio. La artista se declaró oficialmente residente en España en 2015.