En el escenario de la apertura del año judicial cabe recordar que el Ministerio Fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica. El mandato constitucional y el compromiso institucional vienen concernidos a promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y salvaguardar el interés general. El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas es una incontrovertible realidad criminal. Es patente el profundo malestar de la ciudadanía ante la timorata, dubitativa y deficiente respuesta de los poderes públicos.
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La Fiscalía, como ha anunciado, debe cuanto antes dictar una Instrucción que unifique criterio de actuación ante la okupación. No es admisible que en Valencia o Baleares los Fiscales impartan instrucciones en orden a la inmediata recuperación de la posesión con el desalojo de los okupas mientras que en otras Comunidades Autónomas se dispense un trato distinto .No caben respuestas dispares ni tratamientos discriminatorios. La ocupación ilegal de viviendas constituye una lacra que genera inseguridad, perjudica el mercado de alquiler, degrada el entorno y altera la convivencia social. La Fiscalía ha empeñado su palabra.