Cuando Fernando Simón predijo que en España habría pocos casos y serían leves y que dejaría que su hijo fuera a la manifestación del 8-M ya le tendrían que haber cesado. Cuando el ministro Salvador Illa asumió la compra centralizada de material sanitario y no fue capaz de aprovisionar a la sanidad, debería haber presentado la dimisión.
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Los más de 50.000 sanitarios contagiados por falta de medidas de seguridad, a cualquier empresa, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, le habrían costado el cierre. Y en cualquier país occidental estas cifras habrían hecho saltar en mil pedazos el Gobierno. Aquí tenemos que aguantar manipulaciones y mentiras como no aconsejar las mascarillas porque no se pudieron comprar, contraviniendo cualquier principo de ética profesional. La gestión ha sido desastrosa.