Hace más de un año, algunas fuerzas políticas, entre ellas el socio de coalición del Gobierno, estaban buscando el momento oportuno para una reforma del delito de sedición del Código Penal. Ahora ha llegado el momento de presionar al presidente del Gobierno, cara a los Presupuestos generales del Estado y la proximidad electoral.
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El presidente Sánchez, acostumbrado a tomar decisiones, algunas unilaterales, no tiene reparo en pactar con quien sea para asegurarse los presupuestos y la futura gobernabilidad. Ahora no se limita a una reforma, va mas allá, se compromete a derogar el delito de sedición. Su derogación perjudica nuestra Constitución, al Estado de derecho y las libertades democráticas de los ciudadanos. Es obvio que esta derogación beneficia a un grupo determinado de personas, que, en su momento, incumplieron la legalidad vigente y vulneraron gravemente nuestro sistema constitucional.
Por si fuera insuficiente, ahora, a petición del mismo partido que le está presionando, quieren reformar el delito de malversación. Todas estas reformas destruyen el Estado de derecho.