El principio de autoridad de los profesores se ha ido diluyendo hasta llegar incluso a ponerse en entredicho. Algunos docentes sufren episodios de hostigamiento e incluso de violencia. La función educativa es fundamental en cualquier sociedad. Según el borrador de la ley de enseñanza, los padres tendrán derecho a revisar los exámenes referidos a las calificaciones de sus hijos menores de edad. Nadie pone en duda que los padres deben participar, implicarse y apoyar a los maestros en el delicado y complejo proceso educativo, ejerciendo una labor corresponsable. La intolerancia a la frustración de los menores, la indulgencia de los padres, la permisividad se atribuyen a una sobrepotección excesiva, al propiciar niños en exceso mimados y consentidos. No parece conveniente que también se sobreproteja a los alumnos dando pábulo a lo de "Es que el profesor me tiene manía" como socorrido pretexto cuando el niño trae malas notas o suspensos. No resulta acertado que se cuestione la capacidad e idoneidad de los docentes mediante un control parental que vaya a relegar a la inspección académica y, a su vez, a interferir en la autoridad de los maestros. Potenciar las tutorías y la comunicación entre profesores y padres es contribuir a esa indispensable interrelación que redundará en beneficio del alumno.
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